Cuesta comprender la validez de las razones que movieron a algunos a negar la adhesión al tratado que Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, con ocasión de la firma del tratado en julio de 1998 calificó como “un paso gigante hacia el reino del derecho”. Se cumplía, en palabras de Michael Glennon de la Universidad de California, “uno de los sueños de la humanidad a lo largo de los siglos: establecer reglas para el imperio de la ley a nivel internacional, creando un tribunal que esté por encima tanto de los países más poderosos como de los débiles”.
La tarea no ha terminado. Se debe trabajar para lograr que los que no aprobaron el tratado en Roma, China, Estados Unidos, Israel, Libia, Irak, Qatar y Yemen; los que apoyan al terrorismo, Siria, Norcorea y Sudán más algunos de los anteriores; los que no han ratificado luego de 10 años y, en lo nacional, el senador Arancibia y los diputados Bobadilla, Correa, Egaña, Kast, Moreira, Norambuena, Ulloa, Ward y Sra. Cristi, que votaron en contra y el senador Coloma y diputado Cardemil que se abstuvieron, comprendan la importancia de no marginarse del avance del Derecho Internacional y del respeto por los Derechos Humanos, haciendo que la “Declaración Universal” de 1948 no sea letra muerta en ninguna parte.
Al término de la primera década del siglo, la vigencia de los derechos fundamentales y la lucha contra la impunidad, son aspectos que forman parte de la democracia a la que aspiramos, aunque tengamos ideologías particulares. No se puede instar por elegir libremente a quienes nos gobiernen, por mejorar los niveles en materias de discusión y crítica diaria, en educación, salud, previsión, vivienda, remuneraciones y otras, si al mismo tiempo se niega la plena vigencia de los Derechos Humanos y del derecho a la vida, el más fundamental de todos, permitiendo que los autores de crímenes atroces permanezcan impunes, estén donde estén o piensen lo que piensen.
La consecuencia es una virtud que debe adornar a los gobernantes y a los ciudadanos. Defender sólo algunos derechos y negar la validez de otros universalmente reconocidos no resulta consecuente, menos aún si se trata del derecho a la vida.
*Leonardo Aravena Arredondo, profesor de Derecho de la Universidad Central.