Hace una semana el Consejo Universitario aprobó la propuesta de compra/venta del hospital universitario J.J. Aguirre de la Universidad de Chile, por un monto de $53.000 millones con compromisos anuales de arriendo por un lapso de 15 a 20 años con la banca financiera.
Esta operación, conocida como “leaseback”, consiste en generar la liquidez suficiente para mantener el capital de trabajo en el corto plazo, permitiéndole operar sin dificultades. Sin embargo, también constituye “un acto de enajenación de patrimonio institucional”, como lo denominan distintas organizaciones universitarias.
Esta salida tomada termina de privatizar el único hospital universitario perteneciente a una universidad estatal. El paso siguiente, según la normativa propia de la Universidad, es que dicho acuerdo del Consejo Universitario sea ratificado o rechazado por el Senado Universitario.
Ayer los representantes de distintas organizaciones al interior de la Universidad se manifestaron en la sesión del Senado para oponerse a esta medida. La resolución se dará en las próximas sesiones, sin embargo, la posición del Rector de la Universidad de Chile es llevar a cabo lo más pronto posible este trámite, en vista del proceso de acreditación que se le viene al Hospital el próximo año.
La historia de la pérdida de sentido
El hospital de la Universidad de Chile fue fundado en 1872 bajo el nombre de Hospital San Vicente De Paul. Desde sus inicios se caracterizó por responder a las necesidades de salud de la población, convirtiéndose en uno de los hospitales más grandes de Chile de aquella época.
Sin embargo, durante la dictadura se reforma el servicio nacional de salud y, por tanto, el J.J. Aguirre deja de ser un hospital público y pasa a ser catalogado como hospital privado universitario. Con esta medida, termina por sufrir el recorte presupuestario y debe asumir la lógica del autofinanciamiento que impacta también a la universidad.
Esto significó que el hospital entra al mercado de la salud, caracterizado por la extrema mercantilización Actualmente, sólo el 5% del presupuesto es financiado por la universidad y el resto es a partir de venta de servicios.
Hasta el día de hoy, este recinto ha vivido una precarización que repercute a pacientes, estudiantes y a sus trabajadores. Ante esta situación, son muchos los estudiantes, académicos, funcionarios y gremios que desean reincorporar el hospital a la red pública.
El hospital posee una deuda acumulada de más de 40.000 millones de pesos. Sin embargo, es necesario además otros 10.000 millones para acreditarse. La “hipotecación2 del hospital es la perdida “virtual” de la propiedad de la universidad. En el caso de no pago, este recinto pasaría a las manos de una entidad financiera.
El rechazo de la comunidad
Las distintas organizaciones gremiales y estudiantiles manifestaron su preocupación y rechazo ante la decisión del Consejo Universitario. Mediante una declaración, la Asociación de Académicos de Chile (ACAUCH), la Federación de estudiantes de la Universidad De Chile (FECH) y la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), demandaron a las autoridades a generar un plan de desarrollo para el hospital clínico participativo y un financiamiento acorde a la visión de una universidad pública y estatal.
De la misma forma, el Consejo de Estudiantes de la Salud de la Universidad de Chile enfatizó en su lucha por recobrar el rol público del hospital, de tal forma que atienda las necesidades de salud de la población en general. Por tanto, creen que hipotecar “El Jota” es hipotecar la posibilidad de construir una universidad y una salud pública al servicio de la comunidad.