El ministro de Defensa, Francisco Vidal, y el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta entregaron a la Cámara de Diputados y el Senado un informe similar al proporcionado este martes a la comisión de Defensa de la Cámara Baja, en el cual confirmaron la exoneración de los trece uniformados ex DINA en retiro.
Sin embargo, parlamentarios oficialistas no comparten este último juicio, ya que en las sesiones se confirmó que hay otros ocho uniformados, ex CNI, que si bien no están procesados, sí están contratados a honorarios.
Así lo dejó explicó el senador PS, Jaime Naranjo, quien señaló que “esas personas pertenecieron a instituciones donde se les enseño a matar y a hacer desaparecer personas. Por consiguiente, desde el punto de vista ético no pueden seguir siendo amparadas por una institución que dice respetar el Estado de Derecho y el sistema democrático. Yo espero que el Ejército aparte absolutamente a todas estas personas que estuvieron vinculadas con los organismos de represión y con los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en nuestro país”.
En tanto, los parlamentarios del PPD Antonio Leal y Tucapel Jiménez, presentaron un proyecto de ley para que se regulen las causales de ingreso y desvinculación de las Fuerzas Armadas, orden y seguridad pública.
Jiménez señaló que la iniciativa busca que no se siga aplicando el principio de inocencia que esgrimió el gobierno para no desvincular a los ex uniformados.
“Si no hubiese sido por un reportaje periodístico, se seguirían recibiendo pensiones, que son muy buenas, diferentes a las que reciben el resto de los chilenos, y en si mismo, el doble contrato es inmoral. Pero mucho más inmoral es que personas que participaron en este tipo de organizaciones estén recibiendo doble sueldo y sean recontratados por el Ejército, porque si hay algo que daña su imagen del ejercito, es que tengan personas que hayan pasado por estas organizaciones”, enfatizó.
El proyecto establece la obligación de demostrar intachable conducta anterior, y no haber pertenecido a organismos de asociación ilícita criminal, delirada por sentencia judicial, y estableciendo que después de treinta días de publicada la ley deban aplicarse las desvinculaciones.