No cabe duda que la inesperada noticia, difundida en los últimos días del mes de enero, de que al fin, después de 37 años, se realizaría en Chile una investigación judicial de la muerte del presidente Allende -junto con la de otros más de 700 casos de víctimas de violaciones de sus derechos humanos cometidas bajo la dictadura- fue recibida con beneplácito y optimismo por amplios sectores de la ciudadanía.
Esto se explicaría, entre otras razones, por el hecho de que los resultados y conclusiones del estudio metapericial del doctor Luis Ravanal, dadas a conocer en el 2008, han penetrado lentamente en la conciencia pública, terminando por restarle casi toda credibilidad a la “versión oficial” de la muerte del Presidente. De manera que el anuncio de que, por fin, se realizaría, aunque en forma tardía, aquella investigación, que nunca se hizo en 20 años de gobiernos concertacionistas, vino a producirse en un momento especialmente oportuno.
Tenemos temor de la parcialidad del equipo que realizará la autopsia
Con el correr de los días aquel optimismo colectivo inicial ha ido dando paso a una actitud de cautela hacia la capacidad y la voluntad real de las instituciones judiciales chilenas, y de sus organismos técnicos, de llegar a establecer de manera definitiva las causas inmediatas de la muerte del presidente Allende. Después de todo, la justicia chilena, tanto bajo la dictadura como posteriormente a ella, actuó en muchos casos como cómplice y encubridora de incontables atropellos a los derechos humanos de miles de chilenos, y por medio de la acción de jueces obsecuentes y prevaricadores, defendió al tirano, así como a centenares de miembros de las FF. AA involucrados en hechos criminales.
A lo anterior se agrega el hecho que, si hay un organismo público que ha cambiado muy poco desde los tiempos de la dictadura, este es el Servicio Medico Legal, y es precisamente a este al que le corresponderá realizar la totalidad de los peritajes a partir de los cuales se buscará establecer de qué modo preciso murió el presidente Allende. Este organismo tiene una negra historia que, por cierto comenzó el mismo día 11 de septiembre de 1973, cuando sus autoridades, cediendo a las presiones de los golpistas, o por simpatía con sus conductas fascista, hicieron la vista gorda ante múltiples irregularidades, entre las que se cuentan: el ocultamiento de cadáveres, mezcla de restos de diferentes personas, la realización de autopsias incompletas, y la inhumación ilegal de cuerpos no identificados, tanto en el patio 29 del Cementerio General de Santiago, como en otros lugares del país.
Como lo ha declarado Juan Pavín, abogado de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal, gran parte de los problemas que han venido afectando por largos años a este servicio se originaron en la severa intervención política a la que fue sometido bajo la dictadura. Desde aquel momento se rompió allí la antigua y respetable tradición de nombrar médicos de carrera como directores del Servicio Médico Legal, procediéndose a designar doctores que eran enteramente ajenos al campo de la medicina legal. Significativamente, los gobiernos concertacionistas no modificaron esta anómala situación, sino que la mantuvieron, entre otras razones, porque facilitaba la asignación de cargos por medio del cuoteo político.
El primer jefe del SML en ser designado, en 1975, por aquel procedimiento anómalo, fue el doctor Claudio Molina Fraga, bajo cuya gestión se registraron la mayor cantidad de irregularidades en aquel organismo. Recordemos que fue este director quien, al ser encontrados los restos de varios detenidos-desaparecidos en los hornos de cal de Lonquén, decidió y procedió personalmente a trasladarlos hasta el Cementerio Parroquial de Isla de Maipú, donde los arrojó en una fosa común; mientras los familiares de aquellas víctimas esperaban infructuosamente la recuperación de las osamentas de sus muertos, en la Iglesia Franciscana de Recoleta, en total desconocimiento de esta terrible y despiadada acción de Claudio Molina Fraga.
Es atingente recordar aquí, también, que este mismo médico, cuya especialidad es la psiquiatría, fue uno de los especialistas del SML que evaluó y certificó el estado mental del dictador Augusto Pinochet, permitiendo así que éste fuera sobreseído en el caso Caravana de la Muerte.
Otra funcionaria del SML, la doctora América González, que se desempeñó como coordinadora de aquella comisión de especialistas que facilitaron que Pinochet lograra evadir la acción de la justicia, fue quien realizó el peritaje forense del cuerpo de Cecilia Magni, la Comandante Tamara, muerta en 1988, en un ataque al Retén de Carabineros de Los Quéñes. La doctora González determinó en aquella oportunidad que las múltiples lesiones que la combatiente frentista presentaba en su cuerpo se habrían producido al ser arrastrada ella por las aguas del río Tinguiririca, en cuya rivera fue encontrada muerta. En circunstancias que, como se estableció posteriormente, estas lesiones le fueron provocadas a Cecilia, luego de ser capturada viva, por las torturas que le infringieron miembros de los aparatos represivos de la dictadura.(1)
La misma doctora González, contratada por el SML bajo la dictadura, certificó como “muerte súbita”, a consecuencia de una afección cardíaca, el fallecimiento de Carlos Godoy Etchegoyen, brutalmente torturado por medio de electricidad, en febrero de 1985, en la Comisaría de Quintero. Según lo registra el Informe Rettig, los antecedentes de salud previos, así como los protocolos de autopsia, no dejan duda que la muerte de Carlos Godoy E. fue causada por torturas a las que fue sometido por agentes del estado.
