El 9 de agosto de 2013, a página completa en ese diario, la muy privada Universidad San Sebastián, teóricamente persona jurídica sin fines de lucro, publicó una inserción desmintiendo al arquitecto Carlos Reyes, ex Director de Obras de la Municipalidad de Recoleta, por unos presuntos sobornos y al también arquitecto Daniel Jadue, alcalde de esa municipalidad, como asimismo reprochando a una “coordinada cobertura mediática……………que forman parte de un montaje comunicacional liderado desde la municipalidad destinado a dañar la imagen de nuestra universidad………………..”.
La Junta Directiva de esa casa de estudios superiores aseguró en dicha Declaración Pública que “se honra en declarar del modo más rotundo que es una institución que jamás ha hecho nada ilegal, que nunca ha tenido vinculación alguna con actos de corrupción, y que todas sus actividades públicas y privadas se ajustan a un estricto sentido ético”.
Ante tales convincentes palabras estoy seguro que el 99% de los lectores de esa inserción creyeron los dichos de tal universidad y deben haberse quedado con la pésima sensación de que los denunciantes, Reyes y Jadue, son unos mentirosos rematados, sobre todo el primero quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público para acceder a un juicio abreviado en donde dirá algunas cosas comprometedoras, desconocidas hasta ahora.
Con el propósito de dejar las cosas en su justo lugar y como somos testigos directos de todos los hechos, sucintamente diremos lo que sucedió con el emprendimiento inmobiliario-educacional, objetado desde hace años no solo por la Fundación Defendamos la Ciudad, sino también por la Corporación Ciudad Viva, liderada por Lake Sagaris y Josefa Errázuriz, actual alcaldesa de Providencia, por las Juntas de Vecinos de Recoleta y Providencia, cuyos cabezas visibles son los dirigentes Gerardo Lanzarotti y Juan Eduardo Donoso, respectivamente y por algunos concejales de Recoleta.
Todos los anteriores, en diferentes ocasiones y con distintos fundamentos, han denunciado desde hace años las malas prácticas incurridas en el proceso de la tramitación de los permisos de edificación finalmente cursados a la empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.”, relacionada con la Universidad San Sebastián.
En efecto se autorizó con “errores”, así se dice en Chile cuando se detectan vicios en los actos administrativos, un permiso para que se construyeran 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una, la propia universidad y su centro de extensión, en cuatro predios colindantes entre sí localizados en la manzana conformada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, comuna de Recoleta, pero al Director de Obras de entonces, Carlos Reyes, se le “olvidó” que la altura máxima contemplada en el Plan Regulador Comunal para el sector en donde se localizan esas 3 torres es de 8 pisos, es decir, los habilidosos empresarios, con la ayuda “solidaria” de la municipalidad de Recoleta, cuando el alcalde era Gonzalo Cornejo, construyeron 11 pisos más que los admitidos por cada una de sus torres.
Esa “conveniente” equivocación le significó al privado un significativo mayor margen de ganancia en su inversión y acorde a lo expresado oportunamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Contraloría General de la República (CGR) y Consejo de Defensa del Estado (CDE), se acreditó que el permiso, conforme a lo ordenado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), estaba mal otorgado. Pero lo resuelto por estas 3 instituciones del Estado no produjeron ningún efecto práctico : las torres están allí muy erguidas, por lo tanto son hechos consumados, lo que asocio a lo que está ocurriendo con el polémico mall de Castro. Recordemos que en el ámbito de la construcción la impunidad está garantizada.
Como el proyecto en su conjunto no fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sino tan solo las 3 torres truchas, fue necesario informarle a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que fiscalizara in situ para que, constatando los hechos, sancionara ejemplarmente a la sociedad infractora.
Y así fue como el 8 de agosto de 2013 la SMA, un día antes de la publicación de la inserción en El Mercurio, inició un proceso sancionatorio contra el privado, conforme a lo establecido en el artículo 39º de su Ley Orgánica, dándole un plazo de 10 días al titular del proyecto para que le presentara un Programa de Cumplimiento, solo por los estacionamientos subterráneos, curiosamente sin aludir a los equipamientos educacionales. El 29 de agosto de 2013 la SMA, antes de aprobar dicho Programa, resolvió clausurar a partir del 5º día de la notificación correspondiente, los 342 estacionamientos subterráneos que tiene la universidad hasta que el privado obtuviera la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
El 2 de septiembre de 2013 la empresa presentó ante la SMA un programa de cumplimiento refundido, coordinado y sistematizado, solicitándole que lo aprobara y el 5 de septiembre, es decir, 3 días después, el órgano ambiental fiscalizador dispuso la suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio.
Pero ¡oh sorpresa! el 27 de septiembre de 2013, transitando apaciblemente por el barrio Bellavista, constaté que el estacionamiento bajo tierra cuyo acceso se ubica en un bien nacional de uso público gracias a un permiso precario (?) otorgado por la ex alcaldesa Sol Letelier, continuaba operando incluso con avisos publicitarios dirigidos al mercado vehicular, indicándose el precio por hora y día completo de sus aparcaderos, ante lo cual por correo electrónico a la SMA y al alcalde de Recoleta, les representé esta forma de rebeldía por parte del sancionado.
La SMA contestó que está recopilando información, señalando que no pueden dar mayores detalles porque su fiscalización es secreta (sic), y ante esta insustancial respuesta, el 7 de octubre de 2013, por escrito, se interpeló al Superintendente respectivo haciéndole notar que su obligación legal es materializar inmediatamente la clausura de los estacionamientos resuelta por su servicio público. En los próximos días le preguntaremos a ese funcionario del Estado qué hará la SMA con las edificaciones de la propia universidad y del centro de extensión, ambas todavía no sometidas al SEIA.
En síntesis, con la publicación en El Mercurio, el ganador neto ha sido ese diario el cual le debió haber cobrado a la universidad unos cuantos millones de pesos por la inserción y ha quedado en evidencia que los dueños de esa casa de estudios no son unas blancas y santas palomas como ellos se autocalifican y quien dirá la última palabra en este incidente será el Ministerio Público, a quien le solicitamos a través de esta tribuna que por favor no envíe a nadie a tomar cursillos de ética comercial.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”