{mxc}Mientras la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía no responden acerca de cuales han sido las sanciones administrativas que se le aplicaron al ex Subsecretario de Pesca Felipe Sandoval por infringir “el principio de probidad administrativa” al no lograr rendir correctamente 380 millones de pesos que eran destinados para cesantes en la Región del Bio-Bio. Este funcionario, en representación de la presidenta Michelle Bachelet, continua impulsando leyes favorables a las compañías salmoneras y a los bancos, tendientes a privatizar el mar.
El 15 de abril de 2009, el Centro Ecocéanos solicitó al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, información sobre las acciones llevadas a cabo por la Contraloría luego de dictaminar que el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval Prech, había infringido “el principio de probidad administrativa al contravenir los deberes de eficacia, eficiencia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos” al ser responsabilizado por la entrega irregular de $380 millones, de un total de $ 1.200 millones, en subsidios que repartió el gobierno a pescadores de Talcahuano el 2003.
Esta resolución dada a conocer por la Contraloría Regional de Valparaíso fue apelada por el abogado Raúl Dockaster en representación de Sandoval Prech. Sin embargo su solicitud de reconsideración fue rechazada definitivamente el 23 de febrero pasado por el Contralor General de la República. Luego de concluir el sumario administrativo y la instancia resolutiva se recomendó al Ministro de Economía, Hugo Lavados, aplicar sanciones administrativas. El Centro Ecocéanos, amparado en la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, consultó el 11 de junio al Ministro de Economía sobre las medidas administrativas adoptadas con posterioridad al dictamen definitorio de la Contraloría de la República. Sin embargo, ni Contraloría ni el Ministerio de Economía han respondido a la solicitud de información de carácter público. Para el Centro Ecocéanos es vital conocer la razón de este olvido u omisión de casi 5 meses por parte del Ministro de Economía, junto con saber si ello constituye un desacato de un funcionario público a una resolución de la Contraloría General de la República. Llama la atención la demora en responder a la solicitud de información por parte de la Contraloría, ya que el mismo día 15 de abril, cuando el Centro Ecoceanos envió la carta de solicitud, el jefe de gabinete del Contralor Mendoza, se comunicó con la organización ciudadana para confirmar la recepción del documento. Mientras se espera la respuesta, el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval, en representación de la Presidenta Michelle Bachelet impulsa el “plan de salvataje” de la industria salmonera, el cual entrega un 60% de aval del Estado -dinero de los contribuyentes chilenos-, para una línea de crédito de 450 millones de dólares para la industria salmonera. A su vez, Sandoval promueve en el Parlamento un proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, permitiendo que las empresas salmoneras deudoras puedan hipotecar sus concesiones acuícolas –que aún son bienes nacionales de usos público- con los bancos acreedores, BBVA (España), Rabobank (Holanda), Banco Chile, BCI y BICE, a los cuales estas empresas deben más de 2.500 millones de dólares.
Esta resolución dada a conocer por la Contraloría Regional de Valparaíso fue apelada por el abogado Raúl Dockaster en representación de Sandoval Prech. Sin embargo su solicitud de reconsideración fue rechazada definitivamente el 23 de febrero pasado por el Contralor General de la República. Luego de concluir el sumario administrativo y la instancia resolutiva se recomendó al Ministro de Economía, Hugo Lavados, aplicar sanciones administrativas. El Centro Ecocéanos, amparado en la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, consultó el 11 de junio al Ministro de Economía sobre las medidas administrativas adoptadas con posterioridad al dictamen definitorio de la Contraloría de la República. Sin embargo, ni Contraloría ni el Ministerio de Economía han respondido a la solicitud de información de carácter público. Para el Centro Ecocéanos es vital conocer la razón de este olvido u omisión de casi 5 meses por parte del Ministro de Economía, junto con saber si ello constituye un desacato de un funcionario público a una resolución de la Contraloría General de la República. Llama la atención la demora en responder a la solicitud de información por parte de la Contraloría, ya que el mismo día 15 de abril, cuando el Centro Ecoceanos envió la carta de solicitud, el jefe de gabinete del Contralor Mendoza, se comunicó con la organización ciudadana para confirmar la recepción del documento. Mientras se espera la respuesta, el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval, en representación de la Presidenta Michelle Bachelet impulsa el “plan de salvataje” de la industria salmonera, el cual entrega un 60% de aval del Estado -dinero de los contribuyentes chilenos-, para una línea de crédito de 450 millones de dólares para la industria salmonera. A su vez, Sandoval promueve en el Parlamento un proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, permitiendo que las empresas salmoneras deudoras puedan hipotecar sus concesiones acuícolas –que aún son bienes nacionales de usos público- con los bancos acreedores, BBVA (España), Rabobank (Holanda), Banco Chile, BCI y BICE, a los cuales estas empresas deben más de 2.500 millones de dólares.
El 23 de junio, el Centro Ecoceanos interpuso una solicitud en el Consejo para la Transparencia, dados los tres meses de falta de respuesta de la Contraloría General de la República a su consulta sobre posible desacato efectuado por el Ministro de Economía a una de sus resoluciones.