La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió este lunes cambiar por arresto domiciliario la prisión preventiva que pesaba sobre Pablo Morales Fuhrimann, sindicado como uno de los líderes de los 15 imputados en el marco del “Caso Bombas”, quienes suman más de 60 días en huelga de hambre, informó la Radio Universidad de Chile.
El tribunal adoptó la determinación en forma unánime, a una semana de la audiencia de preparación de juicio oral que se realizará en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Mientras cinco de los acusados se encuentran en libertad y con medidas cautelares, se espera que la defensa de los que permanecen en prisión solicite excarcelación durante la semana.
El fallo de los ministros Carlos Cerda, Manuel Valderrama y Alejandro Madrid, se justifica en el extenso período que Morales se mantuvo en la Cárcel de Alta Seguridad -desde agosto de 2010- y el cierre de la investigación que realizaba la Fiscalía Sur.
“Este es el comienzo del fin del denominado Caso Bombas. La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva del supuesto líder de esta inexistente asociación ilícita, Pablo Morales (…) Considerando todos los antecedentes que presentó hace algunas semanas el fiscal (Alejandro) Peña en su acusación, lo que se ha hecho es desestimar esta grave imputación, formulada hace algunas semanas por el entonces fiscal del Ministerio Público y hoy empleado de uno de los querellantes de la causa”, comentó el abogado de Morales, Mauricio Daza.
Por su parte, el fiscal Víctor Núñez, quien representó al Ministerio Público, manifestó su conformidad, ya que la determinación no cuestionó los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de 29 artefactos explosivos, por los cuales el grupo se encuentra procesado.
Poco antes de integrarse como jefe a la División de Estudios de la Subsecretaria del Interior, el ex fiscal Alejandro Peña ingresó la acusación al 8º Juzgado de Garantía de Santiago y pidió presidio perpetuo simple para Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales, ex lautaristas ya condenados en el pasado por delitos terroristas.
La decisión judicial se produce además mientras Peña es fuertemente cuestionado. El diputado independiente Sergio Aguiló acusó al ex fiscal de haber trabajado siempre para su actual superior, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de haber sobornado a testigos para que declararan en contra de los acusados por el caso.
Asimismo, el ex integrante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu), Juan Linares Ulloa, denunció junto al diputado comunista Hugo Gutiérrez que recibió una propuesta de la Policía de Investigaciones (PDI) para recibir dinero como informante: “Necesitaban alguien que se infiltrara en el movimiento y empezara a delatar y a justificar las detenciones de los compañeros que están en huelga de hambre”, afirmó.