Con desafiantes rayados callejeros, comentarios en Twitter y Facebook, decenas de columnas en los medios digitales y el liderazgo de la Nueva Mayoría en la primera plana de la prensa corporativa, el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, que asume este 11 de marzo, parece acercarse a su estreno no como coalición flamante y triunfante, sino con el pesado lastre acumulado por veinte años.
Las contradicciones -y también confusiones- en la conformación del gobierno mostradas durante el verano, sumadas a las tensiones al interior de la coalición, se instalan como una compleja y agorera señal: nunca, por lo menos en las últimas dos décadas, un gobierno había enfrentado tantos obstáculos antes de su inicio.
¿Qué señal exhibe un gobierno si antes de asumir entrega a la exigencia pública la cabeza de tres altos funcionarios, en tanto cerca las críticas a varios otros nominados? Contradicciones, bipolaridad, o tal vez culpa como efecto de la derrota de 2010. Pero también, como acusa la derecha, debilidad, desorden, ineficiencia. El antecedente ha quedado registrado.
Por un lado está la señal como efecto de la reacción en el equipo gubernamental, pero está también, y en un grado de mayor peso, la causa que llevó al gobierno entrante a bajar la guardia y acceder a las demandas de la opinión pública. Porque no fueron denuncias levantadas ni por un partido de oposición ni desde aquella zona tenebrosa expresada a través del duopolio que conforman los llamados poderes fácticos. Las presiones surgieron, principalmente, desde los movimientos sociales y como denuncias desde la prensa independiente, antecedente que deja a este sector muy fortalecido en cuanto observador del cumplimiento de sus demandas a partir del 11 de marzo.
Se trata de un antecedente inédito para cualquier gobierno posdictadura, registro al que se añade la carga de la culpa de la derrota de 2010, que es el miedo a un nuevo fracaso electoral. Un temor que con el correr de los días y al observar las evidentes contradicciones en materias clave que van desde la educación o derechos humanos, sólo tenderá a crecer.
Bajo este clima político estival, en este preludio destemplado, el gobierno de la Nueva Mayoría, tropezando en lo político, debiera hallar su apoyo donde siempre lo encontró la Concertación: en el modelo neoliberal, en un deseable alto crecimiento económico y en un supuesto y también necesario bajo desempleo. Con estas variables como piso de comprobada solidez durante al menos veinte años, la apuesta debiera avanzar segura.
¿Pero es más de lo mismo como se repitió durante la primera década del siglo? La Nueva Mayoría, a diferencia de los cuatro anteriores gobiernos de la Concertación, entra esta vez a La Moneda también criticando sus supuestos mayores logros de las décadas pasadas, contradicción que se eleva a la categoría de lo incompatible, la comedia o el absurdo. Que sea a partir de marzo ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, el mismo ministro que avaló desde Hacienda años atrás el crédito con aval del Estado, parece parte de un discurso de difícil articulación. O que sea el gobierno en pleno, cuyos miembros y adherentes están imbricados con los grandes grupos económicos el que pretenda, por lo menos en la letra, desmantelar parte del andamiaje mercantil, aparece también como un guión disparatado.
Pese a todas las incongruencias, algunas destapadas antes de la cocción y otras ya exhibiendo sin pudor sus diferencias y contraposiciones, el camino ya está señalado. A partir de este mes se muestra una realidad instalada, que se expresa desde la economía, los movimientos sociales, los sindicales y los gremios, a los grupos económicos y poderes fácticos. Desde todos ellos se levantan las demandas y los intereses. Unos por el cambio, los otros por el conservadurismo institucional.
EXPECTATIVAS ECONOMICAS INFUNDADAS
La campaña electoral de Michelle Bachelet creó expectativas que, al observar el espectáculo estival, trascienden la capacidad de su programa, el que está acotado básicamente a las reformas de la educación, tributaria y la redacción de una nueva Constitución. Pese a ello, el regreso a partir de marzo de la ex presidenta ha generado entre sus electores y parte de la población un clima de excesiva confianza en aspectos que no están necesariamente ligados a su programa. Es el caso de las expectativas en materia económica, que la ciudadanía está relacionando con su regreso.
No pocos analistas han escrito sobre los aspectos subjetivos de la figura de Bachelet, los que tuvieron un peso relevante en su triunfo electoral. Estos análisis pueden ser una herramienta para comprender la extraña relación que existe entre su programa y las enormes, y bastantes infundadas, esperanzas de mejoría casi inmediata de calidad de vida. Un horizonte radiante que más parece una visión creada por la fe que por un párrafo de su programa. Una ilusión, al considerar las proyecciones económicas para el año en curso.
