El Movimiento por la Asamblea Constituyente denunció a la coalición de gobierno que “ha decidido entregarle arbitraria e ilegítimamente las facultades constituyentes al Congreso legislativo, usurpando el Poder Constituyente Originario de todos los chilenos”. El movimiento advirtió que no permitirá “que nos roben a todos los ciudadanos nuestro derecho a una Asamblea Constituyente”.
Afirmaron que el camino es elegir democráticamente delegados para conformar una Asamblea que se encargue de redactar un proyecto de nueva Constitución, que luego sea sometido al veredicto de la ciudadanía en referéndum nacional.
El Movimiento hizo estas declaraciones este sábado en el marco de la “Marcha Nacional por el Agua”. Colectivos de distintas comunas se reunieron en las distintas columnas de los cuatro puntos cardinales de la capital para marchar juntos hasta el Parque Almagro, donde fue la gran concentración.
El Movimiento por la Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente La Florida, Asamblea Cultural y Social por la Asamblea Constituyente de Ñuñoa, colectivos de Puente Alto, entre otros, expresaron a viva voz consignas e informaron a la ciudadanía sobre la necesidad de una Nueva Constitución emanada de una Constituyente.
Cada vez son más los ciudadanos y organizaciones, de diversa índole, que acogen como propia la demanda de una Asamblea Constituyente, convirtiéndose progresivamente en la demanda unitaria a nivel nacional para realizar los cambios que las grandes mayorías exigen hace décadas.
En ese sentido, cobra especial relevancia el discurso que hizo en este encuentro el dirigente del “Movimiento Defensa por el derecho al Agua”, Rodrigo Mundaca, recientemente enjuiciado por denunciar el robo de agua por parte del ex ministro Edmundo Pérez Yoma. Mondaca apeló a la necesidad de una Nueva Constitución realizada a través de una Asamblea Constituyente, donde se puedan discutir grandes cambios estructurales que necesita el país, como la recuperación de la soberanía sobre el agua.
La demanda de una Asamblea Constituyente, es tomada como propia, cada vez más, por distintos movimientos sociales que trabajan con las comunidades defendiendo los recursos naturales y diversos derechos políticos y sociales, en el entendido que es el único mecanismo que, apelando al poder constituyente originario de los ciudadanos, garantiza una participación vinculante para una nueva constitución.