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La municipalidad de La Reina ha hecho una serie de modificaciones a su instrumento de planificación territorial y el proyecto respectivo se lo envió a la Seremi de Vivienda y Urbanismo para que, previa revisión, esta especializada función pública emitiera un informe favorable con el cual dicho plan regulador se podía publicar en el Diario Oficial y así la nueva normativa empezaba a operar.
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El 9 de septiembre pasado se publicó en el Diario Oficial tal plan regulador ya que contaba con la autorización de la institucionalidad que velaba por el cumplimiento de la ley ambiental, hoy reemplazada afortunadamente por un nuevo marco regulatorio.
Pero como se detectaron varios errores en la tramitación administrativa del mismo, diversos grupos ciudadanos locales acompañados por nuestra Fundación, objetaron en la aludida Seremi una serie de desinteligencias y omisiones que hacían inviable la vigencia del plan regulador. En paralelo presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Corema, describiendo todas las equivocaciones siendo la más grave la omisión voluntaria de la falla geológica activa de San Ramón. Todos los intervinientes en el trámite respectivo conocían los estudios científicos que daban cuenta de la existencia de esa fisura bajo tierra, pero optaron por mirar hacia el lado para que así la tramitación fuera más rápida.
Fue tanta la negligencia municipal en la elaboración del texto modificatorio que hasta
se incluyó en el listado de los “Inmuebles de Conservación Histórica” la Capilla Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Loreto, ubicada en Av. José Arrieta Nº 8220, la que, como consecuencia del fuerte movimiento telúrico del 27 de febrero pasado, fue gravemente afectada. Ante tal desgracia irreparable la capilla se demolió en el mes siguiente y a pesar de ello, aunque el lector no lo crea, forma parte de los inmuebles protegidos en ese plan regulador comunal, irregularidad que le fue oportunamente representada a ese municipio por la Coordinadora Vecinal de La Reina, solicitándole además una serie de antecedentes conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia.
Recientemente la Corte de Apelaciones admitió el recurso de protección presentado por los grupos ciudadanos y enseguida, por la contundencia de las argumentaciones allí expresadas, aprobó una orden de no innovar respecto de la debilucha calificación ambiental de la Corema, lo que significa que la modificación urbanística quedó congelada, retrotrayendo la situación del Plan Regulador a la fecha anterior a su publicación en el Diario Oficial, es decir, los cambios urbanísticos propuestos y aprobados por el Concejo Municipal de La Reina no existen legalmente. Dado que el presidente de la Corema es el intendente, el cual ya fue notificado por la Corte de Apelaciones, entendemos que esta autoridad de gobierno ya le expresó por escrito al alcalde Montt lo que sucedió con la relajada Declaración de Impacto Ambiental.
Ahora esperamos que la Seremi de Vivienda y Urbanismo, tal como lo fija el artículo 15º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, le solicite al Contralor General de la República la instrucción de sumarios administrativos al interior de esa municipalidad con la idea de que examine los comportamientos de los funcionarios que tan livianamente aprobaron el plan regulador con tal cúmulo de errores.
Por lo relatado, está claro que todavía no funcionan con la excelencia prometida este tipo de instituciones públicas, lo que debe hacer recapacitar a La Moneda, más todavía si sabemos que hay una enérgica instrucción de la Contraloría General de la República llamándole la atención al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por los deslices que se han cometido en el pasado con la confección de los planes reguladores a nivel nacional.
Quisiéramos que a partir de ahora, en este ámbito de materias, opere en plenitud el “do it the chilean way”, asociado al excelente trabajo de los ingenieros y rescatistas de los 33 mineros en Atacama, repetido en sus citas oficiales por el presidente Piñera en su periplo por Europa.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”