“Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos. Si los fiscales públicos no están preparados voluntariamente para adoptar tal política en este momento, entonces el parlamento debiera promulgar la legislación necesaria para obligarlos a hacerlo, y se debiera asegurar que se realice con urgencia este cambio en la práctica procesal”.
Estas conclusiones son parte del Informe de visita a Chile del Relator ONU Ben Emerson en Julio del 2013, y se trata precisamente de la demanda de los comuneros mapuche en huelga de hambre desde el 7 de abril. Son Luis Marileo, Leonardo Quijón y Cristian Levinao, todos condenados en virtud del testimonio de testigos secretos. Luis y Leonardo están acusados de robo con homicidio al parcelero Héctor Gallardo en el sector Chekenko en septiembre de 2012, Cristian acusado de robo con violencia a un parcelero en el cercano sector Chiwaiwe en junio del mismo año. Los 3 han reclamado su inocencia en estas causas, responsabilizando al controvertido Fiscal Luis Chamorro de imputarles estos delitos que no se justifican en el contexto de reclamación de tierras, como un modo de deslegitimar el movimiento mapuche y encarcelar a quienes llevan adelante los procesos de reivindicación. Es reconocido en la zona que el fiscal Chamorro ha utilizado insistentemente la herramienta de los testigos secretos con este fin.
En estas causas el Ministerio del Interior fue representado por un abogado querellante propio, legitimando así la utilización de los testigos secretos. Al inicio de este Gobierno, el abogado querellante fue destituido, pero el Estado debe asumir el daño causado y acoger la demanda de los huelguistas.
Más aún, el Gobierno insistentemente ha dicho que no utilizará la ley antiterrorista en el conflicto territorial mapuche, y así recalificó las denuncias en varias causas en las que no hay imputados. Sin embargo en las causas contra Emilio Berkhoff, el Gobierno sí está utilizando actualmente disposiciones de la ley antiterrorista. El abogado querellante en representación del Ministerio del Interior ha avalado durante toda la investigación la figura de los testigos secretos, única “prueba” con la que se le tiene preso.
El motivo del Relator ONU sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo es que “el uso de los testigos protegidos coloca a la defensa en seria desventaja durante el juicio”. Considera grave que en la legislación chilena no exista una disposición que impida al tribunal basar su condena solamente en base a estos testimonios, y “tal vez más grave aún es que no existe (en la ley chilena) obligación específica para el fiscal de investigar la credibilidad de un testigo protegido”. Denuncia además el relator que “el uso de testigos protegidos como base única y decisiva para una condena ha sido usual… existe por tanto un riesgo obvio de injusticia procesal, el cual conlleva la sombra de un error judicial”.
Incluso denuncia el Relator un caso en que la Corte Suprema ha logrado certificar el hecho de que fiscales han otorgado beneficios a testigos secretos a cambio de testimonio. Esta práctica ha sido constantemente denunciada desde el movimiento mapuche en distintas causas. Por último, dice el Relator que no tiene sentido en los procesos mapuche usar testigos secretos, pues “la comunidad invariablemente puede identificar al testigo en base al conocimiento local”. Por lo tanto no se cumple el supuesto objetivo de proteger al supuesto testigo, sino solamente se logra disminuir el derecho a una defensa adecuada.
Bachelet solamente promete “no invocar la ley antiterrorista”, afirmación que es sumamente ambigua en este contexto, pues la realidad que tenemos es que se usan los testigos secretos sin invocar la ley antiterrorista. El Relator ONU, en cambio es más claro al referirse en concreto a los mecanismos propios de esta ley.
Las declaraciones del Relator ONU dan legitimidad internacional a la demanda de los weichafe de que el Estado de Chile busque un mecanismo para revisar sus condenas, denunciando el modo ilegítimo en que han sido condenados. Esto podría hacerse a través de una ley especial, pero es necesario que se asegure que los testigos secretos no se seguirán usando contra el movimiento mapuche. De lo contrario la promesa de Bachelet de no utilizar la ley antiterrorista se queda sin contenido y pierde su sentido. Esta huelga de hambre, por lo tanto, no es sino una puesta a prueba de la promesa de Bachelet, una bajada a los casos concretos tal como se están dando en la realidad.
La decisión con que los weichafe han emprendido la huelga de hambre hace prever que no será como las largas huelgas anteriores. En 25 días han bajado más de 10 kilos (Marileo 15 kilos), y Leonardo, que ya está pesando 47 kilos, ha tenido que ser trasladado en 3 ocasiones al hospital. Todos tienen entre 3 y 4 huelgas de hambre en el cuerpo, la última incluyendo 3 días de huelga seca en la cárcel de Temuco en octubre del 2012, logrando así rápidamente su traslado a Angol.
Los weichafe además exigen, mientras se revisan sus condenas, ser trasladados inmediatamente al Centro de Estudio y Trabajo (CET), de manera de poder practicar cabalmente su cultura. Tal exigencia no es un capricho, sino que es un derecho. El estar privado de libertad no puede convertirse además en una privación de la posibilidad de practicar la propia cultura. La cárcel es una institución wingka, no mapuche. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser juzgados, y eventualmente sancionados, bajo sus propias leyes y costumbres. Esto lo entiende el Convenio 169 al declarar en su artículo 10 que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Así, siendo tan esencial a la cultura mapuche la relación con la tierra, los jóvenes exigen ser trasladados al CET donde pueden trabajar la tierra, practicar su cultura en relación con ésta y sus ceremonias y rogativas adecuadamente, no en el cemento de una cárcel. Así como los presos comunes tienen derecho a trabajar en carpintería u otras cosas, o a estudiar, etc, cosas que son importantes en la cultura wingka, el mapuche privado de libertad tiene derecho a trabajar y vivir en la tierra.
Por último, los weichafe exigen el indulto humanitario para Mariano Llanca, a quien los médicos le dan no más 2 años de vida. El peñi Mariano evalúa en estos días sumarse a la huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud.
El Intendente Huenchumilla visitó a los huelguistas, sin embargo a los pocos días les planteó que no hay voluntad del Gobierno para su demanda. Los huelguistas se quedaron con la impresión de que sólo fue a intentar bajar la huelga sin ofrecer ningún apoyo real.
Es probable que esta huelga de hambre ponga el tema mapuche otra vez en la discusión pública, y el Gobierno intentará poner la pelota en su propia cancha: su plan de gobierno, que es la burocracia estatal indigenista: ministerio de asuntos indígenas, parlamentarios mapuche, reconocimiento constitucional, etc, temas que no están dentro de la demanda del movimiento mapuche, cuyos planteamientos son la recuperación de los territorios ancestrales, el derecho a la autodeterminación, y en este contexto, la desmilitarización y la libertad de los presos políticos. Más que “reconocimiento constitucional”, el movimiento mapuche exige reconocimiento de su propia dignidad y autonomía, reconocimiento de la dignidad de los weichafe injustamente encarcelados, de su carácter de presos políticos, y éste es el sentido de la huelga de hambre. Por el contrario, los representantes del Gobierno siguen hablando de “violentistas” y de “infiltrados externos”, como siempre.
El movimiento mapuche, por su parte, ha reaccionado solidariamente con los huelguistas a través de numerosas jornadas de protesta y boicot al capitalismo en Angol, Temuco, Ercilla, Tirua, Cañete, Concepción y Santiago, lo que es de prever aumente en los próximos días mientras no haya solución a la demanda.
Publicado en la edición chilena de Le Monde Diplomatique