París.- El abogado español Joan Garcés dijo que sería “lamentable” e “inútil” que en España se intentara no aplicar la legislación internacional en relación con crímenes de “lesa humanidad” cometidos en su territorio y todavía impunes. “Se da la paradoja de que el derecho penal internacional, que condena y sanciona esos crímenes contra la humanidad, está vigente dentro de España”, advirtió a Efe Garcés, que fue consejero del presidente chileno Salvador Allende hasta su muerte y abogado de las víctimas españolas de la dictadura chilena.
Garcés se pronunció de este modo preguntado por la situación en España sobre la investigación de crímenes cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil (1936-1939).
El letrado se encontraba en París, adonde había viajado para apoyar al recién creado Comité Internacional de Juristas, formado para defender a las víctimas de la represión en Irán.
Son “sus propias leyes internas” y sería lamentable que “las más altas instancias jurisdiccionales españolas se negaran a aplicar esa legislación internacional”, agregó.
Además, resaltó, “sería en cierto modo inútil” porque España está subordinada al sistema legal europeo, que cuenta con un tribunal de rango superior, el Tribunal Europeo de Estrasburgo, que de forma “reiterada y sistemática” exige a los tribunales de Estados y a los Estados nacionales de su jurisdicción que apliquen esas normas.
Aludió a que “hay en estos momentos varias acciones legales en desarrollo en la sala segunda del Tribunal Supremo. Vamos a ver como terminan. La situación es muy compleja y muy delicada”.
Garcés se refirió a la actitud de “dilación en la aplicación de las normas del derecho internacional en España” en el seno del Tribunal Supremo.
Sin embargo, aseguró, por más que se dilate, “más pronto o más tarde acabarán aplicándose, guste o no guste” y quienes buscan la dilación, “ganar cuatro o cinco años, están de hecho consumando una denegación de justicia”.
“La situación en sí misma es de injusticia” porque esa dilación concierne “crímenes que han sido cometidos en circunstancias cuyos testigos tienen casi todos ellos más de 85 y 90 años”, recordó.
Que esto “encuentre eco en los más altos niveles de algunos sectores de la magistratura y de la política española es realmente muy lamentable”, recalcó.
En la entrevista, el abogado comentó, igualmente, cómo “la Cámara de los Lores del Reino Unido trabaja en estos momentos con el Gobierno para ampliar la jurisdicción en el Reino Unido”, mientras que en España la reforma de la aplicación de la ley de jurisdicción universal va en sentido inverso.
“Las leyes siempre se pueden mejorar, indudablemente, pero lo que importa es que el trabajo se haga bien y nuestro análisis” y el de muchos juristas españoles “es que el texto actualmente en debate en el Parlamento español es técnicamente muy deficiente”, explicó.
Por ello, “estamos pidiendo que el Ministerio de Justicia y los parlamentarios se den cuenta de esas deficiencias y no procedan a aprobar un texto como este”, sino que abran un debate técnico y jurídico y social sobre él y pidan la opinión al Consejo General del poder Judicial”, como es lo propio para una ley orgánica de esta envergadura, señaló.
Asimismo, Garcés consideró tan extraña como desgraciada la coincidencia de que esta ausencia de debate técnico-jurídico en el Congreso español “se desarrolle en paralelo con las iniciativas para estrangular la primera iniciativa judicial en España desde 1936, que ha abierto las puertas de un juzgado a crímenes de lesa humanidad que están impunes en España”.