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Sólo la presión de sectores organizados y movilizados puede zanjar el conflicto que opone a los prisioneros políticos en huelga de hambre con el Estado chileno. El nudo gordiano puede romperse y una tragedia evitarse si la sociedad civil genera una correlación de fuerzas favorable al reconocimiento de las legítimas reivindicaciones del movimiento mapuche.
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La legitimidad la tienen quienes luchan por una causa justa en contra de un Estado irrespetuoso del Derecho. Tendrían que saberlo los liberales admiradores de John Locke. Que Chile tiene un déficit enorme de legitimidad en materia de justicia.
Simple.
Ha sido gracias a la fuerza y la voluntad de los luchadores mapuche que el pueblo chileno comienza a tomar consciencia que las leyes que lo gobiernan no son justas. Que no respetan el debido proceso. Que el aparato estatal atenta contra las sacrosantas libertades individuales mismas. La razón: la Ley Antiterrorista viola la presunción de inocencia de las personas acusadas de delitos. Además, la aplicación de la justicia militar a delitos civiles es un residuo dictatorial. Doble juicio y leyes irrespetuosas de los derechos fundamentales son formas jurídicas ilegítimas e ilegales en una sociedad democrática. Son una aberración para cualquier jurista de un país donde impera el Derecho. Y el uso de testigos sin rostros, bajo apremios ilegítimos (tortura), es lo peor que ha producido la práctica de la ideología de la “guerra permanente” y la contrainsurgencia para criminalizar a movimientos sociales.
Y ante leyes injustas el mismo liberalismo político de Locke justifica la rebelión y la desobediencia civil. Eso sucede cuando el poder legislativo (binominal) no cumple su función: cuando no se legitima como organismo fiscalizador de las leyes. Es la otra cara del legalismo chileno. Su ineficacia.
Pero el Presidente y sus ministros hacen propaganda. Prefieren hablar de “apremios ilegítimos” y de “intransigencia” por parte de los huelguistas. Es una retórica malsana y de mala fe. De hecho los hombres del Presidente tendrían que reconocer que Chile está atrasado en lo que es el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos originarios. Es una evidencia: la violencia estatal y policíaca ilegítima ha sido utilizada durante siglos contra un pueblo que ha resistido.
Y la Concertación también erró. Quiso imponer la hoja de ruta del Estado e hizo caso omiso de la necesidad de una gran consulta al pueblo mapuche. Debió haber entregado los medios para que ésta se realizara. Ante el conflicto, prefirió reprimir.
Actualmente el peligro viene del gobierno. Sus estrategos no pueden dejar de pensar en la Araucanía en términos neoliberales. Ven el territorio mapuche como un mero factor productivo rico en recursos que deben ser explotados según criterios de rentabilidad. Es el famoso Plan Araucanía.
Esta lógica capitalista es depredadora. En efecto, se opone y choca con la cosmovisión y la esencia histórica de la cultura mapuche que defienden tanto los luchadores presos como la gran mayoría de su juventud y comunidades. Es el Talón de Aquiles de la “legitimidad” del discurso piñerista y de los economistas neoliberales de Libertad y Desarrollo, al cual pertenece el ministro Larroulet. A largo plazo no son creíbles.
La resistencia de los autóctonos de Chiapas en el sur de México surgió a fines de los ochenta cuando el Gobierno de Salinas de Gortari cambió la Ley Agraria, permitiendo la división y la venta de tierras que pertenecían a formas ancestrales y comunitarias de tenencia de la tierra llamadas Ejidos. Salinas lo hizo con el fin de permitir que las multinacionales compraran tierras autóctonas y explotaran y destruyeran, bosques, ríos, lagos y mares. De ahí vino la rebelión Zapatista.
La cosmovisión de los mapuche y de sus luchadores es portadora de valores contemporáneos de armonía entre el ser del hombre y la naturaleza, muy cercanos también a los de una buena parte de la juventud chilena y mundial. Estos valores emergentes se contradicen con los intereses y la ideología productivista de las oligarquías propietarias chilenas en sus formas nacionalistas, conservadoras y liberales.
Quien debe cambiar de “approach” ante el conflicto con el pueblo mapuche es el Gobierno. De manera estratégica, si no negocia ahora con los huelguistas y no busca la manera de convencer a los lobbys madereros, mineros y energéticos; a los intereses latifundistas y a los oligarcas y políticos de derecha que hay que ceder y liberar a los prisioneros y amnistiarlos, éste y los otros gobiernos estarán sentados en un volcán.