Y ya pasado el zafarrancho de septiembre, ese que dejó rojos corazones arrugados entre tanta imagen prohibida, meas culpas, fondas, cuecas, borracheras, traslados carcelarios, suicidios militares y al Presidente de derecha cerrando la transición. Ya terminado ese mes en el que cambiamos las parrillas del 11 por las del 18, sin tanto trámite ni cuestionamiento, como en un film surrealista. Ya pasado todo ese nudo de la cabeza patria, en el que interrogamos a militares, prensa y clase política sobre su rol en los años pesados. Pasado todo ese torbellino y sentados en el mirador de la fría razón, es que nos salta una gran interrogante ¿Y los cómplices pasivos?
Fue el presidente-empresario quien instaló el término “Cómplices pasivos” para referirse a la otra dimensión de la dictadura. La dimensión civil, esa que recorre desde ministerios a corte suprema. Tuvieron que salir a la pizarra actores que hasta ese entonces, habían pasado piola.
Y Piñera no calculaba que esta rimbombante cuña, tan felicitada por intelectuales de la talla de Carlos Peña , no iba más que a abrir el juicio histórico a quienes se dedicaron a enriquecerse mientras los valientes soldados las emprendían contra el Estado de Derecho. Dicho en términos más directos, cómplices pasivos que arengaban a Pinochet para que privatizara las empresas del Estado y luego se las vendiera a ellos mismos, pero a precio de Huevo.
Durante la dictadura, Jaime Guzmán y otros ideólogos derechistas, emborrachados con la derrota soviética a manos del capitalismo yanki, instalaban el modelo que hasta hoy nos rige: el neoliberalismo. Para ello generaban una constitución única en el mundo. Una constitución económica. Una constitución que reprime y establece ilegalidad a doctrinas o prácticas que tiendan a la lucha de clases (véase el código laboral y sus nefastos puntos vigentes hasta hoy sobre negociación colectiva y sindicalización) Una constitución explícitamente ideológica que establece el principio de subsidiariedad como barricada que desecha cualquier implementación de política pública agresiva por parte del Estado. Esa constitución, fue la obra gruesa desde la cual los cómplices pasivos construyeron aquel barco pirata que protagonizaría el saqueo más descarado de la historia patria: la privatización de lo público.
La privatización de empresas durante la dictadura provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares (dinero con el que podríamos financiar una educación pública gratuita y de calidad por muchos años) según el informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos entregados por la Contraloría General de la República.
Este mismo informe develó que el fisco de Pinochet entregó 15.888 inmuebles pertenecientes e Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos de los pasivos cómplices. Es más, sólo el 20% de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. El Estado perdió en términos de superficie lo equivalente a la suma de las regiones de Valparaíso, Ohiggins, Maule y Metropolitana.
Los cómplices pasivos compraron, durante la dictadura, un total de 725 empresas públicas a precio de huevo, según consigna el informa parlamentario. Estas empresas pasaron a manos de grupos económicos surgidos al calor de uniformes y matracas. Sólo por la venta de 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares.
Hubo cómplices pasivos que dieron cátedra de emprendimiento vertiginoso. Pasaron de simples empleados públicos a ser millonarios accionistas o controladores de sociedades anónimas. Véase el caso de Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet y quien asumiera la presidencia de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en 1980 con la misión de sanearla. Hoy la privada empresa se llama SQM, es líder mundial en los negocios de fertilizantes, con utilidades de cientos de millones de dólares y su presidente es el mismísimo Ponce Lerou.
Otro connotado cómplice pasivo es el actual presidente de Azul Azul (ex club deportivo Universidad de Chile) José Yuraszeck. Este insigne militante de la UDI fue gerente de la estatal Chilectra Metropolitana, propició su privatización, luego consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado y terminó comprando a CORFO un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. Gol!
Más cómplices pasivos. En los años 80 la propiedad del diario La Tercera era del Banco del Estado. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del banco, Alvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Alvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del banco Osorno. Esta venta, según informe, significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del banco. Actualmente el grupo Copesa controla diarios, radios, revistas y plataformas digitales desde las cuales controlan información y pensamiento.
Y así suma y sigue. Son muchos los que se hicieron ricos gracias al saqueo del Estado. De hecho ya en “democracia” la única vez que el dictador, entonces Comandante en Jefe del Ejército, amenazó al gobierno civil a través de ejercicios de enlace y boinazos, fue cuando se intentó procesar a su familia por casos de fraude.
El saqueo de la dictadura fue custodiado por los mismos militares que hoy residen en Punta Peuco. Esos militares que hoy dejan de recibir privilegios carcelarios y comienzan a sentir en sus ancianas espaldas, los primeros latigazos del juicio histórico. Entonces, desde sus camarotes y con la vista perdida en el horizonte del infierno, preguntan por aquellos jóvenes profesionales que en los 80 les prometían gloria y lealtad. Esos mismos que hoy desde su prominente burbuja financiera, no solo les dan la espalda, sino que les exigen pagar por su pasado de sangre.
Es hora de ajustar cuentas con los bribones que se llevaron las ganancias de todo un país para sus sociedades anónimas o paraísos financieros. Es hora de funar ya no a violadores de DDHH, sino que a los piratas del saqueo ochentero. Es hora no de expropiarles, sino que de recuperar lo robado a todos los chilenos. Ya no basta con un simple informe parlamentario. Es hora de ir por los cómplices pasivos y su patrimonio de saqueo.