En Chile, todos somos iguales ante la ley, pero hay unos más iguales que otros – como en la rebelión en la granja, de George Orwell -. El sistema tributario no sólo sirve para recaudar recursos para la educación, salud y otros servicios, sino también para distribuir el ingreso. De la forma en que se construye el sistema tributario depende la calidad de la democracia en cada país: “dígame como tributan los ciudadanos y le diré qué tipo de país sociedad democrática es”, y no puede haber ningún pacto social o compromiso solemne que no visualice un cambio radical del monstruoso sistema de reparto de las cargas públicas.
En Chile, los trabajadores semejan al caballo de la Granja de Orwell: se llevan la mayoría de las cargas públicas. En nuestro sistema impositivo, el 60% de lo recaudado corresponde al IVA, y el 23,5% al impuesto a la renta, lo cual quiere decir que casi la totalidad de lo que llega al fisco, por parte de los ciudadanos corresponde, en verdad, a los más pobres. Si una persona gana, por ejemplo, $550.000, está exento del impuesto global complementario – que se cobra en el mes abril – pero día a día paga el 19% del IVA, que significa que en el mes ha pagado en impuestos una suma mensual cercana a los $65.000.
Chile recauda, apenas, el 18% del PIB, mientras que en los demás países de la OCDE el aporte en promedio, es del 38%; por otra parte, este país es de los más desiguales del mundo: en el indicador Ginis, demuestra que Chile tiene un 0,52% antes de cobrar los impuestos, y continúa con la misma cifra después del cobro de los mismos, lo cual significa que recauda muy poco y que esta suma no alcanza para cortar la brecha de la desigualdad. Portugal, por ejemplo, antes de la recaudación tiene la misma cifra que Chile, (0,52%), pero luego de la recaudación la cifra de desigualdad disminuye a 0,38%; lo mismo ocurre en Francia, Austria y Alemania y los demás países pertenecientes a la OCDE. Sostener, como lo hacen algunos economistas, que la recaudación de impuestos no sirve para acortar la brecha entre pobres y ricos es, francamente, un absurdo que no resiste ningún análisis.
En Chile, las empresas no pagan impuestos, y sólo lo harían los socios y accionistas, pero estas personas tampoco hacen, pues evaden por medio del FUT: les basta declarar que no han retirado utilidades para escudarse y no pagar un peso al fisco. Los siúticos llaman a este “delito” elusión, pero diciendo las cosas por su nombre, es la mismísima evasión “legal” en el lenguaje de los fariseos chilenos; se calcula que si termina con el FUT, se lograría una recaudación entre cuatro mil millones y diez mil millones de dólares, y la suma más alta financiaría completamente las reformas tributarias propuestas, primero, por Marco Enríquez-Ominami, en su programa de gobierno de 2013 y luego, por Michelle Bachelet quien, actualmente, tiene la gran posibilidad política de implementar sus propuestas de campaña.
Si las reformas se redujeran sólo al aumento del 20% al 25% del impuesto de primera categoría, sólo se recaudaría dos mil quinientos millones de dólares, es decir, una cifra mínima si se consideran los ocho mil quinientos millones de dólares, consignados en el programa de la Presidenta, en consecuencia, “la parte del león” debe corresponder a la eliminación del FUT. De la radicalidad con que se lleve a cabo, dependerá alcanzar la recaudación propuesta.
Según el programa de gobierno de marco Enríquez-Ominami, divulgado profusamente durante su última campaña presidencial, se haría necesario recaudar trece mil millones de dólares para emprender una verdadera revolución en educación y en salud, por consiguiente, los ocho mil quinientos millones de dólares del programa de Bachelet no alcanzarían a cumplir cabalmente los objetivos que ella misma se propuso, pues en vez de tres puntos del PIB, debiera llegarse a seis para implementar un proyecto que conceptúe la educación gratuita y universal, así como una salud de calidad, en los aspectos material y humano.
Si consideramos que la minería aporta el 53% de la recaudación, pienso que se haría necesario repensar, al menos, el royalty de un mínimo de un 23%, que aportaría recursos que permitirían, holgadamente, alcanzar las cifras necesarias para el financiamiento de las dos revoluciones, en educación y en salud; si se aspirara a la nacionalización de nuestros recursos básicos, es lógico que el ingreso fiscal aumentaría al doble y, por tanto, cumpliría con creces, las más ambiciosas reformas tributarias.
El sistema impositivo chileno se rige por el mercado neoliberal que, a su vez, se basa en una sociedad de darwinismo social en el sentido de que, en la lucha por la vida, sólo se salvan los poderosos empresarios y banqueros que, sabemos, en la democracia chilena sólo votan estos “prohombres”.
En la nueva sociedad de derecho, el sistema tributario debe propender a que paguen los que tienen más que, por lógica, se aprovechan de los bienes sociales, despojando así a los pobres. Mientras no logremos terminar con la brecha que separa a ricos y pobres, la democracia electoral seguirá siendo un continuo fraude.
Rafael Luis Gumucio Rivas
17/03/2014