La organización le recuerda a la presidenta Michelle Bachelet lo que ella dijo durante su campaña presidencial en cuanto a los errores cometidos contra la causa mapuche durante su anterior gobierno. Es el momento de corregir esas injusticias que están padeciendo muchas personas privadas de libertad.
El día viernes 14 de marzo el Fiscal del Ministerio Público, señor Álvaro Hermosilla, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción buscando restituir la reserva de identidad de catorce testigos protegidos en el juicio que se sigue en contra del ciudadano Emilio Berkhoff Jérez. La resolución había sido adoptada por la Magistrado del Juzgado de Garantías de Cañete, señora May Lin Wong, y ratificada el día miércoles 12 de marzo. En este contexto, a modo de presión a la corte penquista, el Fiscal Hermosilla condicionó el futuro de la acción judicial del organismo persecutor en base a la restitución de la reserva de identidad de los testigos, señalando además que son sus únicas pruebas en contra de Berkhoff. Ante estos hechos la Comisión Ética Contra la Tortura declara lo siguiente:
-
Valoramos la resolución adoptada por la magistrada May Lin Wong, que en tanto operadora de un sistema que pretende impartir justicia, desea evitar con esta medida que no se cometan errores y resuelve por tanto, retirar la reserva de identidad de catorce testigos presentados por el Ministerio Público. A nuestro juicio este hecho que propone contar con condiciones mínimas de respeto al debido proceso pavimenta el camino para la obtención de libertad inmediata del Sr. Berkhoff, y por ende, de mantener dicha resolución quedará en clara evidencia que este ciudadano ha sido objeto de prisión indebida, con todos los costos humanos y familiares que ha significado privarlo de libertad, dejarlo expuesto a castigos intrapenitenciarios, castigos físicos y tortura; reclusión en presidios alejados de su familia, agregando al castigo arbitrario perseguido por el Fiscal del Ministerio Público y el Ministro del Interior del entonces Gobierno de Piñera, la imposibilidad de ser visitado permanentemente como cualquier recluso por su familia.
-
Reiteramos lo dicho por el Relator de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo, señor Ben Emerson, que los testigos con reserva de identidad no sólo hacen imposible el ejercicio de un debido proceso, sino que la reserva de identidad de los testigos no permite evaluar el mérito de las pruebas y saber qué vínculos e intereses pueden tener estos testigos. El caso más flagrante de ello, lo prueba el testimonio del testigo protegido Raúl Castro Antipán y su relación con Carabineros de Chile que él mismo definió como su “informante e infiltrado pagado a sueldo” para acusar como testigo sin rostro, en varios juicios, a mapuche. En este sentido la resolución de la Magistrada permite no sólo que la defensa ejerza su función como tal, sino que, además, cautela que en el ejercicio de su función, el procedimiento esté exento de errores y subjetividades.
-
De mantenerse esta contienda en el plano estricto de la ética y la Justicia, la Corte de Apelaciones de Concepción debiese ratificar la resolución de la magistrada del Juzgado de Letras de Cañete y con ello, recuperar la confianza que debe tener la ciudadanía en la Justicia.
-
Finalmente, reiteramos lo señalado por la Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, -CORDHPO-, iniciativa impulsada por la Comisión Ética Contra la Tortura, que junto a organizaciones y personalidades de la sociedad civil hicieron entrega de una carta a la señora Bachelet en su calidad de Presidenta electa el día lunes 3 de febrero de 2014, donde se le expresó que había llegado la hora de actuar de acuerdo a lo que ella misma había señalado en su campaña presidencial, cuando reconoció haber cometido errores políticos y judiciales contra el pueblo mapuche y sus luchadores sociales, en su primer Gobierno. En dicha misiva se señaló además, que en “las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Chol Chol y Temuco, permanecen en prisión cerca de veinte personas de origen mapuche o simpatizantes de su causa. Algunos están en prisión preventiva y otros cumpliendo condenas. Aún cuando existe un número mayor de hombres y mujeres a la espera de juicios, afectados por diversas formas de restricción de libertad, tales como, arresto domiciliario, arraigo o medidas cautelares. Si a esto añadiéramos las numerosas detenciones ilegales, la cantidad de personas afectadas por la acción policial y judicial, sobrepasaría el centenar”. En este escenario, denunciamos la persecución política que se ha expresado en “doble procesamiento (Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo); largas prisiones preventivas sin encontrarse evidencias por parte del Ministerio Público (Facundo Jones Huala); numerosas absoluciones, como en el caso del derrumbe del montaje en contra del werken Daniel Melinao de la comunidad Wente Winkul Mapu; persecución a autoridades ancestrales (machi Millaray Huichalaf); aplicación de la ley antiterrorista en contra de menores de edad (José Antonio Ñirripil); uso de testigos protegidos y compensados bajo la aplicación de dicha ley dejada por la dictadura y de la que hoy se aplican algunos de sus articulados, sin invocarla”. Finalmente, en dicha carta se denunciaba los tratos crueles e inhumanos de los que han sido objeto los presos políticos, haciendo mención al caso de Emilio Berkhoff en la cárcel de Lebu, situación constatada por Rodrigo Bustos Bottai, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos.