Multas hasta de 600 mil euros (unos 42 millones de pesos) por participar en manifestaciones no autorizadas o grabar y difundir imágenes de policías en el ejercicio de su trabajo, es la sanción que busca imponer el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en un procedimiento que su administración comenzó este martes. En Chile, en tanto, Sebastiían Piñera sigue los mismo pasos. Ayer el presidente nuevamente llamó al Congreso a aprobar la controvertida ley antiencapuchados, que se mantiene estancada en el Parlamento al ser considerada por legisladores como una medida para criminalizar las protestas sociales.
En una alocución desde el Palacio de La Moneda, Piñera recordó que el proyecto de ley avanzó en la Cámara de Diputados, pero sin su contenido esencial; mientras el Senado rechazó la idea de legislar, de manera que sólo queda la opción de la Comisión Mixta.
El proyecto de ley de resguardo del orden público fue anunciado por su gobierno en septiembre de 2011, luego de las grandes manifestaciones estudiantiles, y defendido por el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, actual titular de Defensa, de ahí que la ley sea conocida por su apellido.
En España, informa Armando Tejeda, corresponsal en Madrid de La Jornada, el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), magistrados y grupos sociales dijeron por separado que la medida pretende criminalizar las protestas y representa una regresión en la democracia.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que busca penalizar las protestas que han proliferado en los últimos años al considerarlas infracciones muy graves, e incluyen escraches (actos de acoso a funcionarios públicos), susceptibles de ser multados en una esfera que va de los 30 mil euros (540 mil pesos) a los 600 mil euros.
El objetivo de cualquier ley de seguridad ciudadana es proteger la convivencia democrática y asegurar el ejercicio de las libertades, afirmó este martes Alfonso Alonso, vocero del gobernante Partido Popular (PP) en el Congreso.
Sin embargo, el opositor PSOE está radicalmente en contra de cualquier ley que dañe la democracia, los derechos o la libertad, y agregó: no dudaremos en llamar a la ciudadanía a reivindicar con serenidad lo que es de todas y todos: la libertad y la democracia. Y concluyó: los derechos no se castigan, se respetan.
Lo que más preocupa a la oposición, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a movimientos sociales son los actos de protesta que a partir de ahora se considerarán infracciones muy graves y en los que incurrirían, por manifestarse públicamente, movimientos como el de los indignados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los activistas de Greenpeace, el movimiento feminista Femen o los ancianos afectados en sus pensiones.
En el apartado de infracciones graves, que se multarán hasta con 30 mil euros (540 mil pesos) se pretende prohibir alteraciones del orden público, manifestarse encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación; amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público; también escalar como acción de protesta edificios públicos, como hacen los activistas de Greenpeace.
Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, señaló que esta nueva normativa supone un paso más en la restricción de derechos que impone el gobierno desde que ganó las elecciones hace dos años.
El vocero de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, señaló que con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales.
Parece represión franquista
Desde la plataforma ciudadana Democracia Real Ya se afirmó que esta reforma recuerda las peores épocas de la represión franquista, ya que se criminaliza no sólo la protesta, sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosa que no sea votar por el PP sea radical y violento.
La jefa de campaña de Greenpeace, María José Caballero, aseveró: estamos espantados. Llevamos 40 años protestando y consiguiendo victorias y esta nueva ley nos regresa a épocas oscuras. Ahora estamos preocupados porque no sabemos si dentro de poco en lugar de ir a San Petersburgo (donde están presos activistas de esta organización) tendremos que ir a Soto del Real (cárcel española de alta seguridad).
La Federación Catalana de ONG sostienen que hablamos de disidencia porque creemos que el gobierno impone mayores dificultades para la libertad de manifestación a aquellos que no piensan como él. La crisis actual ha vulnerado constantemente derechos sociales y culturales con tantos recortes. Esto se refleja en las calles con un aumento exponencial de la protesta. Y, cómo reacciona el Estado, con la persecución de estas formas de expresión y mayores restricciones a nuestros derechos.
Joan Coscubiela, diputado del partido Izquierda Plural, afirmó que la normativa propuesta por el PP debería llamarse ley de la patada en la boca a la democracia, porque lo que pretende es abrir una ofensiva brutal contra los derechos civiles.