“Hay que determinar el origen de los problemas que hubo. Hay una parte que tiene que ver probablemente con las normas, otra con la ejecución que no cumplió las normas y otra con la norma sísmica”, dijo el diputado Carlos Montes, quien fue el encargado de dar a conocer la iniciativa.
La idea es que el grupo de parlamentarios que integre cada instancia proponga las modificaciones que sean necesarias para enfrentar la realidad sísmica de nuestro país y desarrollar nuevos estándares de fiscalización en materia de construcción.
Además se busca evaluar el estado actual de nuestra legislación en relación a su capacidad de respuesta frente a este tipo de situaciones. Para ello se considerarán los nuevos instrumentos tecnológicos disponibles, los criterios de modernización de los sistemas de prevención y alerta ante desastres naturales y la implementación de una red sismológica que actúe directamente con los órganos públicos competentes.
“Esto es importante porque hemos visto una seguidilla de errores y una falta de planificación considerable, por lo que es absolutamente necesario ver cómo funcionaron los organismos públicos en el momento de la catástrofe”, sentenció el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Joaquín Godoy.
Ambas comisiones tendrán un plazo de 90 días de investigación, y podrán citar a las autoridades correspondientes, además de recopilar la información que consideren indispensable.