Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, agregó “para nosotros es muy importante el pronunciamiento del gobierno, pues muestra voluntad de solucionar los problemas en la mala distribución del agua que provocó el actual Código”, destacó que “las Asociaciones Rurales llevan años demandando al gobierno equidad y justicia en la asignación de este vital recurso.
Hugo Maturana, Presidente de Federación Nacional de Obras Sanitarias (FENATRAOS), valoró de forma positiva la Reforma Constitucional, declaró que “ para el sector que represento, es importante avanzar en revertir la concentración de la propiedad de las empresas” y explicó que “el argumento principal para privatizar en nuestro sector, fue que el estado no estaba en condiciones de financiar las Plantas de Tratamiento, a lo cual un amplio sector gremial nos opusimos, pues quien finalmente financia estas inversiones son los propios usuarios”
Bernardo Zentilli , presidente de Codeff agregó que “Volver a colocar el agua dentro del dominio de lo público, constituye recuperar un estatus que nunca se debió haber perdido; si el Congreso la aprueba, podremos recuperar el agua para las cuencas y las comunidades agrícolas que hoy sufren desabastecimiento“.
El Proyecto
El Proyecto de Reforma Constitucional que modifica el Artículo 19, en lo relativo al Régimen Jurídico de las Aguas en Chile, elevando a rango constitucional el actual reconocimiento legal de las aguas como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, esto es, estado líquido, sólido o gaseoso, quedando en dicha categoría y sin discusión alguna, los glaciares y nieves de las montañas.
“Lo que realmente estamos haciendo es mucho más que proponer una nueva regulación. Lo que estamos haciendo es una declaración política del más alto nivel. Y la hacemos a partir de una convicción muy profunda acerca del rol del Estado y el rol de los ciudadanos respecto de los bienes públicos que todo Estado debe garantizar”, dijo esta mañana la presidenta Michelle Bachelet.
En la ocasión, destacó la larga tradición que tiene Chile en la regulación del uso del agua, “sin embargo, el año 1981, con la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares”. Señaló que esa normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, “concentrando, según lo que ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el noventa por ciento de tales bienes en sólo tres empresas”.
Ese desbalance se corrigió parcialmente por la Ley 20.017, estableciendo nuevas facultades para la Administración del Estado, “sin embargo, muchas de las correcciones necesarias no pudieron implementarse por las deficiencias Constitucionales que nuestro país tiene en esta materia. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer ahora”, afirmó la Jefa de Estado.
El proyecto de ley conserva en su integridad el dominio que los titulares actuales tienen sobre sus respectivos derechos reales de aprovechamiento de aguas, constituidos y reconocidos en conformidad a la ley, como asimismo, las facultades inherentes a su carácter de propietarios.