Igual suerte le tocó vivir a la Canciller de la República Patricia Rodas ese mismo día a las 10:00 de la mañana cuando se encontraba en su casa de habitación, acompañada de su esposo Rodolfo González y de los embajadores de la hermana República de Nicaragua, Venezuela y Cuba; cuando militares con su rostro cubierto, fuertemente armados, vistiendo el uniforme militar, interrumpieron su hogar, sometiendo a su marido a base de golpes y patadas, forcejeando con los diplomáticos, violentando con esto la inmunidad de diplomático que ellos gozan, llevándola con rumbo desconocido, razón por la cual interpusimos a su favor varios Recursos de Habeas Corpus, sin resultado alguno. Y el informe P579=09 que rindió con fecha 31 de junio de 2009, el Juez Ejecutor Nery Velásquez, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, evidentemente viciado, puesto que el 31 de junio, no existe en el calendario. Posteriormente la población hondureña se dio cuenta que había sido expatriada al día siguiente hacia México, D.F.
A partir de estos hechos, hemos realizado esfuerzos para monitorear la situación que se vive y consideramos importante destacar la militarización en varias entidades públicas del país, la reactivación y colocación en puestos públicos a miembros del escuadrón de la muerte conocido como 3-16, responsables de la desaparición forzada que vivió en la década de los años 80’s, lo que ha dado como resultado varias violaciones a los sagrados principios fundamentales, contemplados en la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es sumamente preocupante la situación de eminente peligro que se vive en el departamento de Colón, el cual consideramos de alto riesgo. Nos llama la atención que para esa zona cuando se decidió suspender las Garantías Constitucionales e Individuales y se impuso el Toque de Queda, allí se aplicó la medida en forma excepcional o diferenciada. Diversos testimonios de las autoridades locales, de líderes sociales y de ciudadanía en general, certifican que están en total y absoluta indefensión sometidos al imperio de las fuerzas militares acreditadas en la zona, (IV Batallón, XV Batallón, Base Naval de Castilla, Policía Nacional Preventiva y Ministerio Público), quienes realizan detenciones masivas de diferentes sexos y edades, incluyendo a menores de edad y por lo menos a una ciudadana de nacionalidad norteamericana, haciéndoles permanecer concentradas en una cancha abierta, al estilo de los campos de concentración Nazi.
Son varios los municipios a nivel nacional, que sus Alcaldes Municipales son sujetos de amenazas a muerte, persecución, allanamientos a sus propiedades, control por parte de los militares de las sedes municipales, lo que demuestra la indefensión absoluta de las autoridades y de los habitantes de estas diferentes jurisdicciones.
Es de nuestra especial preocupación la Comunidad Guadalupe Carney, en Trujillo, Colón, la que está compuesta por más de 600 familias campesinas integradas en 45 Empresas Asociativas donde las fuerzas militares, policiales y del Ministerio Público el día 13 de julio intentaron llegar para someter y desarticular a los habitantes de esta comunidad y tenemos entendido que ese mismo 13 de julio se reunieron estas mismas entidades para planificar una nueva intentona de ingresar a la comunidad para capturar y asesinar dirigentes.