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En nuestro país es de muy buen gusto hablar de áreas verdes públicas y es más, muchos encumbrados en las esferas de la administración y desde los poderes fácticos critican el déficit que tenemos de las mismas, no sólo en las comunas más pobres de la región metropolitana, sino en casi todo el país.
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Con voces grandilocuentes y con fingidas formas seudo académicas dictan cátedras sobre los beneficios sociales y ambientales de las áreas verdes, destacando la captura del dióxido de carbono y la entrega de oxígeno en la ciudad, pero cuando las anteriores desaparecen por decisiones de los que mandan, todos ellos enmudecen para no aparecer como “conflictivos”. Así son los que conforman la élite del establishment. .
Algunos ejemplos de estas prácticas :
Hace poco tiempo atrás desapareció, por arte de magia, el Parque Metropolitano Laguna Carén, magnífico territorio de 1.011 hectáreas verdes localizado en la comuna de Pudahuel. Para que se evaporara esa área verde, el Minvu “interpretó” la ley de acuerdo a la solicitud que le había formulado Patricio Rojas, ex ministro de Defensa y presidente entonces de la Fundación Valle Lo Aguirre. En efecto, el artículo 59º de la Ley de Urbanismo y Construcciones estableció hace 6 años la caducidad de las declaratorias de utilidad pública para las vialidades y parques localizados en las zonas rurales y urbanas del país y en base a ello ese parque ya no los es. Recordemos que esta gran área verde era del Estado, quien en 1994 se la transfirió gratuitamente a la Universidad de Chile para que la aludida Fundación dispusiera de ella a su antojo.
No nos referiremos mayormente a lo que sucedió con el Estadio Santa Rosa de Las Condes, área verde de 5 hectáreas donada en 1970 por el Estado a la piadosa Pontificia Universidad Católica : sus ocupantes la vendieron en 35 millones de dólares a una inmobiliaria para que construyera edificios de veintitantos pisos. Un área verde que forma parte del Parque Intercomunal de La Reina le fue entregada en comodato a una congregación religiosa para que construya instalaciones habitacionales. En parte de la franja del canal Las Perdices, definida como área verde, también en La Reina, se otorgaron permisos de edificación para construir viviendas sociales. Hace unos años una universidad privada, confabulada con el Minvu, obtuvo un permiso de edificación para construir su sede central en el cerro del Medio, también área verde, situado en el barrio La Dehesa de la comuna de Lo Barnechea, actuación ilegal que tuvimos que denunciar en la Contraloría, caso que llegó a la Corte Suprema, la cual hizo imperar el marco regulatorio invalidando el permiso.
A través de ciertos malabares se cambió el uso de suelo del parque Lo Gallo, en Vitacura, para dar paso a torres habitacionales y el cerro isla Alvarado, área verde, en esa misma comuna, es un tierral que envuelve a varias altas edificaciones habitacionales. Podríamos seguir contando otros tantos casos de escamoteos de áreas verdes, pero en esta ocasión nos referiremos sólo a lo que sucedió en la comuna de Estación Central, escindida en 1985 de la comuna de Santiago.
El 30 de noviembre de 2009 le manifestamos por escrito a Igor Garafulic, intendente Metropolitano y presidente de la Corema, es decir, autoridad que debe velar por la preservación de las áreas verdes, que en la comuna de Estación Central se había desafectado irregularmente un área verde consolidada de 4 hectáreas, terreno en donde vecinos practicaban sus deportes preferidos. Le expresamos que se modificó el uso de suelo a través de una fórmula no contemplada en la normativa ambiental-urbana y que en el terreno ahora subdividido en 7 lotes con aptitudes inmobiliarias se están construyendo torres de veintitantos pisos.
Dicho terreno fue vendido el 2006 por esa municipalidad a una empresa de seguros, la cual, acto seguido, la revendió a diversas empresas constructoras con las correspondientes y rápidas ganancias económicas. También le señalamos que los proyectos, con las artimañas que los actores privados conocen, y los agentes públicos toleran, no se habían sometido a las evaluaciones de impacto ambiental ni a los estudios de impacto vial y además le indicamos que la irregularidad del cambio de uso de suelo se lo hicimos notar al Minvu el 26 de julio de 2005, sin que este servicio nos contestara.
Y para colmo, el mismo Garafulic tampoco respondió nuestra formal nota, razón que nos obligará a recurrir a la Contraloría General. ¿Creerán los lectores que estas situaciones cambiarán en el gobierno de Piñera? Yo, por lo menos, creo que no, siendo posible que se acrecienten.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”