Dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) cuestionaron lo que consideran un “descarado lobby” por parte de los ejecutivos de HidroAysén para que el Comité de Ministros dirima a favor de la empresa las numerosas reclamaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental (RCA), antes del término de la actual administración, esperando que con ello termine la indefinición en que se mantiene el proyecto.
“Cuando el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández expresa que están ‘(…) apoyando la gestión para que el Comité de Ministros resuelva de manera apropiada’ se manifiesta públicamente un intervencionismo empresarial que compromete al gobierno, porque pareciera que están en un diálogo directo con este y que tienen la capacidad de influenciar sus decisiones”, expresó el presidente de Ecosistemas y coordinador internacional del CDP, Juan Pablo Orrego.
Justamente, para fiscalizar el proceso, el CDP solicitó el 30 de octubre pasado, por Ley de Transparencia, la agenda de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y del nuevo director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo Irarrázabal, ya que en la organización consideran que “si aún no ha recibido a las organizaciones del CDP y otras agrupaciones de la sociedad civil que han presentado reclamaciones, tampoco debiera haberlo hecho con los directivos y representantes de las empresas proponentes del proyecto hidroeléctrico”.
“En pocos días la autoridad debe informarnos si ha habido intervencionismo en este caso, de lo contrario será la palabra del vicepresidente de HidroAysén en contra de lo que informe el Ministerio de Medio Ambiente” indicó desde Aysén, Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.
En estas últimas semanas, no sólo el ejecutivo de HidroAysén ha hecho reiteradas declaraciones en medios nacionales para presionar al gobierno sino también Bernardo Matte, director de Colbún, quien manifestó: “Espero que la política de acuerdos resurja en este país”, agregando que de lo contrario “probablemente vamos a seguir dependiendo del carbón“, exhibiendo una vez más su conocida campaña del terror en el sector eléctrico. Paradójicamente en la misma oportunidad Matte declaró que “con o sin resolución del Comité de Ministros, HidroAysén está parado y va a seguir parado”.
La arremetida pública de HidroAysén está directamente relacionada con las millonarias donaciones que las empresas involucradas en el proyecto, Colbún y Endesa, han realizado a las campañas políticas este año, desde la presidencial hasta la de Cores, que según la investigación de CIPER asciende a $1.915 millones y sitúa al consorcio entre los mayores “inversionistas” en campañas electorales. “Por eso ese aporte resulta clave para grandes compañías, como el grupo Enersis, que tienen pendientes millonarios proyectos como HidroAysén. El complejo hidroeléctrico se encuentra hace dos años a la espera de ser visado por el Consejo de Ministros y aún debe someter a tramitación su línea de transmisión, por lo que más que gasto en donaciones, se trata una inversión que vale mucho más que un par de millones de dólares” publicó CIPER la noche del miércoles.
Para los representantes del CDP, la ansiedad de quienes están detrás de HidroAysén se debe a las inversiones ya realizadas para el proyecto y a que el cronograma original de la empresa está atrasado en al menos cuatro años. La empresa esperaba comenzar la construcción de la primera central en 2008, sin embargo la masiva presión social, tanto en Chile como en el extranjero, que ha provocado la intención de represar la Patagonia, hasta el momento ha impedido su materialización. “En los hechos, es evidente que ningún gobierno quiere pagar el costo político de aprobar definitivamente las cinco represas en los ríos Baker y Pascua de Aysén”, puntualizaron desde el CDP.