Mientras el ala más extrema de la oposición, apoyada por Estados Unidos y por la derecha colombiana, quiere derrotar en las calles y con el terrorismo y la violencia al gobierno constitucional elegido democráticamente, es absolutamente correcto luchar por la paz social y hacer para ello algunas concesiones a esa parte de la derecha que, en estos momentos, no opta por un golpe o por la guerra civil porque espera desgastar y dividir a los militares que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro y aislar a ese gobierno, erosionando por cansancio su base popular. Pero el problema reside en qué tipo de paz se quiere, en cuáles y cuántas serán las concesiones y en quién, al fin de cuentas, pagará los costos de la pacificación.
No se puede, en efecto, acusar de fascista y terrorista a toda la mitad de Venezuela que se opone al chavismo (abandonando así la tarea esencial de separar a los que protestan democráticamente por la carestía, el desabastecimiento, el burocratismo y la corrupción de los verdaderos agentes del imperialismo, fascistas y terroristas). ¿No sirve para nada el ejemplo de las fanfarronadas de Juan Domingo Perón en 1955 de que por cada uno de los nuestros que caiga caerán cinco de ellos, pronunciadas sin armar y movilizar a los trabajadores antes de su fuga cuando una parte del ejército se rebeló contra su gobierno?
Pero es erróneo pasar de esa actitud demonizadora de todos los opositores (sean ellos oligárquicos, populares, obreros, de derecha, de centroderecha, de centroizquierda o de izquierda) a ofrecer la paz en las condiciones que piden los grandes empresarios y los representantes del capital, en una negociación en la que no participan los sectores obreros y populares, y encarar la lucha contra los golpistas y terroristas exclusivamente como un enfrentamiento entre el aparato represivo del Estado y el aparato clandestino de la derecha proimperialista.
Por un lado, es indispensable intentar comprender por qué los argumentos de la extrema derecha tienen eco en una parte importante de la población y responder a los mismos con hechos y argumentos más contundentes, así como estudiar, por otro lado, por qué un vasto sector de los universitarios hace manifestaciones reaccionarias para responderle con explicaciones y medidas ad hoc, no sólo con invitaciones a sus dirigentes a discutir cuando se sabe que éstos harán oídos sordos.
Sobre todo es suicida tratar de combatir a los fascistas sólo con las fuerzas armadas. Éstas, como lo comprueba el reciente intento golpista de tres generales de aviación, agrupan también sectores antichavistas o no chavistas porque tienen una base de clase y una formación política heterogéneas, ya que los militares se reclutan en todas las clases y tienen como función preservar el orden capitalista y su educación hace de ellos preservadores del orden existente, aunque entre ellos puedan existir algunas moscas blancas nacionalistas y hasta socializantes, como Hugo Chávez.
No se puede tampoco –contra toda evidencia– presentar la actual situación política y económica en los medios de información oficiales (que son minoritarios y deberían ser creíbles para poder influir) como si todo fuese normal, como si el abastecimiento fuese abundante, no hubiese ningún motivo de insatisfacción popular y como si todo el pueblo (en realidad, sólo un poco más de la mitad del electorado) apoyase masivamente a Maduro mientras éste lucha apenas contra un puñado de terroristas y mercenarios (que, desgraciadamente, tienen base de masas).
El golpe de timón que pedía de forma urgente Chávez sólo puede ser una superación del proceso bolivariano para preservas sus conquistas y evitar su ruina, una superación (conservación y modificación, a la vez) del chavismo en sentido socialista.
O en el dramático juego entre el gobierno y la oposición golpista entran como protagonistas en todos los terrenos los trabajadores y los pobres organizados, o el proceso se estanca y corre hacia su ruina. Eso significa que hay que profundizar la experiencia de las Misiones, de las comunas, de la participación popular; que todos deben discutir las medidas económicas, las condiciones sociales y conocer los datos duros de la política gubernamental. Hay que movilizar y favorecer la autorganización de las bases sociales del gobierno superando el conservador control paternalista de los aparatos, sobre todo militares.
Frente al terrorismo, hay que crear comités y milicias de barrio y, contrario a lo que pide Lorenzo Mendoza (el patrón de la Polar, uno de los saboteadores de la economía), no es posible prohibir la expresión de las opiniones políticas en las empresas, sino que en ellas se debe discutir democráticamente y sin freno alguno qué hacer allí adentro y en todo el país.
Como plantean los compañeros de Marea Socialista y una serie de importantes sindicatos combativos, es necesario un drástico ajuste de salarios que compense la inflación de casi 70 por ciento y la reciente devaluación; se debe aplicar la Ley Orgánica del Trabajo que asegura la estabilidad en el empleo; los contratos salariales deben ser negociados sin imposición de los militares. Es también indispensable impedir los despidos masivos, muchas veces aceptados ilegalmente por el Ministerio del Trabajo, y dar medios a todas las Misiones que, como la Misión Barrio Adentro, sólo puede curar gripes por falta de medicinas. En vez de favorecer la captación de dólares (y su posterior fuga) mediante el sistema cambiario alternativo de divisas (Sicad II), que concede dólares de la renta petrolera a los privados más ricos, el gobierno debería controlar las divisas, pues la concesión de dólares al precio oficial (Comisión de Administración de Divisas) en 2013 fue a parar en 40 por ciento a empresas ficticias, que los vendieron ganando hasta 570 por ciento o los enviaron al exterior.
La situación es grave. O una intervención decisiva obrera y popular permite avanzar hacia el socialismo, o los elementos peronistas del proceso lo llevan al desastre.