Este segundo volumen viene a complementar una trilogía crítica sobre la seudo democracia chilena. Las dos obras anteriores se refieren al período de la transición a la democracia – La democracia tutelada y el Volumen I de Los mitos de la democracia chilena, de la conquista a 1925 – por lo que sólo faltaría para construir una visión acabada de la historia de Chile un tercer Volumen que abarcara desde 1938 a 1973.
Felipe Portales es implacable cuando emprende la tarea de demoler los mitos de nuestra seudo democracia; cada una de sus afirmaciones está respaldada por una documentación muy rica, que corresponde a una investigación seria, profunda y acuciosa – el Volumen que comentamos tiene más de tres mil referencias –
En Chile siempre ha predominado un régimen político de castas: en el siglo XIX la aristocracia, en su versión autoritaria y liberal; en el siglo XX, la plutocracia parlamentaria y, posteriormente, la oligarquía aliada a la mediocracia y, a finales de siglo, las castas concertacionistas y aliancistas – el gobierno de los nuevos ricos, que perdura hasta hoy-.
Un régimen democrático se define al menos, tres elementos básicos: sistemas electorales que garanticen la participación de las mayorías; vigencia del Estado de derecho y promoción y respeto a los derechos humanos. Portales, en su obra, nos prueba cómo en la llamada democracia chilena estos tres elementos, en la práctica, han sido vulnerados.
Durante el siglo XIX el presidente designaba a sus sucesores, a la totalidad del senado y a la mayoría de la cámara de diputados en base a un sistema electoral muy restringido. La intervención del Ejecutivo fue reemplazada, después de la guerra civil de 1891, por el cohecho, que un distinguido profesor de derecho definía como un “correctivo” del sufragio universal. Como bien lo recalca el autor, la derecha en el poder despreciaba el sufragio universal y era mas bien partidaria del llamado “voto plural”, es decir, que aquellos sectores de mayor educación tuvieran dos o tres votos más que los sectores populares.
El autor nos aporta, además, en ambos volúmenes de Los mitos de la democracia chilena, dos antecedentes muy interesantes – ignorados por otras obras historiográficas – en el Volumen I, citando a mi abuelo, Manuel Rivas Vicuña, recuerda que en 1911 Alberto Edwads, un historiador bastante autoritario, planteaba dividir el territorio en múltiples distritos electorales y que en cada uno se eligieran dos diputados; esta idea del último pelucón fue, posteriormente, aplicada en la legislación de la dictadura de Augusto Pinochet y no ha sido reformada hasta hoy. En el Volumen II Portales nos recuerda que la cédula única fue empleada en la elección presidencial de 1925, donde Emiliano Figueroa, candidato de todos los partidos políticos, obtuvo 185.000 votos y, sorpresivamente, el doctor José Santos Salas, 700.000, sorprendiendo al establecimiento que, de inmediato, decretó volver al sistema antiguo, con votos impresos por los mismos candidatos, pero que permitían las “encerronas” y el cohecho.
Solamente, en 1958, gracias a la formación del Bloque de Saneamiento democrático, fue posible poner fin al cohecho por la implantación de la cédula única, en base a un proyecto de reforma electoral, redactada por el falangista Jorge Rogers.
Durante el período 1925 a 1938 el universo electoral era bastante restringido, pues no llegaba ni siquiera al 10% de la población de chilenos varones, mayores de 21 años – no podían sufragar las mujeres, los analfabetos, ni aquellos ciudadanos condenados a penas aflictivas de tres años y un día – por lo demás, durante el período se suceden distintas dictaduras: la de Carlos Ibáñez (1927-1931) y la de Carlos Dávila, en 1932; además, debemos agregar el famoso “parlamento termal”, con diputados y senadores nominados por Ibáñez, en acuerdo con las directivas de los partidos.
