El Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares de Chile, ante el trato privilegiado que reciben los detenidos por violaciones a los derechos humanos declara:
1.- Siempre hemos rechazado el hecho de que todos los que cumplen condenas por violar los derechos humanos, torturar, violar, ejecutar y hacer desaparecer a miles de chilenos reciban un trato especial en cárceles de lujo que fueron especialmente construidas para ellos.
Resulta una ofensa para las víctimas, la memoria y el espíritu del «nunca más» que los responsables de crímenes de lesa humanidad cuenten con estos privilegios y con la protección de sus respectivas instituciones armadas y de los civiles que fueron parte de la dictadura —y que hoy ocupan cargos públicos en representación de la UDI y RN, como es el caso Jovino Novoa y Alberto Cardemil.
2.- En Chile, durante la dictadura cívico-militar, se ejerció el terrorismo Estado y se violaron sistemáticamente todos los derechos humanos; se mintió, se realizaron montajes con la complicidad de la prensa y, en especial, de la cadena de El Mercurio; la Corte Suprema estuvo al servicio y favoreció dicho terrorismo, mientras los civiles se apropiaban de las empresas que pertenecían a todos los chilenos, saqueando, en suma, nuestro país.
3.- Fue frente a esta realidad que miles de chilenos ejercimos el legítimo derecho a la rebelión contra la tiranía establecido en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos de la ONU. En virtud de esta lucha patriótica fuimos detenidos, torturados, y juzgados por fiscalías militares que eran juez y parte.
En las cárceles de la dictadura se nos mantenía hacinados en celdas insalubres y en penales que compartíamos con la población común. Por cierto, las reglas las ponían quienes estaban en el poder.
A los ex presos políticos y ex presas políticas de la dictadura no nos anima la venganza, sino la exigencia justicia. En tal sentido, no resulta ni ético ni menos justo que existan cárceles de lujo para los criminales. En cambio, debe aplicarse el criterio de igualdad ante la ley, de manera que Contreras y todos los demás violadores de derechos humanos cumplan sus condenas en las cárceles que están bajo el mando de Gendarmería.
4.- Rechazamos el burdo e insostenible argumento del empate esgrimido por los civiles que fueron beneficiados por la dictadura, los que se sacan la careta y salen en defensa de los criminales, garantizándoles impunidad, cuando en rigor deberían ser degradados, pues traicionaron el honor militar que el general Carlos Prats representó como soldado constitucionalista y democrático.
¡¡¡BASTA DE CÁRCELES DE LUJO Y PRIVILEGIOS PARA LOS CRIMINALES Y RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS!!!
¡VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA SIEMPRE!