Esta falencia en la regulación contribuye una vez más a la concentración de la riqueza en los dueños del capital y al empobrecimiento progresivo de los consumidores, de la población chilena. Porque el abuso tiene su piso en ese 50 por ciento. Las casas comerciales, como Ripley, Falabella, Almacenes parís, no se rigen por las normas de la Superintendencia aun cuando actúan como prestamistas en los hechos. Sus tasas de interés son sensiblemente más altas que las de los bancos. Un estudio del Sernac realizado hacia finales del año 2007 reveló que por los “avances en efectivo” los consumidores llegaban a pagar hasta un 97 por ciento de recargo sobre los montos prestados.
El cargo de los intereses va en relación inversa con el nivel de ingresos del consumidor. A menor sueldo se le cobra un mayor interés, lo que incrementa más el empobrecimiento paulatino de la población y el ensanchamiento de la brecha de la distribución de la riqueza. Aun cuando las desigualdades vergonzosas que exhibe la sociedad chilena es materia de mención de las campañas electorales, no hay aún ninguna propuesta concreta para enfrentar el abuso de los créditos de consumo. Salvo Jorge Arrate, ningún otro candidato ha mostrado intenciones para avanzar hacia una regulación de los créditos que favorezca a la población. “En Chile es imperioso que el Estado ponga su poder en controlar los intereses de los créditos, en la protección real de los chilenos y chilenas, hoy llamados consumidores. En Estados Unidos alegan porque les cobran 14% de interés y acá Velasco nada hace ante el 53% de interés que se cobra por créditos. Eso es inaguantable”, dijo tras conocer el plan de Obama.
Primer y Tercer mundo en Santiago. Y también el Cuarto
Las desigualdades en la distribución de la riqueza en Chile es motivo de escándalo internacional. Hace un par de semanas un artículo publicado por la CEPAL de los investigadores Ricardo Infante y Osvaldo Sunkel, calificó de “inaceptable” la distribución de los ingresos y los niveles de la calidad de vida en el país. Inaceptable, por cuanto el ingreso per cápita en Chile se duplicó desde 1990 al 2007, el 20 por ciento más rico de la población supera en más de trece veces el ingreso del 20 por ciento más pobre. Si una familia pobre vive o sobrevive con 200 mil pesos al mes, el promedio del grupo de los más adinerados goza de dos millones 600 mil.
El 2008 Chile tuvo un PIB per cápita de 14.600 dólares (sobre los ocho millones de pesos anuales, o unos 670 mil pesos mensuales), lo que ubicó al país, por primera vez en la historia, como líder latinoamericano en esta registro. Esta marca (el país ocupa el lugar 54 del ranking mundial) ha llevado al sector privado y a las autoridades a no ocultar su orgullo: Chile podría llegar de aquí a cinco años a tener un PIB per cápita de 20 mil dólares anuales, lo que lo faculta para ingresar al exclusivo club de las naciones consideradas como desarrolladas.
Pero las cifras de distribución de la riqueza expresan otra realidad. El mundo desarrollado ya está bien instalado en La Dehesa, Vitacura y Las Condes mientras innumerables barrios y pueblos sobreviven en el Tercer Mundo. Una estructura social y económica ya cristalizada, que no variará, sino que se consolidará aún más con el paso del tiempo.
Los investigadores de la CEPAL lo han señalado y enfatizado: con el actual modelo económico y con las actuales políticas de protección social, que son simplemente asistenciales, de auxilio, nada variará en el país. “Lo que se requiere es un cambio de enfoque en las políticas públicas, que permita superar la heterogeneidad de la estructura productiva y social del país, puesto que ésta constituye el principal obstáculo para lograr el crecimiento con equidad”. En otras palabras, se requiere cambiar la actual institucionalidad económica del país. De ello, poco o nada en las propuestas políticas.