En lo referente a la identificación de los cuerpos de los siete presos que murieron calcinados en un incendio de la Cárcel de San Miguel, la doctora González ocultó los resultados de los análisis de ADN que daban cuenta de los errores cometidos en la identificación de aquellos, exactamente como lo había hecho anteriormente, en los casos de las osamentas de los Detenidos Desaparecidos del Patio 29, a los que a continuación nos referiremos.
El historial del SML, durante y posteriormente al fin de la dictadura, contiene un número considerable de otras manchas, por ejemplo, una serie de falsas identificaciones de restos óseos, entre los que se destacan aquellos que fueron encontrados en las tumbas del Patio 29 de Cementerio General. Los primeros reportes sobre la utilización del Patio 29 como lugar de sepultación ilegal de ejecutados políticos luego del golpe, correspondieron a testimonios recibidos por el Comité Pro Paz, pero fue necesario el fin de la dictadura para que, 18 años después de los asesinatos, se procediera a iniciar investigaciones judiciales en el lugar.
En septiembre de 1991, es decir, durante el primer año de la ‘democracia tutelada’, se dio comienzo, por orden del Juez Andrés Contreras, a la excavación de las tumbas marcadas con las letras NN de dicho patio. Se determinó que se trataba de 107 tumbas y de 127 cuerpos. Es decir, se había enterrado más de un cuerpo por tumba. Al hacerse público este hecho el dictador comentaría, con su sádico y macabro sentido del humor: “Pero que economía tan grande”.
Los cuerpos desenterrados fueron, entonces, enviados al SML para su correspondiente identificación. Luego de dos años de espera, se inició, por fin, la entrega de los restos identificados a sus respectivos familiares, lo que tuvo lugar durante la dirección del Dr. Cesar Reyes. Las identificaciones continuaron durante los años siguientes, informándose que 30 de los 126 cuerpos encontrados no podrían ser identificados, en razón de sus deterioradas condiciones. Al final, se vino a saber, gracias al trabajo de peritos escoceses, que 48 cuerpos, de un total de 96 potencialmente identificables, habían sido erróneamente identificados por el SML. Es decir, prácticamente la mitad de las identificaciones hechas en Chile eran erróneas. Pero esta información, contenida en el así llamado “Informe Glasgow”, publicada y entregada al SML en octubre de 1995, logró ser mantenida en secreto por sus autoridades durante siete años.
El escándalo público que provocaría el ocultamiento de los resultados de aquel informe, determinaría que la Fiscal Mónica Maldonado debiera ponerse en acción con el fin de investigar el caso.
Es necesario recordar aquí, también, al doctor José Luis Vásquez, uno de los que participaron en la realización de la autopsia de Allende en 1973 (que no es médico forense sino ginecólogo), quien sigue trabajando hasta hoy en el SML y el que sin duda participará en el nuevo peritaje forense de los restos del Presidente que se realizará como parte de las tareas de la investigación judicial en curso. El doctor Vásquez adquirió parte de su notoriedad como resultado de su participación en la investigación de dos crímenes emblemáticos de la época de la dictadura: el de Carmelo Soria, y el de Rodrigo Anfrún. Tanto Soria como el niño Anfrún, según llegó finalmente a establecerse, fueron asesinados por miembros de los aparatos represivos de la dictadura. Sin embargo, en ambos instancias, actuando como forense, José Luis Vásquez dictaminó que, en un caso, la muerte se había producido por efecto de un accidente automovilístico, y en el otro, al ser agredido sexualmente el niño por un joven con problemas mentales.
Es imposible poder determinar hoy si aquellos errores fueron cometidos como consecuencia de la pura falta de conocimiento tanatológico del doctor Vásquez, o si ellos no fueron verdaderos errores, sino el resultado, claro y directo, de acciones premeditadas y calculadas destinadas a proteger a los asesinos a sueldo de la dictadura. Pero como es manifiesto, y es muy importante que el mundo lo sepa, por sí mismos estos hechos ponen en entredicho no sólo la capacidad profesional de Vásquez, sino también su independencia, imparcialidad y objetividad para poder participar en el nuevo estudio pericial de los restos de Allende.
El ginecólogo Dr. José Luis Vásquez será juez y parte
La gran preocupación que nos asalta hoy es escuchar al gobierno declarar que pondrá a disposición todos los recursos del estado para que se establezca, finalmente, cómo murió Allende, declarando, por un lado, que se va a convocar a peritos extranjeros, por supuesto elegidos y contratados por aquél, y por el otro, que van a participar en estas investigaciones peritos del Servicio Médico Legal, en circunstancias de que el Dr. José Luis Vásquez, es el mismo médico militar que firmó la autopsia de Allende, realizada entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre de 1973, que, como hemos visto antes, sigue desempeñándose en el SML.
