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Ante el evidente fracaso del mercado desrregulado nace un nuevo período histórico, que se caracteriza por el creciente rol del Estado. Pero este cambio no es suficiente: es necesario revitalizar la democracia que sólo es posible mediante la participación ciudadana en las decisiones que el país debe tomar.
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El primer paso imprescindible es un nuevo pacto social que deberá plasmarse en una Constitución emanada de una Asamblea Constituyente y refrendada por un plebiscito; esta Carta Fundamental deberá garantizar el equilibrio de poderes un régimen político semi presidencial, terminar con la subsidiaridad del Estado y abrir campos a la expresión de la ciudadanía popular por medio de un sistema electoral proporcional, inscripción automática, voto voluntario, iniciativa popular de ley y plebiscitos revocatorios.
El nuevo Estado deberá garantizar una educación pública gratuita, descentralizada y de alta calidad, así como prestaciones de salud gratuita y de similar calidad que la salud privada; además, debe incluir viviendas dignas y barrios no segregados. Las nuevas políticas públicas deberán terminar con la cleptocracia y la pitutocracia: todos los cargos públicos serán proveídos en base a concursos ciegos; la Contraloría tendrá mayores facultades para fiscalizar cualquier irregularidad; el Estado social será un Estado probo.
Todos los bienes naturales serán propiedad del Estado y las concesiones y comodatos serán controlados por la soberanía popular y/o sus representantes. El royalty será equiparado a los estándares internacionales. La matriz energética será diversificada, privilegiando el Estado las energías limpias y renovables. Se ampliarán las libertades ciudadanas los derechos humanos, en especial los económico-sociales. El Estado chileno combatirá todo tipo de segregación, sea social, sexual o étnica; se creará una defensoría de los ciudadanos. Las cargas públicas privilegiarán a las empresas familiares y las pymes, promoviendo la capacitación y el empleo. El sistema provisional será mixto: uno de capitalización privada y otro solidario; el Estado deberá garantizar la libertad de elección por parte de los ciudadanos y un sistema de pensiones digno. Estas medidas constituyen algunos de los pasos terminar con el Estado de castas y llegar, para el Bicentenario, a un Estado social de participación ciudadana.
Rafael Luis Gumucio Rivas
El nuevo Estado deberá garantizar una educación pública gratuita, descentralizada y de alta calidad, así como prestaciones de salud gratuita y de similar calidad que la salud privada; además, debe incluir viviendas dignas y barrios no segregados. Las nuevas políticas públicas deberán terminar con la cleptocracia y la pitutocracia: todos los cargos públicos serán proveídos en base a concursos ciegos; la Contraloría tendrá mayores facultades para fiscalizar cualquier irregularidad; el Estado social será un Estado probo.
Todos los bienes naturales serán propiedad del Estado y las concesiones y comodatos serán controlados por la soberanía popular y/o sus representantes. El royalty será equiparado a los estándares internacionales. La matriz energética será diversificada, privilegiando el Estado las energías limpias y renovables. Se ampliarán las libertades ciudadanas los derechos humanos, en especial los económico-sociales. El Estado chileno combatirá todo tipo de segregación, sea social, sexual o étnica; se creará una defensoría de los ciudadanos. Las cargas públicas privilegiarán a las empresas familiares y las pymes, promoviendo la capacitación y el empleo. El sistema provisional será mixto: uno de capitalización privada y otro solidario; el Estado deberá garantizar la libertad de elección por parte de los ciudadanos y un sistema de pensiones digno. Estas medidas constituyen algunos de los pasos terminar con el Estado de castas y llegar, para el Bicentenario, a un Estado social de participación ciudadana.
Rafael Luis Gumucio Rivas
7/11/09