Como en los tiempos de escolar – hace ya mucho – tendría que responder “¡sóplame este ojo…!” La Iglesia Católica como toda institución humana está inmersa en un mundo concreto en el cual los avatares políticos juegan un rol muy importante. Como toda institución en Chile – y en cualquier parte del mundo – la Iglesia Católica y en particular su jerarquía está dividida en diversos sectores, con una obvia predominancia de los sectores más derechistas. No hay que ser ningún genio para darse cuenta que esta Iglesia chilena de hoy no es la de los tiempos del Cardenal Silva Henríquez y unos pocos pero audaces obispos y sacerdotes que eran capaces de poner en jaque a la dictadura. La Iglesia del Cardenal Errázuriz es una iglesia mucho más en sintonía con los aires conservadores y fundamentalistas que Juan Pablo II y ahora con mucha más fuerza le ha dado Benedicto XVI.
Lo que hay que entender entonces es que el llamado a un indulto hecho por la jerarquía católica chilena es simplemente una movida política y como tal debe ser enfocada por todas las partes a las que pueda tocar, primeramente el gobierno. Más aun, es una movida política que los señores obispos han lanzado con el claro propósito de poner en dificultades al gobierno y a la coalición gobernante, la Concertación. (Lo que no significa necesariamente – aunque algunos podrían interpretarlo así – que se trate de una movida destinada a favorecer a Sebastián Piñera; la “belleza lógica” de la movida está precisamente en cómo se ha hecho esta propuesta como trampa, pero lo más probable es que la Iglesia busque en ella no favorecer o perjudicar a algún candidato en especial, sino básicamente colocarse ella misma en una posición de arrancarle concesiones a quienquiera llegue a la Moneda, porque sobre eso es más probable que los obispos alcancen un cierto consenso; no así sobre qué candidato cada uno de ellos, secretamente, apoye).
Por si todavía no está claro cómo es que la propuesta del indulto del bicentenario es una trampa, veamos de qué manera coloca en dificultades al gobierno de Michèle Bachelet. En primer lugar es obvio que la intención de los señores obispos no es el de darle un cristiano perdón a los centenares de asaltantes, ladrones de mucha o poca monta ni al que resulte culpable del secuestro de Elisa… la intención es cubrir bajo ese manto sagrado del perdón al menos a algunos de los culpables por delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en su enorme mayoría uniformados.
Una tal propuesta inmediatamente coloca al gobierno en una difícil situación en la que no importa qué haga, siempre va a quedar mal con alguien, primero ante gran parte de sus propios partidarios, cuyos compañeros o familiares sufrieron en carne propia la represión. No es fácil adivinar la reacción de los variados organismos de derechos humanos que – por lo demás con toda razón – pondrían el grito en el cielo: “¡Ni siquiera han sido llevados a la justicia todos los acusados y ya se los quiere indultar!” Ni hablar, aceptar un indulto amplio es política y éticamente inaceptable. En toda justicia, la primera mandataria ha descartado tal indulto con carta blanca para todos. Sin embargo, la idea del indulto no se ha descartado por completo y es aquí donde se produce un problema aun mayor, ya que la propia presidenta ha admitido que se podría ver “caso por caso” lo cual crea otra complicación: ¿qué criterios aplicar? Algunos han planteado la edad, indultar a los viejos violadores de derechos humanos digamos mayores de 70 años, lo que favorecería a sujetos como Sergio Arellano Stark y hasta el propio Manuel Contreras. Para otros el criterio sería el de la línea de mando, aquellos que eran simples soldados o policías rasos, suboficiales o incluso oficiales de los rangos más bajos podrían beneficiarse del perdón bicentenario, basándose en el principio que para ellos les era difícil desobedecer órdenes de sus superiores, el hacerlo les hubiera podido costar su carrera y quizás hasta sus vidas. El problema es que al excusar la “obediencia debida” como se la llamó en Argentina, automáticamente se remueve un importante mecanismo de contención de conductas abusivas y violatorias en el futuro: los individuos en esa situación simplemente tendrían que decir que obedecían órdenes para quedar liberados de responsabilidad. Eso sin contar que en todo caso, según cuentan personas que sufrieron prisión en los tiempos inmediatos al golpe, muchos suboficiales y tenientes no necesitaron mucha motivación de parte de sus superiores para incurrir en actos de crueldad o para hacerse muy “creativos” cuando se trataba de aplicar métodos de tortura. Tanto el criterio de la avanzada edad como el de la línea de mando adolecen de tales fallas para implementar un proyecto de indulto que al final si el gobierno tiene la mala idea de poner en práctica tal propuesta, va a terminar pagando un alto precio político.
