Chile tiene en estos momentos una oportunidad que no se repite con frecuencia: debatir públicamente las políticas y normas sobre sus medios de comunicación, polémica que podría articularse al interior del debate parlamentario del proyecto de ley de televisión digital (TVD).
Pero desde noviembre algo se ha avanzado. El proyecto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, propone un cambio más o menos profundo al actual escenario de la televisión chilena. La última modificación a este sector se realizó en 1992 con la incorporación de los canales privados, reforma que ha quedado atrás no sólo por los cambios tecnológicos. Hay quienes observan la necesidad de incorporar modificaciones al sentido y a los contenidos de la televisión. Regular la programación. Porque todo cambio tecnológico y normativo impulsa cambios sociales. De hecho, el mismo proyecto así lo entiende: la TVD cambiará radical y permanentemente lo que se conoce como televisión de libre recepción. Su incorporación traerá consigo transformaciones múltiples, como la posibilidad de más y mejores señales, más diversidad y el desarrollo de una industria de contenidos más rica. Esta es la teoría planteada por el gobierno.
El proyecto presentado por el Ejecutivo busca no sólo adecuar las normas a la nueva tecnología, sino también cambiar el actual sistema de televisión, que claramente no logra satisfacer las necesidades y demandas de la población. Esto es ir más allá de la mera incorporación de la nueva tecnología. O potenciar cambios a la estructura misma del sistema televisivo mediante las nuevas técnicas. Porque la población, que se informa de forma mayoritaria por la televisión de libre recepción, no está satisfecha con el statu quo. Datos del ministerio de Telecomunicaciones arrojan que el 66,5 por ciento de la población ve solo la televisión abierta, proporción que llega al 93 por ciento en los hogares de menores ingresos. Y aquí surge la paradoja, la contradicción. Existe una creciente evaluación negativa respecto a la calidad de contenidos de la televisión, la que tiene un muy fuerte sesgo centralizador: está elaborada en Santiago y su programación está orientada principalmente a temáticas capitalinas. La televisión, reclaman en provincias, no contribuye en nada al proceso de regionalización y diversificación.
Una encuesta del 2007 del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reveló altos niveles de insatisfacción con los contenidos de la televisión abierta. El 47 por ciento de los entrevistados consideraban que los programas son malos, un 37 por ciento reclamaba por la falta de espacios culturales y un 21 por ciento se molestaba por el “lenguaje grosero”. Una encuesta que fue varias veces reforzada por otros similares sondeos de opinión. Incluso don Francisco se refirió la semana pasada al people meter on-line como la destrucción de la televisión chilena. Un sistema que sólo se basa en la audiencia y en sus posibilidades de lucro.
Pero lo más sorprendente surge de un estudio del 2008 realizado también por el CNTV. El tiempo de exposición a la televisión se ha reducido drásticamente durante los últimos cuatro años. De un promedio diario de tres horas registrado el 2005 se ha pasado a solo 50 minutos diarios el 2008. Los motivos argumentados es la baja calidad de sus contenidos, comenzando por el exceso de farándula: casi un 60 por ciento del público rechaza este tipo de programación.
La actual tecnología de televisión contribuye a esta homogeneidad programática, canalizada por muy pocas cadenas. La TVD permitiría superar estas restricciones. Además de la mejor calidad de imagen emitida en alta resolución, permite la emisión de múltiples programas simultáneos a través de un sola señal en calidad estándar, la que es, sin duda, superior a la actual analógica. Porque es ésta su mayor contribución al cambio del sistema televisivo: la posibilidad de estimular su diversidad, su pluralidad. A diferencia de la televisión analógica, que utiliza principalmente los canales del 2 al 13, la televisión digital se implementará entre los canales 21 y 51 en la banda UHF, lo que facultará disponer de una mayor cantidad de frecuencias para la prestación de este servicio. Esta condición técnica contribuirá a la diversidad en la televisión abierta, lo que favorecería el desarrollo de televisiones regionales, locales y comunales.
