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Siete personas fueron ejecutadas a balazos cuando intentaron huir de los ladrillos que les caían encima durante el terremoto. Otras cinco murieron en ese instante: cuatro por aplastamiento al momento en que los muros les cayeron encima y otro calcinado en su celda. Todos eran presos en distintas cárceles en la zona epicentral.
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Inocentes o culpables, esas personas que estaban privadas de libertad en cárceles, que no se caracterizan por condiciones humanas precisamente, habían cometido un delito que no ameritaba la pena de muerte. Si es que lo habían cometido. Sabido es que el sistema judicial y penal chilenos no se caracteriza por tener buena puntería al momento de encontrar culpables.
El criterio que primó entre los custodios fue de una brutalidad criminal: más vale reo muerto que fugado.
Las informaciones que uno puede leer en el diario indican que algunos de los presos fugados se han entregado y el mismo Director de Gendarmería dice que al parecer, los reos huyeron por temor al terremoto y no necesariamente por evadir la justicia.
De los que cayeron por las balas de los gendarmes, el Director no podría decir lo mismo. Una vez muertos, dejaron de tener opinión. Oculto tras los reglamentos, las consideraciones de mínima humanidad en condiciones de un terremoto brutal no existieron, no se tuvo compasión y se disparó a matar.
Esas personas de tercera clase no tuvieron ningún derecho al momento de ser fusilados. Más aún, al momento de llegar a un penal pasaron a ser seres innominados cuyos derechos humanos no existen. El hacinamiento, la falta de segregación y planes de integración, las pésimas condiciones de higiene y el trato brutal que se les da, dista de ser propios de personas. El sistema penal y carcelario no hace otra cosa que reproducir una forma de vida en que el robo es un trabajo más, sin importar que lo ejerzan incluso niños.
La edad para las incursiones tempranas en la delincuencia ha bajado dramáticamente. Ya es común conocer de asaltantes de ocho años que viven en una deriva sin que el Estado tenga idea de soluciones. La inexistencia de políticas de prevención o de contención ha permitido que en este paraíso neoliberal la delincuencia sea un destino irremediable. Una mala vida anunciada.
El neoliberalismo, esa nube plástica que lo abarca todo, no reserva lecciones de su economía para estas castas destinadas a una muerte temprana. Sobrantes, lacras humanas despreciables, todo aquel que comete un delito está destinado a una vida de padecimientos. No importa si es un menor de edad, una mujer acosada por la miseria o un ratero de oportunidad. La violación de los preceptos sagrados en la religión de la propiedad privada, reserva para esos sacrílegos, las penas del infierno, pero en la tierra.
Aunque no todos los ladrones y criminales son tratados de la misma manera. Los asaltantes dueños de farmacias, los cogoteros dueños de AFP`s, los rateros dueños de tarjetas de créditos y los estafadores que ofrecen créditos, hacen uso del binominalismo que cruza la sociedad y sus delitos son más bien premiados que sancionados. Mal que mal, son ellos mismos, o sus tentáculos, los que hacen las leyes, las aplican y las fiscalizan.
Nunca pisarán una celda, ni siquiera un tribunal, aquellos que cometieron el delito de construir edificios chamullando las normas. Ni los que hicieron carreteras y puentes de papel maché. Ni los que dubitaron a la hora de tomar medidas para evitar muertes y sufrimientos, ni los que debieron hacer lo que debían.
Mientras otros criminales, esos que asesinaron, desparecieron, torturaron, disfrutan de su ocio en Punta Peuco o el Penal Cordillera.
La presidenta fue a la zona de la catástrofe para visitar a una muy escasa comunidad de damnificados. Las cámaras de televisión convenientemente cerradas, no permitieron ver a cuántos habitantes les llegó el saludo emocionado de Michelle. Lo que sí mostraron en ángulos que lo abarcaban todo, fue su visita inspectiva a los artefactos que el populacho tomo prestado, horas después del remezón.
Y como demostración de lo que hace el aprendizaje vicario, la televisión mostraba como milicos armados golpeaban entre varios, es decir, cobardemente, a un saqueador. Si el hombre estaba cometiendo un delito, lo que correspondía era ponerlo a disposición de la policía. No golpearlo entre varios y amarrarlo arriba de un camión, como nos sucedió a algunos el 19 de septiembre de 1973, en el camino entre el puente Carrascal y el estadio Nacional.
El ataque a la propiedad privada ofende a las autoridades y a las instituciones. Y a las autoridades estimula la reprimenda materna, y el instinto vivo por la tortura, en uno y otro caso.
El celo de los custodios por evitar que sus custodiados huyeran de un terremoto inédito significó siete muertos por bala. Nadie sabrá nunca quienes fueron ni por qué estaban presos. No tendrán ningún tipo de beneficio, ni recibirán un pésame de nadie. Eran pasajeros de tercera clase de los que a nadie importan.
