1. Fundamentos para apoyar a Ecuador en su lucha contra la transnacional Chevron
La empresa transnacional estadounidense Chevron ha puesto en marcha una campaña contra Ecuador y las personas afectadas por la contaminación provocada por sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana. Millones de dólares destinados a pagar abogados y publicidad en medios de comunicación, con procedimientos judiciales de todo tipo y en distintos lugares. Es la contrademanda al juicio que condenó a la transnacional a indemnizaciones por el desastre ecológico.
Desde 1964 al 1992 la petrolera Texaco (comprada por Chevron en el 2001) se dedicó a la extracción de crudo en la Amazonía ecuatoriana. En ese periodo vertió 80.000 toneladas de residuos petrolíferos, 85 veces superior al desastre provocado por la British Petroleum en el Golfo de México.
Según peritos internacionales, el deterioro ambiental en la zona ha provocado la muerte de más de mil personas, afectadas de cáncer; la desaparición de dos pueblos ancestrales (Tetetes y Sansaguaris) junto a la emigración de las comunidades Cofan, Siona y Secoya; y, graves afecciones a la ganadería y pesca de esa zona amazónica. En suma, graves atentados al medio ambiente y a los derechos humanos.
En año 1993, 88 indígenas, víctimas de la tragedia ecológica, demandaron a Texaco en tribunales de los Estados Unidos, los que se declararon incompetentes. Así las cosas, la controversia judicial se instaló en el Ecuador. La empresa estaba muy satisfecha que el conflicto se resolviera en Ecuador, ya que su poder y redes de influencia eran manifiestas.
Sin embargo, en 2011, un tribunal de primera instancia ecuatoriano emitió una sentencia por la que Chevron-Texaco debía indemnizar a las comunidades afectadas por el latrocinio, la que fue posteriormente ratificada por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. La suma, en definitiva, a cancelar es de 9.510 millones.
La empresa no aceptó la sentencia ni los procedimientos judiciales y puso en marcha una contrademanda, utilizando todos los mecanismos del Derecho Corporativo Global para favorecer sus intereses. En definitiva, rechazó la soberanía nacional de Ecuador, que originalmente había aceptado para el juicio. Y su esfuerzo actual apunta a aprovecharse de un sistema jurídico internacional asimétrico, que apoya a las transnacionales.
Es sabido que los sistemas de arbitraje, previstos en los tratados bilaterales o regionales de comercio e inversiones, colocan, en los hechos, a las empresas transnacionales en planos jerárquicamente superiores a los derechos de las mayorías sociales. Y las multinacionales son siempre las beneficiarias de los mecanismos de resolución de conflictos en los tribunales arbitrales y su inobservancia puede acarrear consecuencias económicas muy duras para los países y comunidades afectadas.
Así las cosas, Chevron-Texaco decidió utilizar el tratado bilateral de protección de inversiones entre EEUU y Ecuador —que entró en vigor en 1997—para denunciar a este país ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Sin embargo, aquí hay dos hechos sorprendentes: primero, la quiebra del principio de retroactividad, ya que el tratado entró en vigor cinco años después de que Texaco abandonara el país; segundo, no fue el Estado ecuatoriano quien demandó a la multinacional sino las comunidades afectadas, por lo que el tratado bilateral no debía haberse activado en ningún caso. El laudo arbitral aún se encuentra pendiente.
Por otra parte, Chevron en 2010, también demandó ante la Corte Federal de Nueva York a los representantes legales de las comunidades denunciantes por asociación criminal con el argumento de chantajear a la petrolera. La multinacional solicita, además, que sea el gobierno del Ecuador el que se encargue de abonar la indemnización a la que el tribunal ecuatoriano la ha condenado.
Chevron es defendida incondicionalmente por el país de origen de la transnacional y, en definitiva, la guerra jurídica contra Ecuador se sustenta en la defensa de un orden jurídico-económico internacional radicalmente injusto.
El caso Chevron pone manifiesto cómo las empresas transnacionales se convierten en poderosos agentes cuyo accionar depredador no es diferente al empleado por similares empresas en otros países. Al mismo tiempo, la arquitectura jurídica global se encarga de respaldar ese accionar en desmedro de las condiciones económicas y socio-ambientales de los países donde operan.
Chevron-Texaco debería cumplir la sentencia, abonar las indemnizaciones correspondientes y someterse al ordenamiento jurídico de Ecuador. Por otra parte, resulta fundamental un Tratado Internacional para el control de las empresas transnacionales, en el marco de Naciones Unidas, para terminar con la impunidad de sus operaciones en los países en desarrollo.
2. Apoyar a Ecuador para defendernos de las agresiones de las transnacionales y avanzar en al integración regional
Hemos conformado un Comité de Apoyo al Ecuador para que “La mano sucia de Chevron” responda por el deterioro del medio ambiente en la Amazonía y la grave afectación de las comunidades.
Nuestro compromiso con Ecuador es al mismo tiempo parte de la lucha del pueblo chileno para frenar el comportamiento irresponsable de las transnacionales pesqueras, mineras, eléctricas y productoras de celulosa. Los casos de Barrick Gold, en el norte y de Hidroaysén, en la Patagonia, son paradigmáticos del atentado de las transnacionales a los derechos humanos fundamentales de las comunidades locales. Al mismo tiempo, sus presiones sobre el poder político para la aprobación de los proyectos han revelado la debilidad de la institucionalidad chilena, la que sólo ha podido ser contrarrestada con el vigor de las movilizaciones sociales.
El caso Chevron debiera convertirse en referencia para que todos los países de América Latina definan una política común frente al capital extranjero, que se convierta en un componente ineludible de nuestra integración regional. Debemos terminar con el grave error que nos ha conducido a competir entre hermanos latinoamericanos para traer capitales que han sido, muchas veces, depredadores en la explotación de nuestros recursos naturales y que han atentado gravemente contra el medio ambiente y los derechos humanos.
Finalmente, proponemos que el Parlamento y Gobierno de Chile se pronuncien solidariamente con el gobierno ecuatoriano frente a la agresión de Chevron. Al mismo tiempo, es el momento para que ambos gobiernos propongan en CELAC la elaboración de una política de regulación común frente a las transnacionales. Esa regulación debiera contener un mismo trato para cada uno de los países de la región en el cobro de royalties, relaciones laborales, normas medioambientales, precios de transferencias, entre otros aspectos.
Diciembre 2013