Para todos es conocida la espinosa historia que desembocó en que la candidata de la Alianza por Chile sea Evelyn Matthei. Esta circunstancia no es menor, ya que permite entender el carácter verdaderamente radical que tienen muchas de sus propuestas: como no tiene posibilidades de ser electa, el programa puede ser un refugio doctrinario de las ideas más puras de la derecha, por irrealizables que sean al menos hasta ahora.
Es preciso recordar que la situación de los trabajadores en Chile es uno de los ejemplos más extremos de los ajustes estructurales neoliberales que asolaron América Latina durante los 80 y los 90, y que se tradujeron en desregulación de las relaciones laborales y una gran flexibilización de las formas de trabajo, ambos fenómenos cristalizados en un Código Laboral capaz de dejar conforme desde empresarios a esclavistas. Pero si la situación responde plenamente a sus intereses, ¿qué puede querer corregir la derecha actualmente?
Considerando las movilizaciones del último tiempo que han desbordado sobradamente la legislación existente, hay dos posibles escenarios que pueden ser activados desde el Estado en materia laboral. El primero sería el comienzo de una ofensiva progresista que busque reformar lo más rancio del marco legal, siguiendo tímidamente la tendencia de la mayoría de los países latinoamericanos. El segundo, es una profundización del neoliberalismo, buscando perfeccionar aún más el engranaje de explotación, apostando por nuevos esquemas de desregulación y flexibilización. Evidentemente, el programa de Matthei es parte de esto último, y sus énfasis ayudan a apreciar las amenazas a las que tendrán que hacer frente los trabajadores en un futuro próximo, a menos que logren incidir decididamente con un programa de clase en el escenario nacional.
Los 3 ejes programáticos de Matthei
A grandes rasgos, son 3 los ejes que se busca promover con la candidatura de la Alianza por Chile. El primero es el desplazamiento definitivo del conflicto capital/trabajo como mecanismo para mejorar la distribución de la riqueza, consolidando en su lugar el rol subsidiario del Estado. Bajo la consigna de “Mejores empleos para los trabajadores chilenos” la ex ministra del trabajo asegura que ninguna mujer ni joven vulnerable con jornada completa ganará menos de 300 mil pesos. Para lograrlo, se contempla que es el Estado, y no la empresa la que debe cumplir con subsidiar la diferencia entre el salario mínimo y el monto ofrecido.
Esta medida, si bien generosa en su cifra considerando el mezquino salario de la mayor parte de los trabajadores chilenos, esconde un peligroso componente ideológico, ya que oculta que el origen de la reproducción de la desigualdad en chile no radica fundamentalmente en la ausencia de redistribución estatal, sino en las relaciones salariales que retribuyen al trabajador muy por debajo del valor creado por éste durante una jornada, y al empresario muy por encima de su escaso trabajo y esfuerzo. Así las cosas, y considerando que los pobres en Chile pagan proporcionalmente más impuestos que los sectores más acomodados1, el mecanismo plantea que el Estado le quite dinero a los trabajadores con una mano, y les devuelva bonos con la otra, conservándose plenamente el motor de la desigualdad.
El segundo eje viene a ser el fin de la política en las discusiones sobre materias laborales. Y es que a la derecha hace rato que le incomoda que las discusiones anuales en torno al reajuste del salario mínimo lleguen a vincularse con proyectos políticos determinados. Para evitarlo, se propone uno de los experimentos más innovadores en materia de políticas neoliberales, que ni Joaquín Lavín ni Sebastián Piñera se atrevieron a insinuar: el reajuste automático del salario mínimo para “aislarlo de las presiones políticas que dañan a los trabajadores”. En vez de las complejas negociaciones, se propone una regla técnica que lo regule aislándolo de toda conflictividad, que consiste en un aumento equivalente al cambio de la productividad media del trabajo (calculada por una “comisión de expertos”) más el IPC del año anterior2.
