El Comité Memoria y Justicia (CMJ), de Ginebra, informa a los chilenos de Ginebra, de Suiza y de Europa de la decisión adoptada el 19 de diciembre de 2013 por el gobierno chileno saliente, de excluir de la Policía de Investigaciones al Prefecto Sandro Gaete, destacado funcionario de la policía judicial. Numerosas asociaciones de defensa de los DD.HH. testimonian públicamente del compromiso activo de este funcionario en la investigación y búsqueda de responsables de crímenes durante la dictadura cívico-militar que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende.
Podemos constatar que los sucesivos gobiernos post-dictadura mantienen una política muy restrictiva en el terreno de los Derechos Humanos. Esta política no favorece la obtención de justicia; por el contrario, conduce a esquivar los compromisos que Chile ha suscrito en tratados y convenciones internacionales. Hoy en Chile, un crímen imprescriptible como la desaparición forzada es castigado con sólo 5 años y el culpable no va a la cárcel. Así se aplica la justicia en Chile, a pesar que la Convención de la ONU pertinente ha sido debidamente ratificada! Por la vía de dictar sentencias ridículamente bajas, de permitir todavía tribunales militares, de aplicar amnistías, de desplazar funcionarios comprometidos con la dictadura a funciones internacionales, y de desplegar un sinnúmero de medidas dilatorias, el sistema político-judicial chileno muestra su poca disposición a garantizar la justicia y la reparación a las víctimas.
Es en este contexto que debe entenderse el caso que aquí exponemos, la expulsión de la institución policial chilena del funcionario Sandro Gaete. Se trata del último capítulo del proceso de desmantelamiento de los órganos policiales (Departamento Quinto, llamado luego Brigada de Derechos Humanos) creados para ayudar a los jueces que investigan las violaciones de los Derechos Humanos. El trabajo riguroso y profesional de todo un grupo de policías permitió enormes avances en el establecimiento de la verdad de los hechos y llevar a decenas de militares y civiles ante los Tribunales.
Esta misma honestidad de los mencionados policías los ha puesto en conflicto con el establishment policial, aún muy marcado por su implicación con la Dictadura. Así, el Prefecto Gaete se negó a aceptar, en 2008, la tentativa del entonces Director de Investigaciones, Arturo Herrera Verdugo de encubrir la participación de un general de Ejército en situaciones de violación de derechos humanos, para sustraerlo a la acción de los Tribunales. La reacción de Herrera Verdugo fue la de desplazar a puestos menores a los funcionarios que se opusieron y que denunciaron la tentativa de encubrimiento. Estos hechos marcan el inicio del desmantelamiento del trabajo de Derechos Humanos en la Policía. Estas medidas contaron con la aprobación política del primer gobierno de Bachelet. Más aún: ese mismo Gobierno apoyó, el mismo año, la candidatura (fallida!) de Herrera Verdugo a la presidencia de la Interpol.
Poco tiempo después, el Gobierno de M. Bachelet logró que el jurista Francisco Orrego Vicuña fuera designado Juez ad hoc en el Tribunal Arbitral de La Haya, pese a haber sido un fiel funcionario de la Dictadura, Embajador de Pinochet en Londres entre 1982 y 1985, en la época de la Guerra de Malvinas. No es el mejor representante de Chile, cuando el país tiene serios problemas con sus vecinos. Nos parece que este tipo de designaciones muestra el peso de que podríamos llamar «la complicidad institucional». Se trata de una práctica que llega a niveles muy sofisticados, y cuya raíz está contenida en la intención restrictiva, expresada ya en los años ’90, por el Presidente Aylwin, de “hacer justicia en la medida de lo posible”.
El Comité Memoria y Justicia de Ginebra se une a la protesta de muchas organizaciones de Derechos Humano contra la coincidencia de intereses de los sucesivos gobiernos chilenos que se confabulan para frenar y diluir la aplicación de justicia.
Desde ya, pedimos a Michelle Bachelet, nueva Presidenta de Chile, que anule la arbitraria exclusión del Prefecto Sandro Gaete, y que haga saber su real voluntad de reforzar los órganos policiales de Derechos Humanos, para investigar a los violadores de DD.HH. que aún se pasean por las calles de Santiago.
CMJ, Ginebra (Suiza), 4 de Enero de 2014