Un asunto de gran importancia en la nueva legislación tiene que ver con las concesiones televisivas. Hoy en día los canales son entidades integradas, es decir, tienen el derecho de transmitir una señal de televisión y el uso del ancho de banda sólo para ese propósito. Con la TVD eso cambiará. Podrán usar el ancho de banda para otro tipo de servicios. Como dice el proyecto, la TVD permite destinar el ancho de banda asignado en uso a las concesiones para la transmisión no sólo una señal televisiva sino que múltiples señales distintas; y también a la prestación adicional de otro tipo de servicios como televisión digital móvil, servicios de datos y otros, lo que otorgará flexibilidad en los modelos de negocios asociados a la transmisión televisiva, algo que en actualidad el marco regulador no permite. Los futuros concesionarios de una señal digital podrían optar por no emitir señales propias, sino que arrendarlas a terceros. Esta facultad, sumada a los otros posibles servicios de alta tecnología, de por sí modificarán no sólo la estructura del sistema televisivo, sino también su concepción como negocio. Numerosas posibilidades comerciales surgirán del cambio, así como el ingreso de nuevos operadores, modificación que no tiene demasiado entusiasmados a los actuales concesionarios bien consolidados en el negocio. Se trata de un sector con ingresos publicitarios por casi dos millones de dólares anuales. Un sector controlado por las grandes cadenas que hace hoy en día, bajo la actual norma, el ingreso de nuevos operadores. Sólo una nueva legislación permitirá abrir, en todos los sentidos, el sistema de televisión.
El Observatorio de Medios Fucatel expuso sus puntos de vista ante la Comisión de Ciencia de Tecnología de la Cámara. Hace un mes este organismo privado de estudios afirmó que el proyecto es una oportunidad única para “cambiar el escenario de la televisión abierta dado que abre un debate público en torno al tema para que la discusión no se transformara, como se temió en un momento, en un acuerdo a puertas cerradas con los actuales operadores de las señales”. Una impresión que, sin embargo, ha comenzado a tener sus matices con el transcurso de las semanas y los meses. Desde el envío del proyecto prácticamente no ha habido esta discusión pública. No hay ni columnas ni artículos en la prensa. La ciudadanía no sabe qué significa el cambio a la TVD, en tanto el debate avanza a puertas cerradas en la Cámara. La fruición televisiva que tiene la ciudadanía no se expresa en una participación activa sobre cómo quiere que sea su futura TV.
El cambio, la diversidad y el pluralismo al que debiera llevar la nueva tecnología, mencionado en el proyecto, no parece tener un referente igual en la propuesta normativa. Así lo ve Manuela Gumucio, directora de Fucatel. “La transición a la TV digital no resguarda con la suficiente fuerza y claridad el principio básico de que un bien escaso, cuya titularidad pertenece a todos los chilenos, como es el espacio radioeléctrico, debe ser administrado por el Estado de manera eficiente, lo que en materia de medios de comunicación se traduce en la necesidad de que se dé el espacio a la mayor cantidad de líneas editoriales posibles”.
La entrega del proyecto a la tutela del Ministerio de Transportes inunda de sospechas la concepción del nuevo marco regulatorio. Al estar bajo el alero de Transportes, hay una clara señal de un énfasis en los aspectos técnicos, tecnológicos y comerciales de la regulación –de hecho, el ministro del ramo, René Cortázar, ha afirmado que sólo se evaluarán los aspectos técnicos- pero se ha dejado de lado lo que respecta a los contenidos. La televisión, comentan otros especialistas en comunicaciones, es un bien de servicio público capaz de ejercer un enorme poder sobre el comportamiento ciudadano. Se trata de un servicio público muy singular, en el cual su satisfacción pasa por la existencia de la mayor cantidad de voces posibles que permita a la ciudadanía elegir en plena libertad. Es lo que se entiende por pluralismo editorial e informativo. Es por ello, han comentado, que junto con el Ministerio de Transportes debiera haber participado el ministerio Secretaría General de Gobierno, cartera política relacionada con las comunicaciones.
Bajo estos criterios, es bien posible que la televisión digital derive en un mero cambio tecnológico conducido por los grandes operadores actuales, que son los que tienen la solvencia técnica y financiera para optar y ganar las concesiones. En este escenario, temen los especialistas, se reproducirían y amplificarían las mismas voces actuales que circulan por la televisión chilena.
El pluralismo informativo, estima Gumucio, “estaría seriamente amenazado al ser ejercido por unos pocos que tienen el poder económico y que a través de los medios de su propiedad contribuyen a que predomine una cierta visión política, religiosa y valórica en el país”. Una tendencia que también afecta a la televisión pública. Televisión Nacional (TNV), pese a ser una empresa exitosa, no cumple su función de televisión pública al tener que autofinanciarse, lo que la obliga a competir de igual a igual y con los mismos criterios y programación, con la televisión privada con fines de lucro.
Por ello propone que el Estado regule los contenidos, en el sentido de ampliar la pluralidad de visiones. “Le compete al Estado el rol de salvaguardar que un bien público y escaso se use responsablemente. Siendo así es resorte del Estado explorar alternativas que entreguen las garantías suficientes, tanto a los operadores como a la ciudadanía, para exigir un proyecto programático por parte de los postulantes a una concesión, donde se plantee claramente qué quieren hacer con la señal y luego se les exija el cumplimiento de ese compromiso”.