Algunos se escandalizan más por el lenguaje de los militares venales que por su aterradora corrupción.
Malditas ‘chuzadas’, que hace quince días exhibieron la descarada ilegalidad con que se graba a los colombianos desde oscuras dependencias del Gobierno… Benditas ‘chuzadas’, que hace ocho días destaparon las siniestras mafias de chanchullos e influencias enquistadas en las Fuerzas Armadas…
No se sabe qué ha llamado más la atención en los diálogos entre generales y coroneles que transcribió Semana: si el lenguaje, la desfachatez o el contenido delincuencial que registran las grabaciones. Propongo separar el primero de los otros dos. No vale la pena santiguarse por expresiones soeces pronunciadas entre amigos, como parece obsesionar a algunos comentaristas. Los militares no hablan como señoritas bien educadas, y muchos ciudadanos tampoco (“¡Le doy en la jeta, marica!”). No querría que salieran a la luz, por ejemplo, los análisis telefónicos que hago con mis amigos sobre los árbitros que perjudican a Santa Fe o al Barcelona.
El problema, pues, no es que un general utilice la palabra “culo”. El problema es el tamal que envuelve esa desapacible hoja: robar al Estado en licitaciones de armas, mientras humildes soldados exponen la vida combatiendo en la selva; ofrecer trato privilegiado a militares detenidos por asesinatos; invitar a que se organicen mafias para atacar a los fiscales; repartir mordidas para que “todos coman”; comprar el silencio de uniformados a fin de que no denuncien a los delincuentes con quienes comparten cuarteles… Esto es lo bochornoso. Lo otro es mera anécdota.
El Gobierno hizo bien al retirar a los militares y policías sospechosos, aunque habría sido más justo darles la oportunidad de explicarse ante su superior, el Ministro de Defensa, y aún es tiempo de limpiar el nombre de los generales que salieron por empujones inevitables de la jerarquía y no por estar comprometidos en delitos. Pero en este y otros casos, como los ‘falsos positivos’, el Gobierno lidera desde atrás. Primero denuncia la prensa y solo después reaccionan las autoridades, a veces atolondradas.
Digo esto para resaltar la importancia que reviste la prensa libre en cualquier sociedad, y más en una que sufre la corrupción medular que azota a Colombia. A juzgar por el reciente informe que publicó EL TIEMPO, en países vecinos –pienso sobre todo en Venezuela y Ecuador– sería imposible conocer escándalos como los citados, porque el Ejecutivo interfiere cada vez más en los medios. Pero este tema merece capítulo aparte. El que sigue.
Una peligrosa lección
Reina creciente preocupación internacional por el paulatino recorte de libertades en las llamadas nuevas democracias socialistas de América Latina. Lo vemos hoy en Venezuela. Está claro que son gobiernos elegidos por el voto popular y sería absurdo negar que algunos han logrado importantes avances en la lucha contra la pobreza. Pero estos regímenes del garrote en la calle y la mordaza en los medios de comunicación no representan el socialismo democrático con el que muchos soñamos.
Lo que está sucediendo es lejana consecuencia del golpe contra Salvador Allende. Hace 44 años, los chilenos eligieron libremente un presidente de izquierda que propuso hondas reformas sociales y juró hacerlas dentro de las instituciones. Tres años después, murió defendiendo la Constitución y subió una gavilla militar que, apoyada por Washington y la oligarquía nacional, canceló toda democracia y asesinó, deportó o encarceló a miles de ciudadanos.
Los jóvenes de entonces (esos que hoy gobiernan el continente) dedujeron una peligrosa lección: que en América Latina la democracia sirve para subir, pero no para quedarse. Por eso las malas mañas: las reelecciones, la demagogia, los recortes a la libertad de expresión, la represión… Rechazo, naturalmente, el autoritarismo que emana de dichos gobiernos. Pero, al final, la responsabilidad histórica es de quienes ahogaron en sangre el esperanzador experimento de Allende y la Unidad Popular.