El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.
“¿Qué saben ustedes…?”
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí “se podían producir atentados extremistas”, pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 “Arica” de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada.
La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a “arresto domiciliario”. Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre “la desaparición de los menores” y “qué sabían de eso”.
Balas militares
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales “expertos en rastreo”. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.
“Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usan sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico les señaló que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado señala ‘causa de muerte indeterminada'”, agrega Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su “delfín”), y va dirigida contra Augusto Pinochet y “todos los que resulten responsables”. También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento “Arica”.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, “por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de ‘inculpado’. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso”, señala Hugo Gutiérrez.
Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del Regimiento “Arica” de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: “Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano”. Sin embargo, Lapostol confirmó que “los ejecutados fueron elegidos por Arellano”.
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento “Arica”.
Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título “La responsabilidad de Cheyre”