Los gobiernos elegidos, como el de Emiliano Figueroa Larraín, Juan Esteban Montero y Arturo Alessandri Palma – los dos primeros extremamente débiles y, el último, autoritario que, en la práctica, aplicó una dictadura legal – estuvieron muy lejanos a la aplicación de una democracia, y mas bien fueron juguete de los dos caudillos, Alessandri e Ibáñez, que dominaban la escena política del período que esta obra estudia.
Respecto al Estado de derecho, la Constitución de 1925 estaba muy lejana de ser legítima y, mucho menos, democrática: fue impuesta por un golpe en la mesa por el inspector del ejército, General Navarrete, contra la opinión de la mayoría de los partidos políticos. En el plebiscito hubo más abstenciones que votos a favor de la Constitución. Desde 1925 hasta 1938, los sucesivos gobiernos funcionaban en base a leyes represivas o a la entrega, por parte del parlamento, de facultades extraordinarias que permitían a los gobernantes limitar las libertades civiles.
El auto tiene mucha razón al describir, con pasión, el carácter autoritario del segundo gobierno de don Arturo Alessandri, que aplicó la censura a los medios de prensa que se atrevieron a condenar sus atrabiliarias medidas – ordenó decomisar la revista Topaze, por el solo hecho de publicar una caricatura burlona; otros Diarios de oposición sufrieron el mismo destino -. El 21 de Mayo, el día de la Cuenta anual, por parte del presidente de la república, dos diputados fueron violentamente apaleados por la policía. Como Diego Portales, Alessandri utilizó las famosas milicias republicanas para reprimir el creciente inconformismo popular.
A partir de 1925 los presidentes de la república, convertidos en monarcas electivos van, poco a poco, aumentando su poder sobre el parlamento – aun cuando no es materia del libro que comento, Juan Antonio Ríos, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, terminaron por despojar al parlamento de toda intervención en materias económicas, que subsiste hasta ahora – quizás el único elemento de balance que le resta a las dos cámaras lo constituye las acusaciones constitucionales. En el período que estudia este Volumen dos presidentes fueron acusados constitucionalmente: Carlos Ibáñez del Campo, cuyo libelo fue aprobado por la cámara y por el senado y, en caso de Alessandri fue rechazado por la mayoría derechista.
Respecto a los derechos humanos, que fueron vulnerados a destajo durante este período, el autor relata, magistralmente, las brutales matanzas contra los movimientos obrero y campesino, perpetradas por Arturo Alessadri – San Gregorio, Ranquil, la Coruña y el Seguro Obrero – que, en todas ellas, la responsabilidad del presidente era manifiesta, sin embargo, una mayoría derechista hizo imposible que estos crímenes fueran condenados.
En el capítulo VII la mentalidad autoritaria de la década de los 30 Portales analiza a los distintos partidos políticos: la mayoría de los derechistas admiraron el fascismo, el nazismo hitlerista y, posteriormente, el franquismo – el autor cita de las Memorias de mi abuelo, Rafael Luís Gumucio, un texto donde el candidato Gustavo Ross Santamaría sostiene que los senadores, salvo dos, son partidarios de una dictadura; mi abuelo lo toma a la broma y le pide a Ross que lo envíe relegado a Arica, pues padece de una enfermedad al corazón -. En el libro de Portales existen abundantes testimonios del amor que la derecha profesó a las dictaduras de Hitler y Mussolini.
El estudio sobre la Falange Nacional aporta elementos de análisis muy valiosos: el autor logra demostrar que este partido nada tuvo que ver con la Falange española, salvo el nombre, mas bien sus líderes admiraron a José María Gil Robles y la CEDA, que presentaba a las derechas españolas, en esos momentos muy distantes del franquismo; por lo demás, Gil Robles no participó en la guerra civil. La Falange Nacional, como lo demuestra el autor, muchas veces, aún separada del Partido Conservador, votó junto a la derecha en acusaciones constitucionales tan importantes como el libelo contra el ministro del Interior Salas Romo.
