Artículo 8º.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
El Diploma de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca identificar los requisitos necesarios para dar cumplimiento a este imperativo por parte del Estado, tanto en lo que respecta a la transparencia como en el pleno respeto a los derechos de las personas, especialmente en lo que dice relación con la protección de los datos personales que constan en poder del Estado.
Reconocemos la importancia de la información para la toma de decisiones por el gobierno y administración pública, más aún hoy en día, con la progresiva instauración de soluciones de procedimiento electrónico. Asimismo, reconocemos la importancia de la transparencia, como una herramienta al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático. Sin embargo, estimamos que en nuestro entorno hay riesgos para los derechos de las personas, asociados al tratamiento de datos personales por el Estado, sobre todo en las operaciones de comunicación de datos a terceros, derivados de la inexistencia de una política pública de tratamiento de la información personal, que garantice a los ciudadanos que los datos serán de calidad, que se utilizarán de acuerdo a la legalidad, y que serán eliminados en la medida que devengan en caducos o que ya no subsista el fundamento legal de su tratamiento. Esta política, además de ser satisfactoria, debiera ser conocida por los agentes sociales.
Nos interesa entregar conocimientos respecto de la transparencia como una herramienta contra la corrupción, pero también creemos indispensable generar las competencias necesarias para que la transparencia no termine siendo una herramienta para “desnudar en público” a funcionarios públicos o a personas respecto de las que la administración tiene datos personales, sin reflexionar sobre qué requisitos debe cumplir la información que se difunde, en pos del cumplimiento de la necesaria protección a los derechos de esas personas.
Estimamos que el desarrollo de competencias para la transparencia, es esencial para que esta institución cumpla su rol como una herramienta al servicio de nuestro sistema democrático. En efecto, la transparencia es mucho más que difundir indiscriminadamente información de las personas, es una herramienta al servicio de la democracia, que permite tener una ciudadanía más informada, no sólo sobre el quehacer de la autoridad, sino además sobre la normativa que rige, sobre el procedimiento seguido y la información tenida en vistas por el administrador al momento de tomar decisiones a su respecto, o incluso el procedimiento e información considerada en la toma de decisiones de política pública, etc.
El desarrollo de estas competencias no sólo permitirá a los directivos públicos implementar la transparencia en sus servicios, en cumplimiento de la ley y la Constitución, sino además les permitirá generar herramientas para definir los parámetros que les permitan guiar su actuación a la hora de decidir qué información y cómo ponerla a disposición de la ciudadanía en cumplimiento de la transparencia.
A través del diploma se busca, además, entregar las herramientas necesarias para que los altos directivos públicos puedan analizar los requisitos que deben cumplir las tecnologías aplicadas al servicio de los procedimientos administrativos electrónicos ligados a la transparencia y protección de los derechos de las personas.
El diploma no está dirigido sólo a abogados, sino que busca generar un espacio de reflexión multidisciplinaria sobre los alcances de estas obligaciones y las formas más eficientes para su implementación. Ello permitirá generar capital humano que nos permita posicionarnos como país que cumple altos estándares de calidad en la transparencia a nivel internacional y desarrollar un modelo de medición de transparencia a nivel nacional, que permita tanto a los organismos públicos como a la ciudadanía verificar el avance de esta institución.
Adicionalmente, se analizarán los derechos fundamentales que están detrás de la transparencia, especialmente el derecho a la información, el derecho de propiedad, la protección de la propiedad intelectual y la protección de datos personales. Ello se realizará a partir del trabajo interdisciplinario que incluya la valoración social de los bienes jurídicos comprometidos: (transparencia/derechos personales, transparencia/propiedad intelectual, etc.,); económica: (valor económico de la información personal en la toma de decisiones de política pública y tecnológica: (herramientas tecnológicas de tratamiento de datos personales que sean capaces de cumplir los índices de transparencia con pleno respeto de los derechos de las personas).
Creemos que al final del curso, los participantes serán capaces de desarrollar proyectos de implementación de la transparencia que contemplen factores tecnológicos, jurídicos y sociales que abarquen todo el proceso de transparencia y sus procesos asociados, tales como el tratamiento de datos personales por el Estado desde la recogida, almacenamiento, comunicación e intercambio de datos, hasta la toma de decisiones en base a esa información, ya sea por medios manuales o automatizados o la gestión documental del Estado en el marco de las normas sobre procedimiento administrativo electrónico.
En todo caso nos centraremos en el marco del gobierno electrónico, como escenario al cual confluye la realidad nacional e internacional. Siendo así, analizaremos el tratamiento que el Estado hace de la información referida a personas naturales, determinadas o determinables, en el marco de los procedimientos asociados al gobierno electrónico y los niveles de satisfacción de los principios del tratamiento de datos personales reconocidos a nivel internacional, cuales son la finalidad, la calidad de la información, la seguridad, la transparencia de la misma y de los métodos empleados en su tratamiento, y las metodologías aplicables a la certificación de estos procesos.
Como estrategia docente hemos reunido a un grupo multidisciplinario de investigadores, quienes aportarán desde las múltiples ópticas que representan sus áreas de conocimiento y mediante un enfoque de problema, para el desarrollo de competencias profesionales.
Se espera que al término del curso nuestros estudiantes queden habilitados para contribuir a incrementar la tasa de éxito de las estrategias de implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública implementadas y por implementar en Chile, pues la aplicación del enfoque de problema propuesto permitirá mejorar los índices de satisfacción de las condiciones de transparencia y a su turno incrementar los niveles de protección de los derechos de las personas en lo referente al tratamiento de los datos personales que le conciernen. Ello posibilitará establecer sistemas de entrega segura de información pública confiables en el seno de la administración, con los consecuentes beneficios en relación a la eficiencia y coherencia de la actuación del Estado. Asimismo, mejorará los índices de democracia en nuestro entorno pues permitirá entregar a la ciudadanía información de calidad y en forma oportuna, tanto respecto de los datos personales que le conciernen, que se almacenen en alguna de las bases de datos que administra el Estado, como sobre la información que se tuvo en vistas al momento de tomar decisiones a su respecto.
Como objetivo adicional, el curso contribuirá a la creación de capital humano, mediante la formación de un grupo de profesionales capacitados para dar soluciones a las problemáticas jurídicas y técnicas asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al servicio de objetivos de política pública.
Una de las mayores ventajas comparativas del curso es el haber sido elaborado bajo una perspectiva de realidad social, jurídica, económica y tecnológica, garantizando de esta forma la satisfacción del rol integrador de la universidad respecto de las necesidades sociales. Siendo así, en definitiva los modelos diseñados por los participantes de nuestro curso podrán responder a las exigencias de diseño e implementación que aseguren su coherencia tecnológica y social, considerando alcances y limitantes jurídicas, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales y su impacto económico, todos factores que determinan el éxito y/o fracaso de este tipo de proyectos”.
Por: Lorena Donoso, Magíster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Directora del Centro de Derecho y Tecnologías de la Universidad Central de Chile.