No podía ser de otro modo. Los acuerdos básicos que dieron lugar a la transición sistémica, han concluido con el mejor de los resultados posibles: la alternancia en el poder. Los elementos básicos, se quiera o no, proceden de la Constitución espuria de 1980. Gobernar bajo una espada de Damocles tiene sus riesgos. La capacidad de maniobra es restringida, y requiere un alto nivel de iniciativa, creatividad y una fuerte dosis de voluntad política, factores de los cuales ha carecido la Concertación en veinte años. Practicar la democracia en un orden no democrático es un imposible. No en balde sus políticas más relevantes han sido tildadas como regresivas, por no decir de derecha.
Los derrotados en ambos procesos, los partidos defensores del Sí a Pinochet y las fuerzas armadas, no necesitaron mucho tiempo para encajar los resultados y negociar una salida digna. Lo interpretaron como un lance del juego. Incluso, para ellos, tuvo un efecto positivo.
El triunfo del No liberó tensión. Parecía que el edificio construido por la dictadura se derrumbaría, llevándose consigo toda su arquitectura, desde la Constitución hasta la ley de amnistía de 1978, cuya existencia impide, de hecho, enjuiciar a los responsables por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Un espejismo roto a poco de ver cómo sucedían los acontecimientos. La reforma se instaló en la mente de unos y otros, dejando incólume la mayor parte de la estructura jurídico-institucional de la dictadura. El edificio se adecentó para recibir a los nuevos arrendatarios, contentos de habitarlo y formar parte de la comunidad de vecinos; de esta manera se dieron la mano víctimas y verdugos.
A partir de ese instante, las luchas por romper el cerco de la dictadura y las reivindicaciones democráticas se encuadraron en el marco constitucional de 1980. Los partidos de la oposición interiorizaron su margen de maniobra y aceptaron las reglas del juego. Mientras la Democracia Cristiana buscó deshacerse de su pasado golpista, en la Izquierda se producía una auténtica revolución. El Partido Socialista, fagocitando un sector importante del Partido Radical, el Mapu, Izquierda Cristiana, los comunistas y el MIR, se refundaba. La maniobra resultó perfecta. Era el sino de los tiempos. No sólo se expulsaba de la vida política a los díscolos; a la par se recreaba un Partido Socialista con objetivos inmediatistas: 1) liderar el proceso de transición y 2) disputar a la Democracia Cristiana la hegemonía al interior de la neonata Concertación.
En este proceso de reubicación de los actores políticos se creó un partido ad-hoc para encarar la transición: el Partido Por la Democracia. Para sus flamantes dirigentes, su existencia debía ser efímera. Tenía una fecha de caducidad: el retorno de la vida republicana. Hoy, a veinte años de su nacimiento, pocos de sus militantes se plantean o creen en su disolución. Por el contrario, su permanencia se considera un puntal para la gobernabilidad del país.
Mientras tanto, quienes denunciaron sin ambages el orden constitucional y la necesidad de romper la legitimidad pinochetista, sufrieron el desprecio y fueron aislados, pasando a engrosar las filas de los llamados partidos y movimientos “extraparlamentarios”. Su existencia en los extramuros puede entenderse como testimonial, sin por ello negar o restar importancia a sus acciones en pro de la lucha democrática.
Descartada la ruptura democrática, la reforma tomó vuelo. A ningún miembro de los partidos de la Concertación se le pidió un acto de contrición y explicitar su acatamiento a la Constitución. La derecha, con sus nuevos y viejos militantes repartidos en Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), era consciente que tal petición dificultaría el camino de las reformas. No hacía falta destapar tantas vergüenzas. Se sobreentendía que cualquier pacto pasaba implícitamente por su mantenimiento. No en vano las políticas de amarre provienen de su articulado. Primero, el sistema electoral binominal. Segundo, el concepto de senadores designados. Y tercero, las normas draconianas que imposibilitan de facto cualquier cambio de la Constitución. La sola obligación de contar con un porcentaje superior al 60% de los senadores es ya un handicap casi insuperable. Con este corsé gobernó la Concertación y no parece haberle impedido respirar.
Un acuerdo casi total entre gobierno y oposición
En las líneas maestras que dibujan el perfil del Chile actual podemos ver que existe un acuerdo casi total entre gobierno y oposición. Los matices se pierden o difuminan cuando se habla de Chile como un modelo exitoso de economía de mercado y de incorporación a la globalización, con sus 72 tratados de libre comercio.
No existen diferencias insalvables entre la derecha natural y los partidos que integran la Concertación. Sobre todo cuando se trata de las políticas sanitarias, educativas, de género, cultural o étnica. Ni siquiera en un aspecto tan relevante como la política de derechos humanos hay grandes diferencias entre unos y otros, más allá de los discursos. Como dato, tres ejemplos: 1) la actuación de los gobiernos de Frei y Lagos para lograr la libertad del dictador detenido en Londres; 2) la ley de amnistía de 1978, coraza que impide juzgar a los militares implicados en crímenes de lesa humanidad; y 3) El uso de la ley antiterrorista de 1984, para reprimir las reivindicaciones del pueblo mapuche y criminalizarlos. Sólo así se entiende la incorporación en el Senado de un texto interpretativo que desvirtúa y cercena la posibilidad de aplicar en su totalidad el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Pero no todo ha de ser negativo. En su haber debemos anotar las políticas asistenciales hacia los sectores más desamparados. Un gesto no despreciable determinado por una concepción del bien común que marcará la distancia, en años venideros, entre el gobierno de Sebastián Piñera y los partidos de la Concertación1.
