Una parte de la ciudadanía, cada vez con más consistencia, exige no más abusos. La idea de transparencia avanza y sorprende a los abusadores agazapados en la banca, los partidos políticos , las empresas, las instituciones armadas, las iglesias (…) Lo que se pide a Carolina Echeverría es que transparente sus convicciones sobre los derechos humanos, pero los ministros nominados, Peñailillo y Burgos, la opacan con explicaciones banales e hipócritas.
La hija y el padre
La presidenta electa Michelle Bachelet ha nominado subsecretaria de las Fuerzas Armadas a Carolina Echeverría (PPD), hija de un coronel de Ejército (R), Víctor Echeverría, acusado de torturar y abusar sexualmente a personas detenidas en el regimiento Buin tras el golpe cívico militar de 1973.
Parece una decisión insensata, pero ¿qué responsabilidad tiene una hija por los actos inhumanos de su padre. Ninguna. Y entonces, ¿por qué es un problema que Echeverría asuma un cargo político, de confianza exclusiva de Bachelet?
Lo razonable es que los cargos de responsabilidad política sean ocupados por personas que garanticen a los ciudadanos honestidad, competencia y convicciones coherentes con los principios y programas políticos votados por la mayoría ciudadana.
Echeverría y los marinos torturados
Con estos criterios, el problema que presenta la nominación de la militante del PPD no es que sea hija de un torturador o abusador, sino que los ciudadanos no saben si ella reconoce como cierta o no las conductas que se le imputan a su padre y si las reconoce como verdaderas, ella las consiente o justifica, o bien las rechaza o condena.
Carolina Echeverría ha sido nominada para desempeñar un alto cargo de reponsabilidad pública y, por lo tanto, sus antecedentes han de ser transparentados ante la ciudadanía. No obstante ello, la presidenta electa la ha confirmado, desafiando las dudas o falta de credibilidad pública, ciudadana, por el silencio de la subsecretaria nominada sobre los hechos denunciados.
Una duda que se dispara cuando siendo Echeverría subsecretaria de Marina, en el primer gobierno de Bachelet, se permitió bloquear el acuerdo de los marinos torturados -por denunciar la conspiración de la Armada contra el gobierno de Allende- de ser reconocidos como funcionarios en retiro de la Armada a cambio que retiraran las denuncias judiciales por torturas infringidas por personal naval.
Peñailillo y Burgos
Por qué Michelle Bachelet ha avalado a la nominada Echeverría sin que ella haya aclarado su posición respecto de las conductas sobre las torturas y abusos de oficiales de Ejército (y de la Armada), entre ellos su padre, en los primeros tiempos de la dictadura cívico militar.
Las explicaciones de Rodrigo Peñailillo (PPD), el nominado Ministro del Interior, aumentan la opacidad del caso: “todos conocemos a Carolina Echeverría” (quiénes son todos), que “desempeñó un cargo en el gobierno anterior” (conocido, ahora, por el maltrato que le dio a los marinos torturados), “tiene una gran experiencia con las Fuerzas Armadas “[sic]” y sabemos de su compromiso en materia de Derechos Humanos”, (eso es precisamente la gran duda, que sólo ella puede aclarar).
Por su parte, su futuro superior, el nominado Ministro de Defensa, Jorge Burgos (DC), ha pretendido descalificar las denuncias de víctimas directas del entonces capitán de inteligencia del Ejército, Víctor Echeverría, cuando señala que “en un Estado de Derecho quienes determinan las responsabilidades penales son los Tribunales, no los denunciantes”, por lo tanto no son válidas las acusaciones contra el oficial.
explicación banal e hipócrita
O sea el capitán Echeverría no es torturador, ni abusador (ni secuestrador, pues sus detenciones no tenían formalidad legal alguna) hasta que no haya sentencia judicial a firme. Burgos razona de la misma manera como lo hacían, majaderamente, las autoridades de la dictadura para descalificar no sólo a las víctimas directas, sino a las defensas de la Vicaría de la Solidaridad y de organismos de derechos humanos chilenos e internacionales.
En estos 23 años de Estado de Derecho, la mayoría de violadores de derechos humanos -civiles y uniformados-, muchos de ellos identificados, como el coronel (R) Echeverría, o no han sido procesados o no han recibido sentencia. Pero no por ello no son acreditados torturadores. La “verdad fáctica” y la “verdad judicial”, además de tener tiempos diferentes, en muchas ocasiones no se encuentran, aún bajo un sistema democrático en forma.
Asimismo, Burgos justifica el silencio de Echeverría, al considerar “complejo” que ella deba responder por las torturas y abusos que comprometen a su padre, el coronel (r) del Ejército Víctor Echeverría. Es difícil y doloroso, pero imprescindible para la real transparencia, principio básico de una democracia que sintonice con la ciudadanía y no aquella que se aleja de ella con opacidades como las producidas por los futuros ministros Peñailillo, con su explicación banal y Burgos, con su explicación hipócrita