Durante su Cuenta a la Nación del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet hizo varias felicitaciones al Congreso por el despacho de algunas leyes. Una de éstas es la habilitación que los parlamentarios –por amplia mayoría- hicieron a comienzos de semana al Estado chileno para que ratifique la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Fue un pase legislativo efectuado entre gallos y medianoche, para que la Mandataria pudiese exhibir el logro en su último Mensaje ante el Congreso Pleno y en vísperas de viajar –este lunes 25- a Holanda, donde visitará la sede del Tribunal. Chile era el único país sudamericano que no había adherido a él, pese a que en 1998 estuvo entre sus más activos promotores. Ahora podrá ratificar el Tratado que lo creó, subsanando más que una falta, una vergüenza y un escándalo que en el extranjero costaba mucho entender.
Pero para que se diese el paso, el oficialismo tuvo que llegar a un compromiso con la derecha, después de negociaciones que se prolongaron por más de siete años. Desde luego, no se aceptará que la Corte Internacional vea casos ocurridos antes de la fecha de ratificación del Tratado, por lo que salva a los victimarios del régimen militar de que vayan a rendir sus cuentas pendientes a La Haya. Y sólo se someterán a la jurisdicción de ese Tribunal los hechos que la jurisdicción nacional rehuse u omita conocer. Es decir, se reconoce la globalización de la justicia en términos subsidiarios, cuando no opere la justicia nacional. Es lo que algunos juristas han calificado como una reserva encubierta del país al Tratado que crea y regula cierta acción penal a nivel mundial.
El lado positivo de esta nueva transacción con la derecha es que obligó al Estado a darse una ley propia que tipifica y castiga los delitos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, entre los cuales están la desaparición forzada de personas, los asesinatos y secuestros, la tortura y el exterminio, entre otros. Así, tal cual, no había legislación en Chile en la materia.
Se ha dicho que resultaba incomprensible para la comunidad internacional que no se hubiese subido a este carro un país tan globalizado como Chile, un pueblo que supo sacudirse de un régimen que atentó tan oprobiosamente contra los DDHH. Pero, ojo, que este prestigio puede estar extendido entre los ciudadanos corrientes, pero no llega necesariamente a círculos más informados.
Por ejemplo, la ONU acaba de instar al Estado chileno a que derogue el decreto ley de autoamnistía dictado en 1978 por la dictadura. Considera el Comité contra la Tortura del organismo mundial que, pese a que muchos tribunales no lo han aplicado, su subsistencia en la normativa vigente es un estímulo a la denegación de justicia, la que no puede quedar al arbitrio de los jueces de turno. También insistió el Comité reunido en Ginebra en que se regule la acción de las fuerzas policiales represivas y que se prevengan y sancionen los actos de discriminación, tortura y persecución contra las comunidades indígenas.
Como se ve, no todo es trigo limpio en el campo chileno de los DDHH y el compromiso alcanzado entre la Concertación y la Alianza podría ser invocado como una prueba más de ello.
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