Para el abogado especialista en causas de derechos humanos Eduardo Contreras, la situación es preocupante por la forma en que se está actuando frente a las demandas de la gente, donde además se tiene a personeros como el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, el que a su juicio es más una autoridad de la dictadura que de un gobierno democrático.
“Sus palabras de respaldo pleno al carabinero que asesina por la espalda a un mapuche, expresan una señal muy peligrosa. En un momento, además, el gobierno chileno se da una voltereta en el plano internacional, pues la Presidenta Bachelet, hace pocos días reafirma con Lula en Brasil la necesidad de revisar el pacto militar de Uribe con Estados Unidos respecto a las siete bases militares en Colombia, viene Uribe a La Moneda y la Presidenta se da la voltereta y resulta que ahora nosotros estamos de acuerdo con la instalación de las bases militares yanquis”, manifestó Contreras.
Esa política también es llevada por el sistema de fiscales, planteó el abogado de derechos humanos, para quien sólo actúan cuando se trata de aparecer en los medios de comunicación y poco hacen cuando se trata de solucionar los problemas o los reclamos de justicia de la gente más sencilla.
El entramado jurídico en el país incluye que a las políticas represivas se aplican procesos en contra de dirigentes de diferentes sectores sin que posteriormente se comprueben las acusaciones, lo que a juicio de José Ortiz, representante sindical, es una vuelta a la represión para mantener lo que denominan en el gobierno la paz social.
“Los mapuche tienen un problema objetivo, les quitaron sus tierras, a los trabajadores del salmón les quitaron sus empleos, son 17 mil trabajadores del salmón directamente afectados producto de la pérdida de sus empleos, y no por responsabilidad de ellos. Entonces, aquí, la patronal está usando toda la fuerza para acallara los reclamos de los trabajadores. Nosotros creemos que esos no son los mecanismos, la vuelta a las noches oscuras de la dictadura no es el mecanismo para resolver los problemas de los trabajadores”, denunció el dirigente.
Para el integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos Ricardo Valladares, la acción que emprende el gobierno con sus políticas represivas es contraria al derecho internacional y especialmente a las prerrogativas fundamentales que tiene cada persona a asociarse, e incluso, a protestar por lo que considera que es injusto.
“Tenemos distintas acciones de parte del gobierno que tienden a limitar estas libertades democráticas, a ser perseguidas, el allanamiento se hace común tanto para las radios comunitarias, como para la televisiones comunitarias, como para dirigentes sociales como para centros culturales, que, precisamente, como no hay una institucionalidad que los incluya, los reciba, los acoja, se van construyendo de manera autónoma, paralela, bajo la razón de los derechos fundamentales que están estipulados en distintos tratados internacionales”.
Para Valladares es necesario plantear el más fuerte rechazo a nuevos intentos por limitar las libertades de las organizaciones y, por lo tanto, de las personas, como por ejemplo con el artículo aprobado en la Cámara de Diputados que responsabiliza a quienes convocan a una manifestación por eventuales desórdenes, lo que contraviene incluso convenios internacionales.
Por ahora, se mantiene el estado de represión en el que ha caído el país donde la respuesta a las manifestaciones son las rejas, los gases e incluso las balas que finalmente resultan ser avaladas desde el gobierno.