Las altas expectativas colocadas en el futuro gobierno, registradas por la encuesta CEP y el derechista Instituto Libertad y Desarrollo, no tienen gran correspondencia ni con las proyecciones para 2014 realizadas por diferentes organismos económicos, como tampoco con las cifras del anterior gobierno de Bachelet. Durante el periodo 2006-2009 el PIB creció a una tasa promedio de un escaso cuatro por ciento, en circunstancias que durante el actual gobierno saliente la economía creció una media anual del 5,4 por ciento. Y algo similar ocurrió con el empleo. Durante el cuatrienio 2006-2009 la tasa de desempleo promedió un ocho por ciento, la que descendió a 6,8 en el gobierno de Sebastián Piñera. A grandes rasgos, no existen bases económicas objetivas para relacionarlas con las altas expectativas creadas por la Nueva Mayoría. Y si buscamos en otros indicadores, como los índices de desigualdad, veremos que éstos se han mantenido muy similares durante los últimos veinte años. Las dos coaliciones no han hecho nada para suavizar esas extremas diferencias en la distribución de la riqueza.
El futuro inmediato para la Nueva Mayoría no dista mucho de las cifras del último gobierno de la Concertación. La encuesta económica que realiza el Banco Central a especialistas del sector financiero apunta en la dirección contraria a las creencias de la ciudadanía. Para la mayoría de los economistas consultados, el PIB chileno, que en 2013 habría aumentado un 4,5 por ciento, sólo crecerá un cuatro por ciento en 2014, cifra que comparten la mayoría de los organismos económicos, desde el mismo Banco Central a organismos como la Cepal y el Banco Mundial. La economía chilena está en un proceso decreciente.
Hay una serie de variables que están contrayendo la economía nacional. Una de ellas es el comportamiento de la economía internacional, la que afectará la producción y exportación de productos ligados a los recursos naturales, piedra angular del modelo chileno. En la minería, una proyección de la Sonami, organización de los empresarios privados, estima que las exportaciones mineras llegarán este año a 45 mil millones de dólares, cifra menor que la del año pasado, como efecto de una nueva baja en el precio del metal rojo, que este año llegaría a unos 3,1 dólares la libra tras el peak histórico de 2011, con un precio de cuatro dólares.
La otra variable que se contrae en la economía nacional será la demanda interna, que es inversión y consumo. Después de un periodo de fuerte crecimiento económico, esta variable, en especial la inversión, se ha enfriado. Un informe de la OCDE del año pasado alerta sobre esta caída en la inversión, la que tendrá sus efectos en los salarios. Para el organismo internacional, la demanda interna creció en 2013 un 6,1 por ciento, en 2014 se expandirá un 5,3 por ciento y el próximo año seguirá cayendo para alcanzar solo a un 4,7 por ciento. Y otro tanto sucede con el desempleo, que desde el segundo semestre del año pasado expresa una tendencia al alza.
El panorama no es riesgoso en cuanto forma parte de los usuales ciclos económicos. Varios de los gobiernos de la Concertación, en especial el de Ricardo Lagos, tuvieron que hacer frente incluso a procesos recesivos y lograron terminar sus periodos sin grandes mellas. Pero el escenario que se abre en marzo tiene características que lo hacen especialmente sensible por las diversas expectativas creadas. Una está relacionada con las promesas de reformas en el programa de la Nueva Mayoría, en especial el aumento de los impuestos a las empresas para financiar los proyectos en educación; la otra, es la percepción empresarial, en cuanto estima que esas reformas serán mínimas.
SEÑALES DEL EMPRESARIADO
Durante las semanas que antecedieron a la segunda vuelta electoral hubo una presión desde la Alianza que amenazó a la ciudadanía con un freno en la inversión ante la incertidumbre económica que generaba el programa de Bachelet. Aun cuando se trataba de parte de la campaña electoral, si relacionamos las advertencias con la real caída en la inversión, la que está ligada a ciclos económicos, hay aquí elementos subjetivos y comunicacionales que podrían amplificarse en el futuro. No sería difícil para el empresariado amplificar sus quejas a través del duopolio mediático, las que ligadas a la desaceleración económica, podrían crear en el corto plazo un clima de deterioro económico. Los numerosos artículos que han aparecido en la prensa del duopolio alertando sobre los peligros de la eliminación del FUT que ha planteado la Nueva Mayoría, son solo un primer indicio de lo que podría venir en el futuro.