Los muertos no reclaman, sobre todo si son pobres. Los que sí reclaman son los vivos, eso que han saqueado todo lo saqueable, sin que nadie les diga nada, como si tuvieran patente para el efecto y la venia de la reina.
El criterio que primó entre los custodios fue de una brutalidad criminal: más vale reo muerto que fugado.
Las informaciones que uno puede leer en el diario indican que algunos de los presos fugados se han entregado y el mismo Director de Gendarmería dice que al parecer, los reos huyeron por temor al terremoto y no necesariamente por evadir la justicia.
De los que cayeron por las balas de los gendarmes, el Director no podría decir lo mismo. Una vez muertos, dejaron de tener opinión. Oculto tras los reglamentos, las consideraciones de mínima humanidad en condiciones de un terremoto brutal no existieron, no se tuvo compasión y se disparó a matar.
Esas personas de tercera clase no tuvieron ningún derecho al momento de ser fusilados. Más aún, al momento de llegar a un penal pasaron a ser seres innominados cuyos derechos humanos no existen. El hacinamiento, la falta de segregación y planes de integración, las pésimas condiciones de higiene y el trato brutal que se les da, dista de ser propios de personas. El sistema penal y carcelario no hace otra cosa que reproducir una forma de vida en que el robo es un trabajo más, sin importar que lo ejerzan incluso niños.
La edad para las incursiones tempranas en la delincuencia ha bajado dramáticamente. Ya es común conocer de asaltantes de ocho años que viven en una deriva sin que el Estado tenga idea de soluciones. La inexistencia de políticas de prevención o de contención ha permitido que en este paraíso neoliberal la delincuencia sea un destino irremediable. Una mala vida anunciada.
El neoliberalismo, esa nube plástica que lo abarca todo, no reserva lecciones de su economía para estas castas destinadas a una muerte temprana. Sobrantes, lacras humanas despreciables, todo aquel que comete un delito está destinado a una vida de padecimientos. No importa si es un menor de edad, una mujer acosada por la miseria o un ratero de oportunidad. La violación de los preceptos sagrados en la religión de la propiedad privada, reserva para esos sacrílegos, las penas del infierno, pero en la tierra.
Aunque no todos los ladrones y criminales son tratados de la misma manera. Los asaltantes dueños de farmacias, los cogoteros dueños de AFP`s, los rateros dueños de tarjetas de créditos y los estafadores que ofrecen créditos, hacen uso del binominalismo que cruza la sociedad y sus delitos son más bien premiados que sancionados. Mal que mal, son ellos mismos, o sus tentáculos, los que hacen las leyes, las aplican y las fiscalizan.
Nunca pisarán una celda, ni siquiera un tribunal, aquellos que cometieron el delito de construir edificios chamullando las normas. Ni los que hicieron carreteras y puentes de papel maché. Ni los que dubitaron a la hora de tomar medidas para evitar muertes y sufrimientos, ni los que debieron hacer lo que debían.
Mientras otros criminales, esos que asesinaron, desparecieron, torturaron, disfrutan de su ocio en Punta Peuco o el Penal Cordillera.
La presidenta fue a la zona de la catástrofe para visitar a una muy escasa comunidad de damnificados. Las cámaras de televisión convenientemente cerradas, no permitieron ver a cuántos habitantes les llegó el saludo emocionado de Michelle. Lo que sí mostraron en ángulos que lo abarcaban todo, fue su visita inspectiva a los artefactos que el populacho tomo prestado, horas después del remezón.
Y como demostración de lo que hace el aprendizaje vicario, la televisión mostraba como milicos armados golpeaban entre varios, es decir, cobardemente, a un saqueador. Si el hombre estaba cometiendo un delito, lo que correspondía era ponerlo a disposición de la policía. No golpearlo entre varios y amarrarlo arriba de un camión, como nos sucedió a algunos el 19 de septiembre de 1973, en el camino entre el puente Carrascal y el estadio Nacional.
El ataque a la propiedad privada ofende a las autoridades y a las instituciones. Y a las autoridades estimula la reprimenda materna, y el instinto vivo por la tortura, en uno y otro caso.
El celo de los custodios por evitar que sus custodiados huyeran de un terremoto inédito significó siete muertos por bala. Nadie sabrá nunca quienes fueron ni por qué estaban presos. No tendrán ningún tipo de beneficio, ni recibirán un pésame de nadie. Eran pasajeros de tercera clase de los que a nadie importan.
Los muertos no reclaman, sobre todo si son pobres. Los que sí reclaman son los vivos, eso que han saqueado todo lo saqueable, sin que nadie les diga nada, como si tuvieran patente para el efecto y la venia de la reina.