En la actualidad un número importante de peritos, que se encuentran trabajando en aquel organismo desde la época dictatorial, apoyan al Dr. Vásquez, y comparten con él la misma visión política e institucional.
Conexiones militares directas de otro funcionario del SML
Y al menos en un caso, el del Dr. René López, del departamento de tanatología del SML, existe una conexión militar y familiar directa, porque aquél es hijo de René López Silva, quien fuera segundo al mando del Campo de Prisioneros de Tejas Verdes.
Vásquez revela que sólo confirmará las conclusiones de la autopsia de 1973
Las sorprendentes declaraciones hechas el jueves 21 de abril por el doctor José Luis Vásquez, en una entrevista que le concediera a Lilian Olivares, periodista del diario La Segunda (Entrevista a La Segunda, página 6, Entrevista a La Segunda, página 8.), ponen en evidencia cual es la visión que el médico tiene de la tarea que le corresponderá realizar próximamente en la investigación judicial de la muerte de Allende:
“Esta mañana conversamos con el doctor José Luis Vásquez, quien afirmó que con la nueva tarea, encomendada al SML por el Juez Mario Carroza ‘como se vas a hacer un nuevo procedimiento, se va a certificar lo que se dice en el Informe’ [es decir, lo que está escrito en el informe de la autopsia realizada en 1973]”.
Pregunta de la periodista: Doctor, ¿Ud. pudo constatar, a ciencia cierta, si el cuerpo del ex presidente Allende tenía uno o dos orificios de bala?
Respuesta de Vásquez: “Si hubiese habido un segundo orificio de bala no pudimos certificarlo. Se produjo un estallido en el cráneo que impedía la posibilidad de reconocer esta situación”. (2)
En otras palabras, lo que Vásquez ha declarado más arriba es simplemente que él no hará otra cosa que confirmar las conclusiones de la autopsia de 1973, es decir, la que practicó él mismo. Lo increíble es que lo diga sin el menor empacho. Al parecer, no se ha tomado conciencia de que aquí hay, además, un patente conflicto de interés, porque es manifiesto que nadie puede “autoconfirmarse”, ni examinar con objetividad e imparcialidad su propio trabajo de hace 38 años. De allí, entonces, que el doctor Vásquez debería ser descalificado a priori de participar en estos exámenes, porque al hacerlo estaría actuando simultáneamente como juez y parte.
Esta extraordinaria declaración, y la que le sigue, donde Vásquez niega sin asco que no se pudo constatar la existencia de un segundo orificio en la cabeza del Presidente, porque el estallido craneal lo habría hecho imposible, lo que es enteramente falso porque aquel orificio aparece claramente descrito en el informe de autopsia, lo hace a uno comprender de inmediato que los resultados del examen forense de los restos de Allende han sido ya predeterminados por los médicos del SML, y que todo este procedimiento forense anunciado no será más que una burda farsa.
Ante esta situación los chilenos no podemos permanecer impasibles. En primer lugar hay que poner en estado de alerta al movimiento popular acerca de los peligros que en este momento se ciernen sobre la investigación de la muerte del Presidente Allende, en la que participarán los mismos médicos militares que luego de practicarle un examen post morten en 1973, ocultaron su informe por 27 años, así como las fotografías y muestras allí tomadas. Y tras los cuales se encuentran las mismas fuerzas políticas conservadoras e instituciones del estado que derrocaron a Allende hace 38 años.
Tenemos que exigir colectivamente que el doctor Vásquez sea privado de toda participación en las investigaciones judiciales en curso, y que un equipo de forenses de probada imparcialidad, objetividad y rectitud, entre los que se cuente el doctor Luis Ravanal Z., sea autorizado para participar, en calidad de observadores, en el peritaje de los restos de Allende, junto a expertos internacionales de las más impecables credenciales profesionales y sin ninguna conexión institucional con las autoridades judiciales y políticas chilenas.
Exigimos que la totalidad de los peritajes sean grabados, desde el primer al último segundo, y que a estas grabaciones se le asigne el carácter de documentos históricos, con copias al Museo de la Memoria y accesibles al público interesado.
El informe final deber ser un documento público y venir firmado por la totalidad de los médicos que participaron en la investigación.
Tenemos que impedir que se vuelva a repetir aquella farsa realizada en 1990, bajo el gobierno de Patricio Aylwin.
24 de abril de 2011
Notas:
1. Como las investigaciones de este caso se encuentran aún abiertas existe la posibilidad de que pudiera producirse más de alguna novedad en lo referente al establecimiento de sus detalles finales.
2. La Segunda, jueves 21 de abril de 2011. Lilian Olivares: “Los exámenes a los restos de Salvador Allende: Habla el médico que hizo la autopsia en 1973”.
(Entrevista a La Segunda, página 6, Entrevista a La Segunda, página 8. El texto de este artículo puede ser leído también a través de este link: La Segunda
Fuentes:
Víctor Osorio. “El escándalo del Patio 29: los errores de identificación”. Patio 29, 10 de marzo de 2009.
Jacmel Cuevas: Servicio Médico Legal. ¿El purgatorio de la Justicia? El periodista, viernes 27 de febrero de 2004.