Ante este escenario, Bachelet podría poner el freno y echar marcha atrás en las materias que incomoden al empresariado. Un deteriorado clima económico genera temor entre los actores económicos y entre la población se propaga con facilidad. Afecta con rapidez a la confianza en el gobierno, en especial en un país con una arraigada cultura basada en los mercados.
ARTICULACION FUTURA
DEL MOVIMIENTO SOCIAL
Pero no será tan fácil para el gobierno de la Nueva Mayoría repetir las políticas de los consensos de la Concertación, algo que los incidentes del verano dejaron como muestra. Desde los últimos años de la década pasada el país ha dado un giro radical. El clamor ciudadano, canalizado a través de los movimientos sociales, que surgió durante el anterior gobierno de Bachelet y se organizó durante el saliente, está preparado para observar y cautelar sus demandas a partir de marzo. Lo han dicho los estudiantes, los trabajadores y otras organizaciones sociales.
Basta revisar algunos de los más importantes referentes sociales para argumentar esta afirmación. Desde diciembre tanto los estudiantes universitarios como los secundarios han comenzado a lanzar claras señales de cómo será la relación con el gobierno que se instala este mes. Desde la Fech, su presidenta, Melissa Sepúlveda, ha marcado las grandes diferencias que han detectado entre las demandas del movimiento estudiantil y las propuestas de la Nueva Mayoría. Para el futuro gobierno el fin del lucro estará acotado a las universidades estatales; para los estudiantes, en educación no puede haber espacio para el lucro.
Una perspectiva muy similar tienen los estudiantes secundarios. Eloísa González, de la Aces, en una columna titulada “Bachelet y el fantasma que recorre las calles”, afirmó durante el verano: los secundarios -junto al movimiento social- estarán tomándose no solamente los colegios. “Chile será un país ocupado por sus habitantes y reales dueños: el pueblo chileno”.
Durante el año pasado el movimiento sindical logró dar un salto cualitativo, cual fue la unión de varios sindicatos para la articulación de demandas compartidas. Y en un modelo neoliberal que ha despojado de prácticamente todos los beneficios y derechos a los trabajadores, compartir demandas es fácil, las que van desde los salarios, a las jornadas de trabajo y al sistema privado de pensiones administrado por las AFPs.
El año pasado marcó un punto de inflexión para el movimiento laboral. Tal vez la huelga en el puerto de Mejillones puede usarse como emblema, la que fue apoyada solidariamente por los trabajadores de los puertos de todo el país. Y es en aquel episodio en el cual surgen las demandas compartidas, desde el fin de las AFPs al fin del lucro en la educación de sus hijos.
POLITICA DE ALIANZAS:
ESTUDIANTES Y TRABAJADORES
La política de alianzas sindicales corre a la par con un clima de conflictos laborales y huelgas en pleno desarrollo y crecimiento, las que superan en número y días a las de periodos anteriores. Sólo en los últimos meses están las huelgas de Correos, Asmar, Bodegas de Sodimac, Ripley y Montserrat, entre las más conocidas.
El gran salto de 2013 fueron las movilizaciones intersectoriales, las que han ido creciendo. Porque es cada vez más frecuente que las distintas grandes marchas cuenten con la participación de estudiantes y trabajadores, tanto del sector público como del privado. Hacia la mitad de diciembre numerosos sindicatos y centrales dieron una conferencia de prensa en conjunto con los principales líderes estudiantiles para sellar un pacto de movilización y lucha para impulsar las diversas demandas compartidas.
Y está el movimiento mapuche, que observa el regreso de Bachelet a La Moneda como el de un antiguo enemigo. Bachelet carga con el asesinato de Matías Catrileo hace seis años, crimen que las organizaciones mapuches no han olvidado, y con la aplicación de la Ley Antiterrorista. En una declaración publicada en diversos medios alternativos, el prisionero líder de la CAM, Héctor Llaitul, realizó un análisis sobre el futuro gobierno de Bachelet, cuyas reformas son simplemente una estrategia para contener a los movimientos sociales que tiene como objetivo el refuerzo del modelo de explotación neoliberal. Para Llaitul, “desde nuestras definiciones de mapuche autonomistas anticapitalistas, seguiremos en la senda de la resistencia y la reconstrucción nacional haciendo frente con diversas formas de lucha al nuevo gobierno, mientras se administre para los poderosos y en la medida en que se siga con la política de guerra contra nuestro pueblo”.
Ante este escenario lleno de tensiones, la Nueva Mayoría no podrá, como lo hizo la Concertación durante veinte años, gobernar con una cómoda administración del modelo
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 799, 7 de marzo, 2014