Un tercio de Chile en situación de pobreza
Los gobiernos de la Concertación han difundido con orgullo la reducción de las tasas de pobreza, las que, según sus cálculos, están en torno a un trece por ciento de la población. Un juego estadístico que no logra resolver ni ayudar al resto de la población empobrecida que no aparece en estas mediciones. Es por ello que los investigadores de la CEPAL plantean como una acción “indispensable introducir el concepto de pobreza relativa, pues ésta continúa afectando a casi un tercio de la población. A diferencia del concepto de pobreza absoluta, en el de pobreza relativa se establecen normas sociales y estándares de consumo que varían en la medida en que evoluciona el ingreso medio de las familias. En este contexto, ella se define como el grupo de personas o familias cuyo nivel de ingreso es inferior a 0,6 veces el ingreso medio, constituyéndose en el sector relativamente excluido de la sociedad. De acuerdo con cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) (2006), este sector abarcaría un 25,6% de la población, esto es, alrededor de 4,3 millones de personas”. Si los actuales gobernantes chilenos desean incorporar al país entre el grupo de las naciones desarrolladas, como lo es la OCDE, debieran medir las miserias del modelo económico con el rasero de los países desarrollados.
La misma OCDE, que elogia los resultados económicos chilenos, ha advertido a los gobernantes de la Concertación sobre los altos niveles de desigualdad. Un informe difundido en mayo pasado señalaba lo ya citado por otros organismos e investigadores. La OCDE recordaba que aun cuando la pobreza ha disminuido ostensiblemente desde 1990, el diez por ciento de la población más rica del país tiene unos ingresos 29 veces superiores al diez por ciento de los menos favorecidos. Al hacer el mismo ejercicio anterior, si una familia pobre sobrevive con ingresos por 165 mil pesos, el diez por ciento más rico goza de una renta promedio de casi cinco millones de pesos.
El exclusivo organismo, al que pertenece México, único representante latinoamericano (con toda su riqueza, pobreza y también desigualdad), también recuerda que los empleos que actualmente se crean en Chile se caracterizan por su baja productividad, sus magros salarios y las difíciles condiciones laborales. ”En ese sentido, buena parte de los trabajadores chilenos carece de un contrato formal, a lo que hay que añadir que sólo un 22 por ciento de los trabajadores por cuenta propia, cotizan voluntariamente para tener acceso a la Seguridad Social”.
Según este reporte, para superar la situación, Chile debe, entre otras recomendaciones: eliminar las indemnizaciones por años de servicio en forma gradual, fortalecer la negociación colectiva y reforzar la nueva normativa de subcontratación. La OCDE estima igualmente que Chile tiene que aumentar los recursos que dedica a los servicios al desempleo, que representan únicamente el 0,1 por ciento del PBI, en torno a la cuarta parte que la media en sus 30 países miembros. Pero ni esto ni otras recomendaciones serán suficientes. México, como ilustre miembro de la OCDE padece hoy en día la peor crisis regional, con un progresivo deterioro de todos los indicadores económicos y sociales. Como señalan Infante y Sunkel, con las actuales políticas neoliberales o muy cercanas a la esencia neoliberal, no lograrán alterar la rígida estructura socio-económica. Bajo el mismo modelo, la desigualdad en los ingresos y en la calidad de vida continuará su proceso de consolidación.
La estructura laboral es otra de las fuentes de la desigualdad. Porque poco o nada se ha avanzado en estos veinte años en materia de empleo. La última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) apuntó una tasa de cesantía del 9,8 por ciento para abril y es altamente probable que para los meses de invierno supere el diez por ciento. Pero no es éste el único factor laboral que consolida las diferencias y aumenta la pobreza. Está, claro es, la mezquindad empresarial y gubernamental al fijar, como vimos hace pocas semanas, el salario mínimo en poco más de 160 mil pesos, pero también los altos índices de informalidad de los ocupados (38 por ciento), grupo desprotegido a la hora de demandar incrementos salariales y en cuanto a protección social. Y está también el aumento de la precariedad laboral, vía flexibilización, entre otras causas: durante los gobiernos de la concertación los asalariados sin contrato crecieron desde un 14 por ciento a un 17 por ciento, creció también la importancia de los contratos de corto plazo, la ausencia de cotizaciones en la seguridad social y la tasa de rotación en los puestos de trabajo. En no pocas empresas del sector servicio la rotación anual alcanza cifras de casi el cien por ciento.
¿Es éste el modelo que se mantendrá? Porque mantenerlo y silenciar todas sus injusticias, conservarlo sin la incorporación de variaciones será aumentar todas estas contradicciones. Un proceso que acentuará la ya insalvable brecha en la distribución de la riqueza y acentuará también la espiral de protestas y represión.
PAUL WALDER