En 1986 tuve la oportunidad de sostener una conversación privada, en compañía de mi padre, con el Dr. Ramón J. Velásquez, quien fungía de presidente de la entonces Comisión Nacional para la Reforma del Estado (COPRE) de Venezuela, constituida en la primera mitad de la década de los años 80. El doctor Velásquez llegó a ser posteriormente presidente de la república.
En la mencionada conversación el Dr. Velásquez afirmó que el Poder Judicial de Venezuela era el más corrupto de todos los poderes. Señaló que casi todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la época, incluyendo al Movimiento al Socialismo, compraban jueces y conducían las resoluciones judiciales a su antojo. Para combatir este exabrupto, el mismo decidió presidir una comisión especial de reforma del Poder Judicial dentro de la COPRE.
También recuerdo que, poco antes de la salida de Augusto Pinochet del poder, fue un hecho público en Chile que, una vez que el Plebiscito de octubre de 1988 le resultó adverso al dictador y se preparaba una lenta transición hacia la democracia, todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia recibieron un cuantioso pago especial y una renovación de su lujoso parque de vehículos. La sensación pública fue de perplejidad ante un burdo acto de compra de conciencias ante los inminentes juicios por derechos humanos que dejarían al descubierto 17 años de robo, tortura y asesinatos.
Frente a toscas imperfecciones en el ejercicio de la justicia como las descritas, resulta evidente que las resoluciones del Poder Judicial sobre temas de interés nacional, regional o local, no pueden primar súbitamente sobre el ejercicio de otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo o el Ejecutivo, sin el derecho a la apelación, es decir, sin que se materialice un proceso de debate público donde las decisiones de una instancia del poder judicial puedan ser revisadas, fundadas y rebatidas, además de transparentemente informadas a la opinión pública, para que la resolución final adoptada sea socialmente validada. Este necesario proceso no ocurrió en Honduras con las acusaciones hechas al presidente Zelaya.
En dicho país bastó un dictamen judicial, hecho público a pocos días de la realización de una encuesta nacional amparada en la Ley de Participación Ciudadana, para que el alto mando militar se declarara en rebeldía y la mayoría derechista del congreso Hondureño y diversos medios de comunicación aplicaran, con extrema rapidez, una serie de medidas no exentas de grandes contradicciones y burdas mentiras, para expulsar violentamente del país al presidente e iniciar la persecución política de sus mas cercanos asesores, entre otras violaciones a los derechos fundamentales.
De ésta manera se interrumpió, con argumentos supuestamente democráticos, el camino hacia una solicitud ciudadana de considerar el voto popular por una Asamblea Constituyente en las próximas elecciones de Noviembre 2009.
En este contexto, debemos preguntarnos si es posible que un poder del Estado pueda imponerse sobre otro: Para los verdaderos demócratas, la respuesta inmediata debería ser inobjetablemente negativa.
Cuando no hay pluralidad de posturas ideológicas entre los pocos jueces que constituyen la Corte Suprema de Justicia de un país, se puede poner en riesgo la supervivencia de la democracia, como ocurrió en el caso Hondureño. Lo mismo se aplica, lógicamente, a los restantes poderes del Estado.
El cuadro Hondureño muestra una Corte Suprema de Justicia, un alto mando militar y un congreso con mayorías de socios políticos de tendencia de derecha. Ello, aunado a un gobierno norteamericano que ha apoyado solapadamente el golpe, sirve de preocupante explicación de los hechos que estamos observando.
Muchos se habrán percatado que el único embajador activo en Tegucigalpa es precisamente el norteamericano, sobre quien la Vicepresidenta del congreso Hondureño, Marcia Villeda, afirmó el día lunes 29 de junio a través de la cadena de noticias CNN, que estuvo presente en reuniones preparativas del golpe.
Adicionalmente, hemos visto como el gobierno de Norteamérica ha sido ambivalente en sus declaraciones públicas y ha actuado exitosamente en bajarle el tono a las declaraciones de la OEA y las Naciones Unidas, en repudio del gobierno de facto de Honduras.
También hemos observado que el gobierno norteamericano ha promovido una salida negociada orientada a la innegociable claudicación del plan de acción de un presidente electo, mediante la aparentemente ingenua mediación del presidente de Costa Rica.
Es así que cada vez hay menos dudas sobre la participación del gobierno norteamericano en el golpe cívico militar en Honduras.
Los hechos hacen explícito que la estrategia del presidente Obama solo se diferencia de la estrategia de su antecesor George Bush en la forma, no en el fondo.
Hoy el presidente Barak Obama negocia uno a uno con los presidentes europeos sobre su prospectiva asociación en una intervención armada en Irán, acción que ha sido planificada desde hace varios años por el gobierno norteamericano y que el actual presidente insiste en efectuar, muy a pesar de la reciente victoria electoral del actual presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, en un proceso que votación que ha sido grotescamente desfigurado por medios comunicación como la CNN, la televisión estatal Alemana y la BBC.
También recordemos que el gobierno norteamericano ha intensificado su ofensiva militar en Afganistán, país que se mantiene ilegalmente ocupado desde el año 2002.
Obama ha ordenado el envío de 10.000 nuevos soldados a Afganistán, aumentando de 70.000 a 80.000 la fuerza invasora de militares de la OTAN, quienes luchan contra el fantasma de Al Qaeda, organización militar cuyos orígenes se remontan al financiamiento y apoyo técnico entregado por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana (CIA) a mediados de los años 70, cuando Afganistán se encontraba en guerra con la entonces Unión Soviética.
No debemos dejarnos engañar por la nueva diplomacia norteamericana, apoyada por la manipulación de los medios de comunicación a nivel global.
En la reciente conferencia de la OTAN, realizada en Abril del presente año, el presidente Obama declaró que “las naciones libres deben unirse a través de esfuerzos de paz como las acciones en Afganistán” y que dicha acción no debe entenderse solo como una muestra de poder.
Por “naciones libres” Obama se refiere a gobiernos que anteponen el mercado al desarrollo social, y por “esfuerzos de paz” quiere decir injerencia en los asuntos internos de gobiernos no aliados o con recursops naturales de interés para Norteamérica.
El caso de Honduras muestra una nueva estrategia que implica construir escenarios y procesos de fachada democrática, para derrocar gobiernos cuyos fines se asemejen a la nueva democracia participativa que el presidente Zelaya plantea para su país o que simplemente trazan programas no aprobados por las elites.
Lo ocurrido en Honduras es, sin lugar a dudas, el primer ejemplo de materialización de una nueva estrategia de la derecha internacional, liderada tras bambalinas por el actual gobierno norteamericano, para oponerse al camino de los gobiernos de izquierda respaldados en las urnas de votación: La derecha internacional ha acordado manipular estratégicamente a los poderes del Estado en conjunto con los medios de comunicación para desestabilizar regímenes democráticos.
Cabe esperar que las acciones de la OEA y las Naciones Unidas no permitan que esta nueva estrategia triunfe en Honduras y pueda aplicarse con impunidad en otros países.
Sergio León Balza
12 de Julio 2009.