“Se ha tratado a estas personas como delincuentes y no como lo que son, víctimas de un atropello, en este caso perpetrado por la Guardia Civil; imaginamos qué hubiera ocurrido si en el accidente de tren de Santiago hubiera habido una persona en situación irregular y lo que se hubiera hecho: en vez de atenderla, tratarla, cuidarla y ofrecerle la oportunidad del resarcimiento por parte del Estado (por los daños causados), se la hubiera encarcelado en un CIE: Esto no lo concebiríamos”.
La lógica es aplastante, pero de un modo absolutamente natural, sin llevarse las manos a la cabeza, ni clamar de rodillas con el fanatismo y la impotencia sembrada ante los ojos ajenos que no quieren ver; mas la que habla, la abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, lo hace con la templanza con que quien, desde Madrid, valora unos hechos que se suceden en Canarias como lo hacen en tantos puntos geográficamente proclives a la inmigración ilegal marcados en el globo terráqueo, y no clarifica más las causas de la situación cuanto más cerca está, físicamente, pues la razón no entiende de lejanías y no se inmuta ante la carencia de dioptrías de sus opuestos.
Y “porque si se tratara de un accidente ferroviario que afectara única y exclusivamente a personas inmigrantes, el tratamiento que se le daría desde todos los puntos de vista, el jurídico, el social o el mediático sería completamente distinto”, como dice la abogada, si se tratara de víctimas de nacionalidad española, o ya puestos ciudadanos de la Unión Europea y norteamericanos. “Desde nuestra posición es increíble que, más de un año después sigamos sin saber a qué velocidad iba la patrullera (de nombre Río Cabaleiro) cuando abordó una pequeña barquilla ocupada por 16 personas. Fernández trabaja con esta plataforma solidaria que se formó hace más de 25 años con el fin de luchar contra la exclusión social y se involucró de lleno en el caso de la patera hundida hace un año, en la madrugada del 13 de diciembre de 2012, en aguas conejeras. La valoración en la Coordinadora, asegura, es que la situación es de “absoluta insatisfacción” a las víctimas. “Tuvimos un naufragio con nueve muertos dos heridos graves y otras 16 personas afectadas y más de un año después no se ha hecho justicia ni para los muertos ni para los heridos”. Además, “nos encontramos con que después de un año intentando esclarecer los hechos en los juzgados y tribunales, continuamente se ha obstaculizado, no hay vocación por parte de los juzgados y tribunales de investigar qué es lo que ha ocurrido”, sin olvidar que “nos encontramos con que, a unos náufragos que son víctimas de un accidente gravísimo”, por lo peligrosos y temerario, “el tratamiento que se les dispensa es el encarcelamiento (confinamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros o CIEs) y la devolución a su país de origen”. Se les negó la oportunidad de personarse en el procedimiento judicial, se les negó la oportunidad de esclarecer todo lo ocurrido. Es por esto que, determina la letrada y activista, “entendemos que esta es una situación de menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, que son”, debe subrayarse, “víctimas”.
Los hechos
El quid de toda esta cuestión es, entre otras cosas, terminológico: se trata de, ¿el incidente?, ¿el accidente?, ¿el atropello? Por ahora se trata como “los hechos”, a expensas de término más apropiado. En la madrugada del 13 de diciembre del año pasado, una embarcación ocupada por 25 marroquíes jóvenes se aproximaba a la playa del Jablillo, al noreste de la costa lanzaroteña. Entonces es vista por la mentada patrullera ‘Río Cabaleiro’ y se inicia una persecución con variaciones de velocidad por parte de la patera, que aminora y acelera en una deriva confusa reflejo del movimiento, a su vez, de los miembros del cuerpo nacional de seguridad pública. El hecho es que, en cuestión de cinco minutos, la embarcación pequeña fue arrollada por la grande en un abordaje en el que la velocidad no se redujo en momento alguno. La tragedia sobrevino con el naufragio posterior, tras cuyo rescate sólo se recuperó un cadáver; otros seis jóvenes desaparecieron. Sobrevivieron 17 personas, de ellos tres menores. El episodio fue captado por las cámaras del SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior), que están emplazadas en la costa insular, a menos de 1.200 metros del lugar donde ocurrió el choque. De hecho, se hizo público y las imágenes se pueden ver en youtube. A raíz de la difusión de estas imágenes por parte de la Cadena Ser, el pasado mes de marzo, la única diligencia que admitió el juzgado de Arrecife fue la de buscar a los tripulantes de un velero que se puede observar en el vídeo, y que presuntamente se encontraba muy cerca del lugar del choque.
