Las situaciones de injusticia, de “crímenes legales” permitidos precisamente por la Constitución herededa de Pinochet y usada por todos los gobiernos de la Concertación y en la que, ellos mismos, nunca encuentran error siquiera en las muertes de jóvenes Mapuche, de heridos como el caso del periodista de este caso u otros casos, nos deben llevar a insistir en que fuera de ilegítimo, Chile y su gobierno actúan de modo perfectamente ilegal de acuerdo a los tratados mundiales sobre justicia.
La presidenta, como lo decía Paul Walder [“El Estado de Derecho exigido en la Araucanía por los Angelini y Matte”], al llamar a los Mapuche luchadores por sus derechos de delincuentes, no reconoce lo que firmó. Pasa por encima de las normas internacionales y acepta firmar acuerdos que sabe muy bien que no va a respetar. No será su Ministro VieraGallo quien resolverá esta política errada en todos sus aspectos, cuando los Lonkos de la Alianza territorial denuncian las atorcidades y pide conversar sin que los escuchen. Tampoco los candidatos que ni siquiera se atreven a mencionarla.
José Venturelli