Dada las proverbiales estructuras y mentalidades autoritarias de nuestro continente, los procesos democráticos latinoamericanos han sido siempre muy limitados, contradictorios y problemáticos. El solo hecho de tratar de implantar estructuras y procesos democráticos en países con gigantescas y atávicas desigualdades económico-sociales, representa un desafío de inmensas proporciones.
En este contexto, es muy grande la tentación de los sectores oligárquicos e incluso de gran parte de las clases medias de contentarse con democracias más bien formales; y de ver cualquier intento por establecer profundas redistribuciones del poder y la riqueza como atentatorias contra derechos humanos fundamentales. Por lo mismo, es igualmente muy grande la tentación de los movimientos y líderes reformistas de desarrollar sus proyectos de cambio de manera radical y autoritaria; como medio de superar las resistencias del establishment. Es una dialéctica que hace muy difícil cualquier proceso efectivamente democratizador.
Esta realidad se palpa en toda su crudeza en el caso de Venezuela. Un proyecto de profundas transformaciones y con evidentes logros sociales (la “Revolución Bolivariana”) encabezado por un líder carismático como Hugo Chávez generó desde el comienzo fuerte resistencia de los sectores más conservadores. Incluso, ellos fueron capaces de efectuar un golpe de Estado fugazmente triunfante en abril de 2002. Posteriormente, en diciembre de 2005, realizaron un boicot a las elecciones parlamentarias para quitarle legitimidad al inminente triunfo del chavis- mo; y, permanentemente, han acusado de fraudes electorales al Gobierno, pese a que centenares de observadores extranjeros de las más diversas ideologías políticas han coincidido siempre en certificar la confiabilidad de los resultados. A tal punto que el propio expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, declaró en 2012 que “el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”.
En contra de dicha resistencia el gobierno de Chávez desarrolló una política sistemática de descalificaciones, de sectarismo y de “guerrilla verbal” que contribuyó también a una creciente y aguda polarización de la sociedad venezolana. Asimismo, utilizó frecuentemente recursos judiciales para perseguir a destacados opositores a sus Gobiernos. Además, logró la aprobación de leyes destinadas a restringir la libertad de expresión y utilizó facultades legales (es cierto, propias de la generalidad de los países latinoamericanos) para terminar con concesiones
de canales de televisión y radioemisoras. Por otro lado, ha fomentado como ningún otro país latinoamericano las radios comunitarias, de acuerdo a AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias). De todas formas, en Venezuela existe una diversidad ideológica en materia de medios de comunicación que países como Chile (en que no existe ningún diario ni canal de televisión de centroizquierda) podrían considerar muy envidiable.
Con la muerte de Chávez en marzo de 2013 –que recién había sido reelecto por cuarta vez consecutiva en octubre de 2012- la oposición estuvo a punto de lograr la derrota de su “sucesor”, Nicolás Maduro. Sin embargo, nuevamente aquella objetó la validez de los resultados electorales buscando deslegitimar completamente al nuevo gobierno. Aunque participó en las elecciones municipales de diciembre pasado, esperando que el mucho menor carisma de Maduro y las crecientes dificultades económicas del país se reflejaran, por fin, en un resonante triunfo. Sin embargo, sus expectativas se vieron tremendamente frustradas obteniendo una nueva derrota y por un margen muy significativo.
Es en este contexto que los líderes más conservadores de la oposición, encabezados por Leopoldo López (activo participante del golpe de 2002, como alcalde del municipio capitalino de Chacao), llamaron a manifestaciones de protestas indefinidas para lograr la “salida” del gobierno, esto es, su caída. Protestas que pueden ser análogas a las convocadas por la oposición chilena a Pinochet en 1983. Con la diferencia, claro está, que en Chile se busca-
ba la caída de una dictadura…
La evidencia más clara del objetivo golpista de las protestas lo proporcionó el propio López en un mensaje que dirigió a la población venezolana luego de haber sido detenido el mes pasado: “Nuestra causa ha sido, sigue siendo, y hoy más que nunca tiene que ser, la salida de este gobierno” (“Gestión”. El Diario de Economía y Negocios de Perú; 19-2-2014). Es notable como la gran prensa y televisión americana y europea han logrado desinformar a la opinión pública mundial, al socializar la idea de que la oposición venezolana está siendo víctima de la represión
de un gobierno cuasi-dictatorial; silenciando la explícita convocatoria golpista de sus líderes más radicales.
Esperemos que el gobierno venezolano aplique una fuerza proporcionada para mantener el orden público y dé señales claras de castigo a todo policía que se haya excedido en el uso de la fuerza. Ya el insistente llamado al diálogo de Maduro constituye un hecho muy positivo, que además ha recibido el respaldo de la gran mayoría de los países de la UNASUR. Y esperemos, sobre todo, que el grueso de la oposición venezolana acepte participar en dicho diálogo y deje de seguir engañada por un liderazgo golpista que, dada la polarización existente, puede llevar al país a la catástrofe de una guerra civil o de una dictadura que someta a Venezuela por muchos años. La preservación y consolidación de la democracia venezolana responde no solo al mejor interés de su pueblo, sino también al de todos los pueblos americanos.