La presidenta electa decidió enviar un proyecto de “reforma total” a la Carta Magna en el segundo semestre de 2014, la cual será sometida a tramitación en el Legislativo. Sin embargo, la idea es la de generar instancias de participación para que sea escuchada la ciudadanía, por lo que se estaría dejando fuera de competencia, por ahora, la posibilidad de generar un poder constituyente que sea distinto al del Parlamento.
La Presidenta electa, Michelle Bachelet, decidió elegir al Congreso Nacional como la vía para elaborar una nueva Constitución, descartando, por ahora, realizar una Asamblea Constituyente. Lo anterior fue comunicado por el jefe del equipo constitucional de la mandataria, Francisco Zúñiga, quien señaló que la decisión de la discusión de una nueva Carta Magna se trasladará al Poder Legislativo por medio de un proyecto de reforma total, cuyos contenidos y plazos los definirá la mandataria.
La determinación adoptada por la mandataria generó diversas reacciones al interior de la Nueva Mayoría y de quienes están fuera del pacto opositor y que abogan por la realización de una Asamblea Constituyente.
El propio Zúñiga explicaba el sábado en La Tercera que Bachelet ha definido que la característica que tiene “el alumbramiento de una nuevaConstitución sea un procedimiento institucional democrático participativo. Desde esa perspectiva, la decisión es priorizar el alumbramiento de una nueva Constitución por el ejercicio del poder constituyente derivado, que está residenciado en el Congreso. Para esos efectos, se va a remitir un proyecto de reforma total de la Constitución al Congreso Nacional. El contenido de ese proyecto, los plazos que el gobierno fije para despachar la reforma total, los va a definir la presidenta”.
Y agrega que si se recurre al mecanismo de comisión bicameral o si el Congreso resuelve hacer audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía, al mundo social o las universidades, será una definición que corresponde al Congreso.
Además, explica que la Asamblea Constituyente no está descartada al igual que el Congreso constituyente o referéndum. Sin embargo, aclara que “la prioridad la tiene hoy la vía del Congreso Nacional”.
Por su parte, el presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que a pesar que la AC es un mecanismo participativo, no es el único, ya que “está la instancia de diálogos ciudadanos y en eso Bachelet tiene mucha experiencia. No tengo duda que se cumplirán los principios en torno a los que se definirá el mecanismo, subrayando la participación”.
En la misma línea está el timonel del PRSD, José Antonio Gómez, quien es uno de los impulsores de la AC al interior de la Nueva Mayoría, precisando que la fórmula propuesta por la mandataria va en el sentido del compromiso adquirido, pero aclaró que no se lograrían generar “profundos cambios”.
“La composición del Parlamento no da los votos para hacer un cambio profundo, por lo que se va a requerir un segundo paso, que puede ser la vía del plebiscito”, dijo.
Sin embargo, también hay voces disidentes a la idea de instalar la discusión en el Congreso. Ya la propia vocera del movimiento “Marca tu Voto”, Javiera Parada, insistió en que el Congreso Nacional no da las garantías de representatividad.
“Es un Congreso elegido bajo el binominal, que tiene que actuar bajo las normas de esta Constitución y, por lo tanto, un proceso alojado en ese lugar no puede dar como fruto una nueva Constitución”, aseguró.
Otro que concuerda con Parada es el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien señaló que “partir por la vía de un Congreso desprestigiado, con crisis de legitimidad y representatividad, me parece un camino conservador”.