Bajo este principio rector se impulsaron las reformas. Pero su desarrollo no ha transformado la desigual estructura social y de poder vigente en el país. El mercado laboral se precarizó con empleos de mala calidad y un recorte de los derechos sindicales. En el ámbito de la salud se asumió la política de privatizaciones precedente, mermando la cobertura médica a la mayoría de la población. En este orden de cosas, el legado democrático de la Concertación merece un suspenso en todo cuanto se refiere a la lucha por construir una sociedad más justa y articular una ciudadanía plena.
La derrota de la Concertación no supondrá un giro en las políticas
Su derrota electoral no supondrá un giro de ciento ochenta grados. Con toda seguridad se verán recortes en algunos programas sociales y otros, desaparecerán. Sin duda ello supondrá un mayor grado de conflictividad social. Sin embargo, los ejes maestros de la política económica seguirán vigentes. Más aún cuando sus ideólogos y los padres de la Constitución se hallan en el poder y sus detractores de los años 80 se han transformado en sus máximos defensores. Sólo basta recordar las palabras de Alejandro Foxley señalando que “ Pinochet ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos. Para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”.
Por desgracia el triunfo del candidato de la derecha natural, Sebastián Piñera, no ha generado un debate de fondo. La herida abierta se cierra en falso, mientras el cuerpo se gangrena por dentro. Quienes, con justa razón, calificaban la política de la Concertación como derechista, en un acto de birlibirloque la convierten en adalid del pensamiento progresista y de Izquierda. De ser criticada por sus actuaciones anti-populares y congraciarse con los poderes fácticos, muta en defensora de los derechos de los dominados, los explotados, los excluidos, los pobres y los marginados.
Nada peor que construir una alianza cuyos integrantes no reman en la misma dirección. El esfuerzo está condenado al fracaso. Además, se parte de una falsa premisa: la Concertación es una coalición de partidos de Izquierda y progresistas. Parece que se olvida el sentido instrumental que tuvo dicha coalición al incorporar a la Democracia Cristiana. En su seno militan ex-golpistas y quienes, durante años, prestaron sus servicios a la dictadura sin ningún remilgo. La designación como ministro de Defensa de Jaime Ravinet, ahora ex democratacristiano y ex ministro de Ricardo Lagos, es una buena instantánea del momento.
Pocas dudas se pueden albergar del significado que tiene para la Concertación su derrota. Sobre todo si en las cabezas dirigentes existe el convencimiento de que es un traspié, producto de veinte años de gobierno, donde la indolencia y el cansancio se adueñaron de la militancia. Un relajo cuya consecuencia ha sido el desencanto entre sus electores y las rupturas al interior de la coalición. En otras palabras, no han escuchado las críticas, ni tenido “mano Izquierda con su disidencia”. ¿Cómo, si no, entender la candidatura de Marco Enríquez-Ominami Gumucio o la salida de Jorge Arrate de sus filas?
Para sus dirigentes e ideólogos el problema se soluciona dando nuevos bríos a la coalición. Lo cual pasa por realizar una profunda autocrítica, recomponer su orgánica incorporando nuevos sectores políticos hasta ahora excluidos, y ejercer una oposición leal al gobierno de Piñera. Ello en pro de favorecer la gobernabilidad, dar estabilidad y mantener la bitácora de viaje diseñada hace treinta y siete años. Visión que en el corto plazo puede aglutinar a toda la oposición, pero difícil será que se mantenga con el paso del tiempo. La Concertación está herida de muerte, al menos tal y como hoy se presenta.
En contraposición, Sebastián Piñera analiza su triunfo como parte de un cambio en la mentalidad de los chilenos. Su condición de empresario exitoso es bien vista por sus compatriotas, los cuales, piensa, desean que aplique el mismo rasero a la hora de tomar decisiones políticas. El hecho de incorporar a su gabinete un alto número de independientes y tecnócratas puede leerse en esta dirección. Para Piñera, Chile es una gran empresa a gestionar con racionalidad y eficiencia, bajo las leyes de la economía de mercado y su mano invisible. Seguramente de aplicar esta perspectiva, nacerán las fricciones sociales y los conflictos. Un país no es una empresa y sus habitantes no son sus empleados.
En cualquier caso, la elección de Sebastián Piñera cierra un ciclo político, aquel que se inició con el referéndum del No, continuó con los cuatro gobiernos de la Concertación para culminar con el triunfo, veinte años más tarde, de la derecha natural. Por esta causa, los partidos de la Concertación si bien se mostraron compungidos por su derrota, inmediatamente cambiaron el semblante para recordarnos que Chile es un país de orden, con estabilidad y desde 2010 con alternancia en el poder.
Hacer valer como argumento para construir una alternativa el retorno de la derecha al gobierno tras cincuenta y un años de oposición, es falso. De ser cierto, habría que formular una pregunta de Perogrullo: ¿quién gobernó el país entre el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y 1989?
MARCOS ROITMAN ROSENMAN (*)
(*) Doctor en ciencias políticas y sociología y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid; autor de libros sobre pensamiento político contemporáneo en América Latina.
(Publicado en Punto Final, edición Nº 704, 5 de marzo, 2010)