Los supervivientes, nada más llegar a tierra, fueron detenidos, menos uno de ellos que estaba gravemente herido y que fue trasladado de urgencia al hospital. Los demás fueron esposados y puestos a disposición judicial y “no se les interrogó sobre el accidente, no se les preguntó por nada de lo que había ocurrido, lo único que se les hace es incoarles un expediente de devolución (al país de origen) e internarles en el CIE (el de Barranco Seco)”. Como recuerda Patricia, en la primera toma de declaraciones las autoridades españolas no procedieron a requerir a los rescatados alguna información acerca de las causas del accidente, ni detalle que pudiese conducir a la elaboración de una investigación y al establecimiento de unas pesquisas con ese fin. Esto ocurrió “con posterioridad y gracias”, declara la abogada, “a un trabajo ímprobo de las asociaciones” que se implicaron y al trabajo “determinante” de la juez de instrucción encargada del control del CIE situado en el municipio capitalino de Gran Canaria. Así “se consiguió impulsar mínimamente la acción protectora de estas personas”. Tras la detención se les designó un abogado de oficio de Lanzarote, cuyo ámbito de actuación se limitaba, lógicamente, a la isla conejera y al que el turno de oficio no le cubría los desplazamientos interinsulares; de ahí la material desasistencia de estas personas, por entonces recluidas en el citado CIE grancanario, puesto que a aquel letrado le era imposible “ir y hablar con ellos” en persona.
Posteriormente, como se ha dicho, a instancia judicial, se les designan dos abogados del turno de oficio de Las Palmas de Gran Canaria Jorge Melián y Carlos Conesa, a cuyos esfuerzos se une la actuación voluntaria de los también abogados Daniel y Alejandro Arencibia, en una labor integrada junto a los familiares de la única víctima cuyo cadáver fue recatado, la propia Coordinadora de Barrios y la Federación de Asociaciones en defensa de los Derechos Humanos SOS Racismo, que participó en base a su activismo en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Desde la Coordinadora de Barrios se apoyó, así, el trabajo de sendos letrados de oficio, cuya “disponibilidad fue magnífica”, resalta Patricia, “su labor fue digna de encomio”.
El recorrido de todos estos hechos lo rememora Patricia de este modo: “Cuando Coordinadora de Barrios tiene conocimiento de lo que ha ocurrido y empezamos la asistencia jurídica directa de los internos en el CIE y a desentrañar lo ocurrido, solicitamos el auxilio de la juez de control del CIE al entender que es su competencia”. La magistrada “puso orden” entonces y recibió declaración de los inmigrantes marroquíes, dedujo testimonio en Lanzarote (esto es, abrió una nueva investigación para comprobar la posibilidad de un delito, en relación con los datos aportados por posibles testigos) y solicitó que se les designara abogado de oficio”, momento en que la coordinadora comienza a colaborar. Melián y Conesa interpusieron entonces un recurso contra las órdenes de devolución y solicitaron medidas cautelares, mientras que la Coordinadora de Barrios apoyó la labor de ambos letrados y se personó ante el juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, solicitando una investigación sobre los hechos.
