En días pasados el diario El Mercurio publicó un reportaje sobre la materia, en donde se cometieron bastantes errores por desconocimiento de la situación. A modo de ejemplo, el periodista había señalado que sólo 30 viviendas se habían edificado más arriba de la cota 1.000, en circunstancias que eran más de 450. Gentilmente nos comunicamos con ese medio para hacerle notar la realidad de los hechos y le expresamos en nuestra oficina al profesional encargado cómo opera la normativa urbanística, entregándole toda la documentación de respaldo sobre lo que estaba aconteciendo en esa comuna. Con estos nuevos antecedentes ese diario publicó otro reportaje ciñéndose a los hechos tal cual son, pero omitiendo la fuente informativa, con lo cual los lectores creyeron que esta nueva crónica era producto de un trabajo de investigación periodística propia.
Recordamos que el 30 de junio de 2006, nos dirigimos por escrito a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a la directora nacional de la CONAMA, hoy flamante ministra de Medio Ambiente, al ministro de Agricultura, hoy embajador en Alemania y al intendente Metropolitano y presidente de la Corema, distinguido político del PPD, con el propósito de proponerles una solución a los hechos.
En síntesis, le decíamos a esas autoridades sectoriales que la Ley General de Vivienda y Urbanismo es drástica con respecto a las construcciones ilegales, ya que le entrega atribuciones precisas a los alcaldes para que decreten sus demoliciones y ante la inoperancia de aquellos, subsidiariamente el Seremi respectivo, con el auxilio de la fuerza pública, debe proceder en consecuencia en resguardo del imperio del derecho. En Chile, por motivos que nunca hemos comprendido, las autoridades son renuentes a aplicar el marco jurídico con aquellos violadores de la ley y por ello, ante la inaplicación de las medidas correctivas, muchos actores privados hacen lo que desean.
Ante ese escenario, les expresamos a los destinatarios que, con el exclusivo propósito de solucionar el problema y a sabiendas que las demoliciones no se iban a decretar, excepto en aquellos casos puntuales en donde se han intervenido cursos de agua, quebradas o zonas específicas de remoción en masa, lo que debía determinar la Dirección General de Aguas del MOP, les proponíamos que se legalicen todas las viviendas construidas o por terminarse, con lo cual sus titulares deberían pagar los derechos municipales, las contribuciones de bienes raíces con efecto retroactivo y compensaciones territoriales a definir. También les pedíamos que, con las herramientas técnicas satelitales disponibles, se elaborara un catastro detallado de la zona con el compromiso de honor suscrito por los ministros sectoriales, en orden a que a partir de esa fecha no se debía permitir ninguna nueva violación a la ley.
Es decir, sugerimos una medida realista con respecto al quebrantamiento de las normas que protegen el Área de Preservación Ecológica en la comuna de Lo Barnechea. Pero no hubo respuesta y se siguen construyendo viviendas ilegales, a pesar de que el CDE ha interpuesto acciones judiciales en contra de algunos pocos privados y de la Municipalidad de Lo Barnechea, institución pública que, por falta de recursos, ha mirado para el lado y que ahora está molestando al tradicional restaurant Las Delicias instalado legalmente hace 60 años.
Ahora esperamos que las instituciones competentes asuman sus responsabilidades.