En los últimos diez años Uruguay ha venido desempeñando un activo rol en la lucha contra el tabaquismo situándose a la vanguardia mundial de las acciones adoptadas para combatir el consumo de cigarrillos, uno de los peores males contemporáneos. En el 2005 suscribió el convenio marco para el control del tabaco propiciado por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente fue adoptando distintas medidas, entre las que destacan:
• La difusión de imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar en las cajas de cigarrillos, debiendo las mismas ocupar el 80% de la superficie.
• La prohibición de vender distintos tipos de una misma marca de cigarrillos para evitar que los consumidores piensen que una variedad es menos dañina que otra.
• La prohibición de la publicidad de cigarrillos en medios de comunicación y en eventos.
• La prohibición de fumar en espacios públicos cerrados
Como resultado de estas acciones Uruguay logró reducir en un 10% el número de fumadores haciendose merecedor del reconocimiento mundial.
La prepotencia del Dios dinero
En el 2010 Philip Morris, la principal productora transnacional de tabaco, propietaria de las veinte principales marcas de cigarrillos en el mundo, incluyendo Marlboro y L&M, decidió iniciar un reclamo judicial contra el Uruguay por la fantastica suma de 2.000 millones de dólares, en concepto de reparación económica por los daños generados por las normas antitabaco aplicadas en ese país.
Para la tabacalera la obligación de ocupar con advertencias sobre el riesgo de fumar el 80% de la caja de cigarrillos le impide mostrar sus marcas lesionando su derecho de propiedad intelectual. Asimismo, la exigencia de retirar de circulación siete de sus productos, entre ellos los denominados Blue, Gold, Green o Light, le ha provocado una pérdida sustancial del mercado.
Como bien señaló el ex presidente Tabaré Vazquez resulta a todas luces evidente el propósito de esta poderosa multinacional de dar un escarmiento al Uruguay e intimidar a otros países que quieran seguir el mismo camino.
La demanda se presentó en febrero del 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial alegando la violación del tratado de garantía de inversiones suscripto entre Suiza y Uruguay, habida cuenta que la matriz de Philip está en Lausanne. La tabacalera consideró que la normativa uruguaya antitabaco equivalía lisa y llanamente a una expropiación de su inversión.
En julio del 2013, después de diferentes presentaciones el CIADI sorprendió al mundo declarándose competente para resolver el caso, convalidando los argumentos esgrimidos por la tabacalera.
Derecho de Propiedad o Derechos Humanos
El caso pasó a revestir un gran interés por la falta de antecedentes ya que se encuentra en juego la preminencia ciega de la propiedad privada frente a la aplicación de normas públicas que cautelan derechos humanos sustanciales como la salud.
Las dudas respecto al resultado final de esta contienda derivan de la potencia de fuego de ambos contendientes. Philip Morris es una empresa global de siglo y medio de vida, con un nivel de facturación que ronda los 80 mil millones de dólares anuales y beneficios por 10 mil millones, mientras que Uruguay es un pequeño país sudamericano cuyo producto bruto no alcanza a los 50 mil millones de dólares.
Detrás del Goliat tabacalero se encolumnan las multinacionales del mundo, deseosas de hacer valer su primacía por encima del interés de los ciudadanos y los Estados alegando la inviolabilidad de las inversiones y el cumplimiento formal de compromisos, sin importar los daños derivados de esta situación. Junto al David sudamericano, considerado un abanderado en la defensa de la salud y calidad de vida de su población, se han alineado, entre otros, la Organización Mundial de la Salud y entidades de lucha contra el tabaco. El próximo 12 de mayo el presidente José Mujica se reunirá con su par estadounidense y uno de los temas a tratar será el eventual apoyo del gobierno de EEUU frente a la conducta abusiva de Philip Morris.
Resulta claro que este enfrentamiento nos involucra a todos los ciudadanos que confiamos en la capacidad del Estado para cautelar los derechos del conjunto y establecer límites a los abusos de quienes sólo ven a través de su propio y mezquino interés. De allí la necesidad de hacer oir nuestras voces y comprometer a nuestros dirigentes en la solidaridad con Uruguay y el repudio a los intentos extorsivos de quienes pretenden maximizar su lucro a expensas de la salud de todos.