Sin embargo, el Juzgado no atendió a la petición de los supervivientes. Se encargó a un perito que examinara las dos embarcaciones involucradas en los hechos y determinara las causas de la colisión, pero la Guardia Civil negó el acceso al libro de mantenimiento y a registros informáticos, además de al diario de a bordo. Lo más importante en este sentido es que no se han podido conocer las velocidades de las embarcaciones aquella madrugada. Los damnificados recurrieron entonces a la Audiencia Provincial, que el 26 de abril de 2013 señaló que el libro y los registros sí eran relevantes para la investigación judicial. Pero, “aún hoy, ese secreto sigue guardado”, como resalta Fernández. A todas estas, la coordinadora presentó un procedimiento contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional recurriendo la negativa del Ministerio de Fomento y su comisión de investigación de accidentes marítimos a abrir una investigación ante el palmario secuestro de documentación por parte de la Guardia Civil.
Puesto que se trata de una patera…
En todo caso y al hilo del mapa judicial, resalta Patricia que “deploramos enormemente la actitud de la Fiscalía de Canarias en este caso”, un caso que ha pasado sucesivamente por el ojo crítico de tres magistrados distintos. Ocurre que aquellas víctimas, procedentes de las costas africanas, ya no al ingresar en el Centro de Internamiento y quedar bajo custodia policial, sino al pisar territorio español, quedaron despojadas de unos Derechos, los Fundamentales, que con el DNI español en propiedad son irrenunciables por mandato constitucional, y en base al Derecho Internacional; no es el caso de los ‘sin papeles’. Y es que “no podemos olvidar que los derechos no sólo hay que reconocerlos, sino que hay que posibilitar su ejercicio fáctico”. Esto es: que “las personas tienen que estar en disposición de poder hablar ante un juzgado de instrucción y desde luego una persona encarcelada no puede”; y tienen “derecho a la asistencia del letrado que se les ha asignado”, pero el abogado estaba en Lanzarote y este derecho no se garantizó hasta después.
Una serie de acciones protectoras hizo viable la tutela jurídica de los inmigrantes por parte de un abogado del turno de oficio de la capital grancanaria, gracias a la orden de asignación de la magistrada de control del CIE. Y sin embargo, “todo eso no fueron más que parches en una acción que inicialmente entendemos que fue francamente desafortunada”, reprocha Patricia. De hecho, prosigue, “aún hoy seguimos exigiendo al ministerio de Fomento que investigue el accidente”, pues la institución no ha procedido a hacerlo, a lo que los afectados respondieron en su momento con la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por la inacción mostrada desde Fomento en el estudio del accidente, “entendemos que no es procedente que un accidente marítimo, donde ha habido nueve personas fallecidas y dos heridos graves, se salde con la resolución de que, puesto que se trata de una patera, no van a investigar, esto es inconcebible”, tal y como denuncia la abogada. La apelación se encuentra pendiente de resolución.
Los inmigrantes fueron devueltos a Marruecos apenas 60 días después del incidente, y quedaron en España tres personas que fueron encarceladas: el presunto patrón de la patera y otros dos menores, que fueron trasladados a un centro de protección y “cuyo destino actualmente desconocemos, suponemos que estarán siendo objeto de protección por parte del Cabildo, pero no sabemos”, objeta Patricia. El acceso por parte de la Coordinadora de Barrios al contacto con los inmigrantes afectados se produjo una vez fueron internados en el CIE de Barranco Seco, y como los menores nunca se recluyen en estos lugares “no tenemos acceso a ellos”, asegura la letrada. En el caso del presunto responsable y patrón de la patera, Jamaa Zahouani, encerrado por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de omisión del deber de socorro, el juez que en agosto se encargaba del caso decretó su libertad provisional, después de ser el único imputado, aún, por el todavía calificado como accidente.
Patricia recuerda que la colaboración fructificó “gracias al trabajo del Colegio de Abogados de Las Palmas y el juzgado de control del CIE”, y prevé sin dificultad que “esta es una carrera de fondo”, una vez que los derechos de las víctimas no han podido ser garantizados, con vistas a lograr la depuración de las responsabilidades oportunas e implicadas en la tragedia.