Las instituciones europeas entre el tratado de Niza y el de Lisboa

Desde el año 2003, las tres grandes instituciones de la UE, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, se rigen según el tratado de Niza, que establece dos mecanismos de toma de decisiones: en algunos rubros se aplica un complicado sistema de mayorías calificadas, y en otros la unanimidad. Sin embargo, este método que ya era engorroso desde sus inicios, resulta casi impracticable después del ingreso de 10 países en 2004.

El proyecto de reorganización de las instituciones europeas tomó la forma de “Tratado Constitucional”. Este prevé la toma decisiones a través un mecanismo de doble mayoría: 55% de los Estados y de 65% de la población. Con la salvedad que en política extranjera, fiscal y social, continúa rigiendo la regla de la unanimidad, lo que instala una Europa extremadamente liberal.

El proceso de ratificación, que requiere la unanimidad de los 27 países, se vio bruscamente interrumpido después de la victoria del “No” en los referendos holandés y francés. El tratado fue simplificado, sin modificar lo esencial, y sometido a un nuevo procedimiento de ratificaciones, esta vez por vía parlamentaria, evitando la convocación a nuevos referendos. Casi todos los estados confirmaron su adhesión por esta vía, salvo el Presidente checo Vaclav Klaus y el y polaco Lech Kaczynski, conocidos antieuropeos, que hasta ahora se niegan a firmar, pese al voto favorable de sus respectivos parlamentos. No obstante, la dificultad mayor vino de Irlanda, donde la Constitución impone refrendar los tratados a través del sufragio universal. Y en el referendo ganó el “No”.

El gobierno Irlandés viene de comprometerse a organizar nuevos comicios, después que el Consejo europeo firmara esta semana un “protocolo” garantizándole tres puntos. Primero, la neutralidad militar; ningún soldado irlandés puede ser movilizado como resultado de una decisión europea. Segundo, la garantía que Europa no impondrá ninguna política de armonía fiscal, lo que permite a la isla mantener impuestos a las ganancias extremadamente bajos. Y por último, Europa asegura que no impondrá a Irlanda legislaciones que legalicen el aborto, similares a las que existen en varios países de la Unión. Si en este segundo referendo los irlandeses votan “Yes”, el tratado de Lisboa entraría en vigencia a fines de año.

La presidencia de la Comisión y del Consejo

Según el Tratado de Niza, la presidencia del Consejo de jefes de Estado funciona conforme a un sistema de rotación semestral; el primer semestre 2009 preside la República Checa, el segundo será el turno de Suecia. La presidencia de la Comisión, que se asemeja al poder ejecutivo, es propuesta por el Consejo al Parlamento, que debe aprobarla por simple mayoría.

El Tratado de Lisboa, en cambio, remplaza la presidencia rotativa del Consejo por un Presidente con un mandato de dos años y medio, reelegible, designado por la mayoría de los 27 jefes de Estado. El Consejo propone al Parlamento el nombre del Presidente de la Comisión (igual que en el tratado de Niza), pero ahora éste debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los eurodiputados.

La posible entrada en vigencia del Tratado de Lisboa en los próximos meses plantea un dilema de orden político. ¿Es pertinente designar al Presidente de la Comisión y a los 27 comisarios (ministros) según las normas de Niza, o sería mejor esperar unos meses y hacerlo conforme a las de Lisboa? La primera opción, en efecto, podría socavar la legitimidad del nuevo poder ejecutivo. Tal vez previendo esta situación, los 27 jefes de Estado han evitado proponer oficialmente a José Barroso; el comunicado se limita a anunciar que han acordado “señalar” su nombre para la presidencia de la Comisión.

En sesión de apertura del Parlamento a mediados de julio, los eurodiputados tienen dos opciones: confirmar a Barroso o postergar la nominación del nuevo Presidente hasta la posible entrada en vigencia del Tratado de Lisboa. Lo que impondría un nombre que reúna la mayoría absoluta del Parlamento.

El controvertido José Manuel Durão Barroso

Barroso emergió en la política europea en junio 2004, cuando el gobierno inglés Anthony Blair, líder de los ultra liberales (pese a su afiliación socialista) y de los antifederalistas, se opuso a designar como presidente de la Comisión al liberal belga Guy Verhofstadt, candidato de Alemania y Francia, considerado demasiado federalista, es decir partidario de la integración europea en el plano político. Sin otro nombre que contentara a los laboristas británicos, el portugués fue finalmente aceptado.

En otros tiempos maoísta, Durão Barroso era Primer Ministro de Portugal en 2003, cuando organizó la cumbre de las Azores, donde Bush, Blair y Aznar, decidieron iniciar la guerra en Irak sin el acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Llegó a la presidencia de la Comisión con el slogan “legislar menos y mejor”, una fórmula para anunciar menos integración entre los países de la Unión y más desregulación. Brindó su apoyo a una ola de medidas ultra liberales, como la célebre directiva de “liberación de servicios”, responsable en buena medida del “No” francés al proyecto de tratado. Frente a la ola de protestas, la Comisión se vio obligada a modificar fuertemente la directiva.

Desde su oficina en Bruselas situada en el décimo tercer piso del edificio Berlaymont, a 300 metros del Parlamento Europeo, el portugués dirigió, con más aceptación, los debates para introducir normas que limiten el recalentamiento climático. Pero ante la crisis financiera, la Comisión Barroso mantuvo una extraña pasividad, cuando una acción coordinada entre los estados habría sido más efectiva que las reacciones dispersas.

La posible reelección de Barroso como Presidente de la Comisión indicaría una opción por una presidencia débil, que suspendería la integración europea, evitando que se esta se consolide en el plano político. Pero es probable los socialistas –la segunda fuerza en el Parlamento Europeo–  consigan para uno de los suyos, más federalista, la Presidencia del Consejo de dos años y medio. En Bruselas circula fuertemente el nombre del ex Primer ministro español Felipe González.

Fotografía: el edificio Berlaymont, sede la Comisión en Bruselas.