No deja de ser interesante, sin embargo esta señal que da Piñera en su oferta electoral, pues demarca de manera clara su concepción del Estado y de la sociedad civil, el primero como simple apéndice del imperio del mercado, como garante de los grandes intereses, los mismos que a la hora de la verdad se niegan a tributar a favor de una redistribución equitativa de la riqueza, intereses al que él tan dignamente representa; y la segunda como una masa irreflexiva, susceptible de ser captada con un “bono” electoralista. Esta concepción contrasta con visiones más contemporáneas, que reconocen al Estado y a la sociedad civil del siglo XXI un rol protagónico. El primero en la regulación del mercado y en la redistribución de la riqueza como condiciones básicas para la equidad social como sinónimo de democracia, y la segunda en un rol activo, propositivo y participativo, así como en el control y vigilancia de la acción del Estado y también del mercado, como parte sustantiva del juego democrático. Solo así aspiraremos a vivir en una sociedad inclusiva y evolucionada.
Cualquier candidato a la presidencia debe estar en condiciones de entender el giro y la proyección que han dado las nuevas políticas emanadas del gobierno por concluir, que colocan un piso mínimo al bienestar y la seguridad social de los chilenos y, como trayectoria siguiente para el mundo progresista y moderno su carácter irrenunciable de jugar hacia un nuevo Estado Social de Derecho, frente al desafío de la desigualdad y las nuevas formas de exclusión que el “libre” mercado a dejado en su paso. En el curso de este renovado Estado de Derecho, las nuevas políticas públicas, tienden hacia la universalización de los derechos económicos, sociales y culturales (desc). Es decir ya no se trata solo de orientar “focalizadamente” a tales o cuales grupos (en mayor riesgo) la ayuda o el subsidio, basado en la idea de que un “crecimiento económico sin cuotas mínimas de equidad para los más perjudicados”.
Como reflexiona Pablo Salvat, un Estado con esos adjetivos apunta a garantizar para todos, un ingreso básico ciudadano desde la cuna hasta la muerte. Se trata de un beneficio incondicional, otorgado sin excepciones a todos los miembros de una comunidad, que asegure a todos un umbral mínimo de bienestar de modo independiente a su contribución a la producción, vale decir es universal. Con ello se pretende asegurar grados mínimos de autonomía e independencia a todos los ciudadanos (hombres y mujeres), con lo que (los pobres) pueden liberarse de la necesidad de “pedir permiso” a terceros para poder subsistir.
Por ello, la promesa del suspiro de cuarenta “lucas”, resulta tan falaz como reduccionista, además de irrespetuoso, siendo en el fondo una gruesa distorsión frente a las legítimas expectativas de desarrollo humano sustentable, que la sociedad chilena requieren concretar en el momento actual, sobre la base de políticas sociales duraderas, con expresión en el presupuesto nacional, no más sujetas al arbitrio populista, clientelar y desesperado de candidatos o políticos que juegan con la fe pública.
Se puede discutir las debilidades que han tenido los gobiernos de la concertación en materia de políticas sociales y su capacidad de garantizar una vida digna y una justicia social para todos, como se puede discutir también el papel que se le ha dejado jugar al mercado en los 19 años de recuperación democrática, pero también se debe reconocer que desde los 90’ en adelante, en materia de política social, ha existido un cierto disciplinamiento fiscal como principio ordenador, que no escamoteó los acuerdos y consensos entre oficialismo y oposición, al no comprometer (ni siquiera con fines electorales) más gastos sociales que no estuvieran garantizados.
En ésta perspectiva, es justo reconocer el giro hacia una nueva proyección de las políticas públicas, que tiene indudablemente una marca de género, en el mandato de la Presidenta Michel Bachelet; quién se atrevió a dar un salto cualitativamente superior en el difícil camino de la Protección Social, aumentando significativamente el gasto social dentro del Presupuesto Nacional, poniendo una vara que la siguiente administración está en deber de superar. Ese finalmente es el gran desafío de los próximos gobiernos. No hay que olvidar, sin embargo lo que nos recuerda Allan and Scruggs (2004) “Mientras que los partidos de izquierdas fallaron para expandir el estado de bienestar desde los 80, son los partidos de derecha los que instigaron y promovieron el retroceso posterior, cuando los estados de bienestar habían madurado”.
Septiembre, Santiago de Chile