A mi modo de ver, este Volumen II constituye un valioso aporte al análisis del desarrollo de la seudo democracia chilena y destruye la mitología sobre el carácter republicano de nuestro sistema político; al menos, el período que abarca el estudio el autoritarismo, la intervención militar, la utilización de leyes liberticidas logran configurar un sistema de prácticas dictatoriales, ora, en forma evidente, como en el caso de Carlos Ibáñez y Carlos Dávila, ora, en forma velada, como lo fue en los dos gobiernos de Alessandri.
Rafael Luís Gumucio Rivas
07/09/10
En Chile siempre ha predominado un régimen político de castas: en el siglo XIX la aristocracia, en su versión autoritaria y liberal; en el siglo XX, la plutocracia parlamentaria y, posteriormente, la oligarquía aliada a la mediocracia y, a finales de siglo, las castas concertacionistas y aliancistas – el gobierno de los nuevos ricos, que perdura hasta hoy-.
Un régimen democrático se define al menos, tres elementos básicos: sistemas electorales que garanticen la participación de las mayorías; vigencia del Estado de derecho y promoción y respeto a los derechos humanos. Portales, en su obra, nos prueba cómo en la llamada democracia chilena estos tres elementos, en la práctica, han sido vulnerados.
Durante el siglo XIX el presidente designaba a sus sucesores, a la totalidad del senado y a la mayoría de la cámara de diputados en base a un sistema electoral muy restringido. La intervención del Ejecutivo fue reemplazada, después de la guerra civil de 1891, por el cohecho, que un distinguido profesor de derecho definía como un “correctivo” del sufragio universal. Como bien lo recalca el autor, la derecha en el poder despreciaba el sufragio universal y era mas bien partidaria del llamado “voto plural”, es decir, que aquellos sectores de mayor educación tuvieran dos o tres votos más que los sectores populares.
El autor nos aporta, además, en ambos volúmenes de Los mitos de la democracia chilena, dos antecedentes muy interesantes – ignorados por otras obras historiográficas – en el Volumen I, citando a mi abuelo, Manuel Rivas Vicuña, recuerda que en 1911 Alberto Edwads, un historiador bastante autoritario, planteaba dividir el territorio en múltiples distritos electorales y que en cada uno se eligieran dos diputados; esta idea del último pelucón fue, posteriormente, aplicada en la legislación de la dictadura de Augusto Pinochet y no ha sido reformada hasta hoy. En el Volumen II Portales nos recuerda que la cédula única fue empleada en la elección presidencial de 1925, donde Emiliano Figueroa, candidato de todos los partidos políticos, obtuvo 185.000 votos y, sorpresivamente, el doctor José Santos Salas, 700.000, sorprendiendo al establecimiento que, de inmediato, decretó volver al sistema antiguo, con votos impresos por los mismos candidatos, pero que permitían las “encerronas” y el cohecho.
Solamente, en 1958, gracias a la formación del Bloque de Saneamiento democrático, fue posible poner fin al cohecho por la implantación de la cédula única, en base a un proyecto de reforma electoral, redactada por el falangista Jorge Rogers.
Durante el período 1925 a 1938 el universo electoral era bastante restringido, pues no llegaba ni siquiera al 10% de la población de chilenos varones, mayores de 21 años – no podían sufragar las mujeres, los analfabetos, ni aquellos ciudadanos condenados a penas aflictivas de tres años y un día – por lo demás, durante el período se suceden distintas dictaduras: la de Carlos Ibáñez (1927-1931) y la de Carlos Dávila, en 1932; además, debemos agregar el famoso “parlamento termal”, con diputados y senadores nominados por Ibáñez, en acuerdo con las directivas de los partidos.
Los gobiernos elegidos, como el de Emiliano Figueroa Larraín, Juan Esteban Montero y Arturo Alessandri Palma – los dos primeros extremamente débiles y, el último, autoritario que, en la práctica, aplicó una dictadura legal – estuvieron muy lejanos a la aplicación de una democracia, y mas bien fueron juguete de los dos caudillos, Alessandri e Ibáñez, que dominaban la escena política del período que esta obra estudia.