El criterio de la avanzada edad no ha sido obstáculo para que John Demjanjuk, un ucraniano que fue guardia nazi hoy esté aguardando juicio en Alemania a la edad de 89 años, el propio fiscal de la época pinochetista Alfonso Podlech que tuvo la mala idea de irse de paseo a España tendrá que enfrentar juicio en Italia, adonde fue extraditado, por su implicación en varios crímenes a pesar de tener 83 años. Los ex integrantes de la junta militar argentina, todos mayores de 70 años, se hayan todos condenados o en juicio, y nadie habla de indultarlos por ser unos “pobres viejecitos”.
Lo que me lleva a preguntarme, bueno y por qué el gobierno y prácticamente todo actor político hoy en Chile tiene que apresurarse a pronunciarse sobre esta propuesta de indulto. Obviamente porque quien la ha hecho es la Iglesia Católica, y en Chile – país pechoño que es – a la Santa Madre Iglesia aun se la escucha, en verdad mucho más de lo que ésta merece ser escuchada.
Digo esto porque ya quisieran las jerarquías católicas en otras latitudes tener la atención que las autoridades chilenas les prestan, aquí donde vivo, la provincia de Quebec, la más católica de todas las regiones de Canadá, rara vez los gobiernos federal o provincial le prestan más oído que el que le darían a cualquier otro grupo de presión. Ni siquiera en la católica España hoy en día se le escucha mucho a la Iglesia: cuando se debatía una ampliación del derecho al aborto y la jerarquía eclesiástica volvió con su acostumbrada cantinela de que “el aborto es asesinato”, la vicepresidenta del gobierno le replicó respetuosa pero firmemente que la Iglesia Católica “podía dictaminar lo que es pecado, pero lo que es crimen lo determina el estado”. Punto final.
Alguien en Chile debiera tener el coraje de preguntarle a la Iglesia Católica qué es lo que se trae con esta propuesta de indulto obviamente orientada a beneficiar a los militares presos o procesados por violaciones a los derechos humanos. Alguien tiene que decirle que esta es una propuesta política y como tal la Iglesia debe definir sus propias posturas al respecto. Y sobre todo, alguien debe decirles a los señores obispos que nadie se traga que todo esto es por el bicentenario y que todos queremos ser hermanos y que la reconciliación nacional y todas esas patrañas que mientras no haya justicia no son más que palabras huecas. ¿Indulto? A muchos eso más nos suena como insulto. Insulto a la memoria de los detenidos desaparecidos cuyos restos aun no se conoce dónde están, porque los autores de la matanza o las instituciones a las que pertenecían ni siquiera colaboran plenamente para encontrarlos, insulto a los torturados, a los que sufrieron prisión y a los que debieron exiliarse para eludir captura.
¿No es esto del bicentenario ahora un nuevo pretexto para tratar de hacernos comprar eso de “borrón y cuenta nueva”? “Pierda toda esperanza quien entre aquí” decía la entrada al infierno de Dante. La jerarquía católica parece estar pegando un cartel similar en su propia puerta, por de pronto alejando a los que aun pudieran (ingenuamente) creer que sus movidas buscan realmente la justicia.