Su compromiso con que “se cumplan todos los actos contemplados en la ley para la correcta y oportuna evaluación ambiental” de los proyectos de inversión, manifestó la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) a raíz de la reciente entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA)
El presidente de ANFUSEA, Francisco Cabrera, señaló que la organización estará atenta a la implementación del reglamento junto con destacar que velarán por el correcto desempeño por parte de los trabajadores
“Creemos es nuestro deber como funcionarios públicos en términos de contribuir a implementar y mejorar políticas públicas, así como del control público de dichas políticas”, indicó.
En ese sentido, señaló que ANFUSEA es una organización profundamente comprometida con la democracia, los trabajadores y sus demandas, entre las cuales se encuentran el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
“Estamos empeñados en que las evaluaciones de todos los proyectos que ingresan al SEIA se realicen dentro del marco de la transparencia y en estricto apego y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, donde la participación ciudadana constituye uno de los ejes principales, por cuanto es el mecanismo a través del cual la ciudadanía es informada sobre los alcances de los proyectos en evaluación y como éste afecta en forma directa o indirecta a las poblaciones y comunidades potencialmente afectadas”, afirmó.
Cabrera destacó que los funcionarios del SEA desempeñan su labor con plena probidad, con un marcado profesionalismo y dentro del contexto de la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos de inversión, “haciendo caso omiso respecto del origen e importancia económica del titular del proyecto y entregando una opinión técnica y de manera desinteresada respecto del monto de inversión de dicho proyecto”. Los profesionales que realizan las tareas de evaluación ambiental no “toman ninguna decisión respecto de su aprobación o rechazo”, relevando que son las autoridades políticas de los servicios que componen la Comisión de Evaluación, de cada una de las regiones, quienes por Ley tienen dicha potestad.
“Reconocemos la plena atribución de la autoridad para aprobar o rechazar un proyecto, sin embargo, para avanzar en la institucionalidad ambiental, sugerimos se transparente el hecho de que dicha aprobación o rechazo no está asociada necesariamente con la evaluación técnica del proyecto, sino que con las definiciones y objetivos estratégicos de la autoridad correspondiente”, expresó.
Finalmente, indicó que los profesionales de este Servicio, agrupados en la ANFUSEA, como trabajadores del Estado, mantienen y mantendrán una independencia respecto de las administraciones que están a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental a fin de garantizar la correcta y oportuna evaluación ambiental de los proyectos.