Respecto al Estado de derecho, la Constitución de 1925 estaba muy lejana de ser legítima y, mucho menos, democrática: fue impuesta por un golpe en la mesa por el inspector del ejército, General Navarrete, contra la opinión de la mayoría de los partidos políticos. En el plebiscito hubo más abstenciones que votos a favor de la Constitución. Desde 1925 hasta 1938, los sucesivos gobiernos funcionaban en base a leyes represivas o a la entrega, por parte del parlamento, de facultades extraordinarias que permitían a los gobernantes limitar las libertades civiles.
El auto tiene mucha razón al describir, con pasión, el carácter autoritario del segundo gobierno de don Arturo Alessandri, que aplicó la censura a los medios de prensa que se atrevieron a condenar sus atrabiliarias medidas – ordenó decomisar la revista Topaze, por el solo hecho de publicar una caricatura burlona; otros Diarios de oposición sufrieron el mismo destino -. El 21 de Mayo, el día de la Cuenta anual, por parte del presidente de la república, dos diputados fueron violentamente apaleados por la policía. Como Diego Portales, Alessandri utilizó las famosas milicias republicanas para reprimir el creciente inconformismo popular.
A partir de 1925 los presidentes de la república, convertidos en monarcas electivos van, poco a poco, aumentando su poder sobre el parlamento – aun cuando no es materia del libro que comento, Juan Antonio Ríos, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, terminaron por despojar al parlamento de toda intervención en materias económicas, que subsiste hasta ahora – quizás el único elemento de balance que le resta a las dos cámaras lo constituye las acusaciones constitucionales. En el período que estudia este Volumen dos presidentes fueron acusados constitucionalmente: Carlos Ibáñez del Campo, cuyo libelo fue aprobado por la cámara y por el senado y, en caso de Alessandri fue rechazado por la mayoría derechista.
Respecto a los derechos humanos, que fueron vulnerados a destajo durante este período, el autor relata, magistralmente, las brutales matanzas contra los movimientos obrero y campesino, perpetradas por Arturo Alessadri – San Gregorio, Ranquil, la Coruña y el Seguro Obrero – que, en todas ellas, la responsabilidad del presidente era manifiesta, sin embargo, una mayoría derechista hizo imposible que estos crímenes fueran condenados.
En el capítulo VII la mentalidad autoritaria de la década de los 30 Portales analiza a los distintos partidos políticos: la mayoría de los derechistas admiraron el fascismo, el nazismo hitlerista y, posteriormente, el franquismo – el autor cita de las Memorias de mi abuelo, Rafael Luís Gumucio, un texto donde el candidato Gustavo Ross Santamaría sostiene que los senadores, salvo dos, son partidarios de una dictadura; mi abuelo lo toma a la broma y le pide a Ross que lo envíe relegado a Arica, pues padece de una enfermedad al corazón -. En el libro de Portales existen abundantes testimonios del amor que la derecha profesó a las dictaduras de Hitler y Mussolini.
El estudio sobre la Falange Nacional aporta elementos de análisis muy valiosos: el autor logra demostrar que este partido nada tuvo que ver con la Falange española, salvo el nombre, mas bien sus líderes admiraron a José María Gil Robles y la CEDA, que presentaba a las derechas españolas, en esos momentos muy distantes del franquismo; por lo demás, Gil Robles no participó en la guerra civil. La Falange Nacional, como lo demuestra el autor, muchas veces, aún separada del Partido Conservador, votó junto a la derecha en acusaciones constitucionales tan importantes como el libelo contra el ministro del Interior Salas Romo.
A mi modo de ver, este Volumen II constituye un valioso aporte al análisis del desarrollo de la seudo democracia chilena y destruye la mitología sobre el carácter republicano de nuestro sistema político; al menos, el período que abarca el estudio el autoritarismo, la intervención militar, la utilización de leyes liberticidas logran configurar un sistema de prácticas dictatoriales, ora, en forma evidente, como en el caso de Carlos Ibáñez y Carlos Dávila, ora, en forma velada, como lo fue en los dos gobiernos de Alessandri.
Rafael Luís Gumucio Rivas
07/09/10