Si se pusiese en práctica, significaría que el aumento del salario mínimo dependerá de la capacidad de los trabajadores de intensificar su propio ritmo de trabajo, de profundizar voluntariamente su propia explotación. ¿Quiere subir su sueldo? ¡Trabaje más! El sueño de cualquier empresario se convertiría en realidad: aumentar el salario no tendría ningún costo para la empresa, pues el aumento se desprendería como una fracción del aumento de la ganancia. Pero como si fuera poco, y para complementar esta propuesta, se reitera la vieja propuesta de una Dirección del Trabajo autónoma, que no es otra cosa que revestir de carácter técnico la política respecto a los trabajadores. Y ya sabemos de qué sectores y centros de estudios vendrán esos técnicos…
Como tercer y último eje, y en una muestra genial de la capacidad del capitalismo de reinventarse, apunta a un nuevo giro de tuerca de la desregulación y la flexibilización: ante el techo al que ha llegado la expansión de la flexibilidad en materia legal, tanto por presiones internas como externas, se propone que los trabajadores mismos puedan negociar de manera colectiva las condiciones de flexibilidad de su jornada laboral. Esto podría ser hasta positivo, sino fuera por la evidencia de que la mayoría de los trabajadores, al estar lejos de imponer sus términos ante los empleadores dada su situación de debilidad organizativa, acabarán aceptando nuevas y extraordinarias reglas de flexibilidad de parte del empresariado.
Nuevamente estamos ante una propuesta que se complementa con otra, y es que para eliminar el “componente conflictivo” en las negociaciones colectivas, el Estado se plantea como un instrumento facilitador del diálogo en el marco de una supuesta comunidad de intereses de clase, acotando con esto las demandas a determinadas áreas que impidan quiebres y situaciones de menoscabo de los intereses patronales.
Ahora bien, cabe un margen de duda respecto a las intenciones tras estas propuestas, pero es legítimo preguntarse: ¿Bajo qué concepto los trabajadores podrían querer flexibilizar aún más sus jornadas de trabajo como para negociarlas colectivamente? ¿Qué mecanismos utilizará el Estado para evitar la “lucha de clases”? Porque además de estas propuestas, también se propone un plan nacional estatal de capacitación profesional de dirigentes sindicales, con el objetivo de “fortalecer sindicatos en temáticas asociadas al dialogo social”, pero también en áreas como crecimiento, protección del empleo, gestión, administración y otras que conducen inevitablemente a la sospecha de que el fin no es otro que reducir la organización sindical a un instrumento de diálogo pasivo y tecnocrático3, y no de lucha por los derechos arrebatados y por conquistar. Pero el conflicto capital/trabajo emerge siempre, y la derecha lo sabe mejor que nadie. ¿Cuánto dialogó la dictadura militar para cambiar el Código Laboral?
Los desafíos de la clase trabajadora a la vuelta de la crisis
Como se ha visto, en el programa de Matthei se pueden apreciar desnudas las intenciones últimas del neoliberalismo respecto al trabajo. Además de la clásica necesidad de aumentar la explotación para mejorar los márgenes de ganancia, es patente el interés por proyectar su ideología sobre franjas de trabajadores cada vez más amplias, disfrazándolo todo como una inocente exigencia del mercado, o cuando el descaro es más grande, como una necesidad de los trabajadores mismos. Afortunadamente, no son hoy los mejores tiempos de hegemonía de la derecha.
Sin embargo, estas propuestas extremistas que parecen inofensivas por el lamentable despliegue de la candidata, son a todas luces una hoja de ruta que se va planteando la derecha más recalcitrante, y que puede cobrar vida con inusitada rapidez en contextos de crisis. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en Europa, inimaginable 10 años atrás.
Asumiendo lo riesgosas que son estas ideas, y frente a la claridad y lucidez que muestra la clase dominante para pensar nuevas formas de mejorar sus intereses aun en un escenario totalmente favorable, es imprescindible que los trabajadores reflexionen acerca de sus propias demandas, de la forma en que se contraponen a este tipo de propuestas y también sobre la necesidad de que se doten cuanto antes de un programa de lucha clasista, que permita proyectar un camino de justicia y educar a los sectores más vulnerables y menos organizados del engaño que encierran las propuestas emanadas desde las oscuras oficinas de los gremios empresariales.
por Rodrigo Medel y Sebastián Osorio
Miembros CIPSTRA
1 Ya que el impuesto más importante es el IVA al consumo, y los pobres consumen todo su ingreso mientras que los ricos pueden ahorrar grandes sumas de dinero que no imponen.
2 Aunque también se considerarán como factores el nivel de empleo y características específicas de ciertas ramas de la economía.
3 También se propone una serie de mecanismos de diálogo pre huelga, entre otras formas de dilatar los conflictos extendiendo los plazos de mediación.